La mayoría de las provincias estarán complicadas para emitir aumentos salariales a los estatales y hasta ahora, en el mejor de los casos, algunos gobernadores sólo pudieron ofrecer incrementos de no más del 15% para sus empleados.
El motivo de semejante atadura presupuestaria de las provincias tiene nombre y apellido: la ratificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal que impuso la Casa Rosada y que avalaron los gobernadores fijó que el gasto primario corriente no puede crecer más allá de la pauta de inflación definida en las estimaciones macrofiscales anuales, y que hoy marca un techo del 15,7%.
El jueves pasado los ministros de Finanzas y Hacienda de varias provincias pidieron a la Casa Rosada una «flexibilización» o cierta «excepción» de la ley de responsabilidad fiscal para atender los reclamos salariales. Fue un planteo que hicieron desde el Consejo Federal de Inversiones.
Pero la respuesta del Gobierno fue tajante: no habrá excepciones a la norma y todos aquellos mandatarios que se excedan de las metas fiscales pautadas tendrán un castigo previsto en la ley.
Así, la Nación no avalará la toma de endeudamiento en el exterior o en el interior. No sólo ello: desde la Casa Rosada están dispuestos a frenar el giro de fondos para obra pública o planes sociales a aquellas provincias desobedientes.
El Ministerio del Interior que conduce Rogelio Frigerio realiza un detallado seguimiento día por día del déficit fiscal de las provincias y de aquellos distritos en que están excedidos en sus gastos.
«Con la aprobación de la ley de responsabilidad fiscal se terminó el festival de fondos nacionales para pagar salarios. Ahora cada provincia deberá gastar lo que realmente puede gastar. Ni un peso de más», dijo a Infobae un encumbrado funcionario de la Casa Rosada que lleva de cerca las negociaciones con los gobernadores.
El presidente Mauricio Macri está empeñado en cumplir a rajatabla la ley sancionada en diciembre que impone reglas estrictas de control del gasto, y forma parte del amplio Acuerdo de Consenso Fiscal que el Gobierno selló en noviembre pasado con todos los mandatarios, menos el de San Luis.
«Las pautas del macrismo condicionan las paritarias», se quejó el ministro de Gobierno de Tucumán Regino Amado. Es la voz que impera en buena parte de las provincias que se han excedido en sus gastos presupuestarios y ya no tienen margen para dar más aumentos a los estatales.
Según el relevamiento que hizo la Casa Rosada y al que accedió Infobae, en el debate de paritarias se presentará el siguiente mapa salarial de acuerdo con los margenes de gasto de la ley:
1. Los más holgados. Hay provincias que tendrán un incremento más alto que el resto porque sus cuentas están medianamente en orden. Pero tampoco podrán excederse en el 15% del aumento salarial.
Así, la Ciudad de Buenos Aires fijó un aumento del 12% para los estatales con una cláusula gatillo que se podrá ajustar levemente a mitad de año. En Mendoza se dio un aumento a administrativos y empleados de la salud de 15% escalonado. Misiones otorgó un aumento de apenas el 10% para los estatales y la provincia de Buenos Aires del 15%.
En tanto, Jujuy y Chaco lograron cerrar acuerdos salariales de entre un 10 y un 15% para los estatales. Río Negro logró un aumento del 6% para sus empleados.
2. Los más ajustados. En la segunda lista de provincias se encuentran aquellos gobernadores que están muy comprometidos en sus cuentas por los gastos que ya hicieron y en muchos casos la «paritaria cero» será la que regirá para los estatales.
De esta manera, las provincias de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Catamarca y Salta, entre otras, estarán vedados de otorgar aumentos salariales a los estatales.
A todo este mapa se le deberá añadir el debate por los aumentos a los docentes que también presentan diferentes niveles de conflictividad en diversas provincias y ponen en peligro el inicio de clases.
«En adelante los gobernadores focalizarán sus partidas presupuestarias para equilibrar el nivel de gastos corrientes y aquellos gastos destinados a la obra pública y los programas sociales», dijo un funcionario del Ministerio del Interior.
Desde la Casa Rosada reiteraron que no habrá excepciones a la ley.
Se perfila de esta manera un clima de conflictividad social ya que los gremios de estatales como ATE o UPCN ya alertaron en diferentes provincias que no se quedarán de brazos cruzados. Prometen salir a las calles y pelear por incrementos que en la ley no están previstos.
