El papa Francisco clausuró esta tarde la Cumbre Panamericana de Jueces sobre Derechos Sociales y doctrina franciscana, organizado por la Pontificia Academia de Las Ciencias, que contó con la participación de jueces, defensores y asesores de las tres Américas, expertos en situaciones de derechos sociales, económicos y culturales.
En el encuentro se abordaron una amplia temática que incluyó los derechos sobre la tierra, techo, medio ambiente, trabajo, migrantes, democracia, salud, educación, comunicación social y doctrina social.
También se planteó cómo cuestionar las restricciones presupuestarias y los controles exógenos de índole bancaria o financiera con base en la deuda externa de los países y como superar las presiones políticas y confluir en un movimiento mundial de defensa irrestricta de derechos sociales.
En su discurso el Santo Padre los alentó a continuar con su misión, “noble y pesada, la cual les pide consagrarse al servicio de la justicia y del bien común con el llamado constante a que los derechos de las personas y especialmente de los más vulnerables sean respetados y garantizados.
“De esta manera ustedes ayudan a que los Estados no renuncien a su más excelsa y primaria función: hacerse cargo del bien común de su pueblo”.
Celebrando esta iniciativa de reunirse, así como la realizada el año pasado en la Ciudad de Buenos Aires, el pontífice subrayó “la importancia y la necesidad de encontrarse y dialogar para poder afrontar los problemas de fondo que sus diversas sociedades están atravesando”.
“Nos toca vivir una etapa histórica de cambios en donde se pone en juego el alma de nuestros pueblos. Un tiempo de crisis -de peligros y oportunidades- en la que se verifica una paradoja: por un lado, un fenomenal desarrollo normativo, por otro un deterioro en el goce efectivo de los derechos consagrados globalmente”, señaló Francisco y manifestó su preocupación “ante las voces que se levantan, especialmente de algunos ‘doctrinarios’, que tratan de explicar que los Derechos sociales son ‘viejos’, están pasados de moda y no tienen nada que aportar a nuestras sociedades”.
“La injusticia y la falta de oportunidades tangibles y concretas detrás de tanto análisis incapaz de ponerse en los pies del otro -y no digo zapatos, porque en muchos casos esas personas no tienen-, es también una forma de generar violencia: silenciosa, pero violencia al fin”, afirmó el Sucesor de Pedro, haciendo hincapié en el enorme contraste que existe “en las ciudades que se muestran bellas y modernas pero donde se niega el techo a miles de vecinos y hermanos nuestros, incluso niños, y se los llama, elegantemente, personas en situación de calle”.
Injusticia social naturalizada
Poniendo en guardia sobre los peligros de naturalizar la injusticia social, convirtiéndola por tanto en “invisible” y a la vez en uno de los grandes obstáculos que debilita el sistema democrático; el Papa recordó que para que un sistema político-económico se desarrolle sanamente, necesita garantizar que la democracia no sea sólo nominal, sino que pueda verse plasmada en acciones concretas que velen por la dignidad de todos sus habitantes bajo la lógica del bien común, en un llamado a la solidaridad y una opción preferencial por los pobres.
“En un mundo de virtualidades, cambios y fragmentación, los derechos sociales no pueden ser solamente exhortativos o apelativos nominales, sino que han de ser faro y brújula para el camino porque “la salud de las instituciones de una sociedad tiene consecuencias en el ambiente y en la calidad de vida humana”, argumentó el Santo Padre, pidiendo a los jueces que delante del conflicto “no caigan prisioneros del mismo ni pierdan horizontes, sino que miren de frente el conflicto, sufriéndolo, resolviéndolo y transformándolo en el eslabón de un nuevo proceso.
Vacíos legales: generadores de corrupción
En cuanto al tema de los vacíos legales, tanto de una legislación adecuada como de la accesibilidad y el cumplimiento de la misma, el Pontífice afirmó que estos ponen en marcha círculos viciosos “que privan a las personas y a las familias de las necesarias garantías para su desarrollo y bienestar. Estos vacíos son generadores de corrupción que encuentran en el pobre y en el ambiente los primeros y principales afectados”.
Lawfare: guerra jurídica
Aprovechando esta oportunidad de reunión con los jueces panamericanos, el Santo Padre manifestó su preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales, conocido como “lawfare”, en español “guerra jurídica”; el cual además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los Derechos sociales.
Honestidad puesta en duda
“Para garantizar la calidad institucional de los Estados es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas”, dijo Francisco advirtiéndoles que debido a tal fenómeno, “en muchos casos la defensa o priorización de los Derechos sociales sobre otros tipos de intereses, los llevará a enfrentarse no sólo con un sistema injusto sino también con un poderoso sistema comunicacional del poder, que distorsionará frecuentemente el alcance de sus decisiones, pondrá en duda su honestidad y también su probidad”.
“¡Cuántas veces los jueces y juezas se enfrentan en soledad a las murallas de la difamación y del oprobio!”, exclamó el Pontífice asegurando que ciertamente se requiere de una gran entereza para poder sobrellevarlas. «Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos», concluyó el Papa.
Declaración de Roma
Al concluir el Encuentro los participantes firmaron un documento de compromiso y conformaron un comité permanente panamericano para la participación de la Justicia en la tutela de los denominados derechos sociales. El comité está conformado por siete miembros que estarán en su cargo durante dos años.
“Los abajo firmantes, participantes de la primera Cumbre Panamericana de Juezas y Jueces sobre derechos sociales y doctrina franciscana, declaramos:
Nos asiste una profunda preocupación por el deterioro de los sistemas normativos nacionales e internacionales y en particular por la degradación en el ejercicio universal de los derechos económicos, sociales y culturales
Observamos un pronunciado proceso mundial de dualización social que conlleva a justicia estructural y violencia; minorías cada vez más pequeñas concentran en forma inédita la riqueza del plante, disminuyendo el bienestar y la dignidad de millones de seres humanos
En forma paralela advertimos que el actual sistema económico mundial poco y nada hace, para preservar el equilibrio ambiental, coadyuvando en esta forma a una degradación integral de la existencia humana.
La palabra y el ejemplo de Francisco nos interpelan sustantivamente y promueven independiente de nuestra creencia religiosa personal, replanteos y abordajes críticos de nuestra visión judicial.
La actual situación de la humanidad exige de quien tenemos la enorme responsabilidad de controlar judicialmente el cumplimento de los derechos humanos una postura firme y valiente que limite en la práctica el avance de las prácticas destructivas y degradantes del hombre y del plantel.
Consideramos que los Estados, asuman la operatividad incondicional de los derechos económicos, sociales y culturales y a los fines de su estricto cumplimiento, modifiquen su política presupuestaria logrando ecuaciones más equitativas y justas.
Hacemos un llamado a todos los países para que alcancen los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que son compromisos específicos y con plazo de nuestra generación, para cumplir con la declaración universal de los derechos humanos y los acuerdos relaciones con los derechos humanos.
Hacemos un llamado a todos los países para que tomen medidas decisivas para cumplir los objetivos del acuerdo climático de París, que son vitales para la supervivencia y el bienestar humano, especialmente para los pobres y las generaciones venideras.
Entendemos que no hay posibilidad de vivir en paz y democracia en procesos políticos y sociales en los que se profundicen el descarte de las personas y la destrucción del medio ambiente.
Alertamos sobre el uso que en la actualidad se hace de una parte del poder judicial para modificar escenarios políticos y económicos, desnaturalizando las funciones judiciales y destruyendo la democracia con el costo que eso implica para el desarrollo de los derechos humanos.
Resaltamos que los sistemas de comunicación concentrados cuando actúan para presionar a los poderes públicos pierden su esencia y hacen peligrar la institucionalidad al sustituir los poderes públicos mediante operaciones mediáticas de dudosa legitimidad.
En este contexto de crisis planetaria, hacemos un llamado los colegas jueces de las Américas para asumir el rol que el ahora nos exige, coordinando esfuerzos, diseñando estrategias y ratificando de forma cotidiana nuestro compromiso con la dignidad humana y la paz global, como también para la revalidación de los derechos humanos en todas las dimensiones.
AICA
