El massismo presentará un proyecto para suspender los embargos y ejecuciones de la AFIP

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El massismo presentará en el Congreso, en la legislatura bonaerense y en los 10 municipios que gobierna un proyecto de ley para suspender por 180 días los embargos y ejecuciones por cuestiones fiscales a comerciantes, monotributistas y pequeñas empresas.

«La idea es parar con los embargos de cuentas bancarias y juicios a quienes desarrollan actividad comercial en medio de semejante parate en la actividad porque sino el Estado sigue apretando mientras la gente que labura se sigue achicando», señalaron desde el Frente Renovador a Infobae.

En la provincia de Buenos Aires, la iniciativa fue presentada por los diputados Ricardo Lissalde y Valeria Arata, mientras que en el Congreso lo harán Graciela Camaño y Marco Lavagna.  En tanto, los 10 intendentes del Frente Renovador firmarán un decreto para declarar la «emergencia fiscal PyME».

Entre los argumentos del proyecto que ingresará a Diputados, se establece que en virtud de esta ley, «las PyMEs pueden pagar el IVA a 90 días, en lugar de los 30 días actuales. Además, se eliminan para las PyMEs el impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, y permite una mayor compensación del Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios».

En particular, el beneficio del proyecto implica que la AFIP suspenderá por el plazo de 180 días corridos la iniciación de los juicios de ejecución fiscal para el cobro de las obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras.

En el texto que se presentará en Buenos Aires, se señaló que «la población de nuestro país, y de nuestra provincia en particular, ha estado expuesta en los últimos meses a fuertes aumentos de variables claves de la economía, que han impactado en forma diferencial en los contribuyentes de impuestos, dejándolos en algunos casos en la insolvencia o al borde de ella».

Y se destacó que «la prosecución de las ejecuciones judiciales puede implicar la insolvencia de empresas y familias que, en circunstancias normales, podrían recuperar su capacidad de pago y hacer frente a las deudas, en la medida que tengan oportunidad para ello. La suspensión de ejecuciones tributarias que estamos proponiendo implica hacer un impasse para poder evaluar cada tipo de situación, antes de tomar medidas que lleven a un camino no deseado sin retorno».

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