Son obras públicas que no se ven fácilmente. No parecen ser redituables en términos electorales. Pero sin dudas modificarán la vida de millones de argentinos si se tiene en cuenta un dato aterrador y concreto: el 83% de los desechos cloacales de todo el país va a parar a ríos, lagos o al mar y sólo un 17% se envía a plantas de tratamiento.
Según datos oficiales de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica que depende del Ministerio del Interior, hoy la Argentina tiene un tratamiento del 17% de los líquidos cloacales. Es una cifra muy baja comparando a nivel mundial.
En Chile, por ejemplo, las aguas cloacales tienen más del 96% de tratamiento en plantas purificadoras. Así, un informe oficial al que accedió Infobae reveló que «hay zonas y cuencas que están muy contaminadas por los desechos cloacales y además del Riachuelo hay problemas serios en el lago Carlos Paz, en el Nahuel Huapi o en el embalse de Río Hondo».
De esta manera, la alarmante radiografía de los desechos cloacales de la Argentina muestra que hay ciudades importantes y capitales de provincias que tienen cloacas pero no plantas de tratamiento por lo que los líquidos van directo a ríos y cuerpos de agua cercanos. El resultado de todo ello es un importante nivel de contaminación en ríos y lagos del país.
Ante esta dura realidad que no se ve muy palpable para el común de los argentinos, el gobierno encaró el «Plan del Agua» donde el Ministerio del Interior dispuso un programa récord en la historia de 50 plantas de tratamiento. Muchas de estas obras está en ejecución, en licitación y algunas ya están terminadas.
Se estima que todo esto va a permitir duplicar el tratamiento de aguas y sumar 10 millones de personas más con tratamiento a fin del 2019.
La intención del gobierno es a largo plazo. Se estima que las 50 plantas de tratamiento cloacales distribuidas en todo el país estarán finalizadas en el 2021. Estas obras contemplan 10 millones de beneficiarios directos, lo que implica duplicar la capacidad de tratamiento de líquidos en toda la Argentina.
Es un proyecto a largo plazo que está avanzando. La cobertura cloacal urbana a nivel país a diciembre del 2017 era de 60%, con un nivel de tratamiento estimado en un 20 o 22%.
Hacía el 2019 el gobierno estará en el pico de actividad y las obras que no estén terminadas estarían en ejecución. Pero se buscará enfocar los problemas serios de contaminación por efluentes cloacales que hoy existen en: el Río Salí en Tucumán, Reconquista y Riachuelo en AMBA, Lago Nahuel Huapi en Bariloche o el Suquía en Córdoba.
En todos estos lugares se está trabajando con plantas de tratamiento en ejecución excepto en Tucumán donde ya se licitaron obras y se está por adjudicar la planta de tratamiento de Concepción que es la segunda ciudad de Tucumán.
En el gran Buenos Aires la empresa AySA está realizando la obra Sistema Riachuelo que es la más grande de agua que financia el Banco Mundial en el mundo y va a beneficiar a más de 4.5 millones de argentinos.
En comparación con países vecinos, Chile logró con el presidente Eduardo Frei alcanzar más del 95% de cloacas y de tratamiento de aguas. Uruguay tiene 75% de cloacas y más del 50% de plantas de tratamiento.
Según señaló un informe de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, el reparto de la obra pública de plantas de tratamiento de desechos cloacales apunta a un abanico amplio de provincias que están manejadas por gobernadores del PJ o por referentes de Cambiemos.
De esta manera, por ejemplo, en Tucumán, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Formosa, Neuquén, San Juan o Córdoba, que son provincias manejadas por gobernadores peronistas se están ejecutando obras de plantas cloacales o hay licitaciones ya abiertas para empezar las obras.
«Estamos trabajando en un proyecto sin diferenciar los colores políticos de cada provincia. Se trata de obras a largo plazo y con una decisión política innovadora», explicó a Infobae Pablo Bereciartua, Secretario de Infraestructura y Política Hídrica.
De esta manera, con esta inversión histórica que implica la construcción de más de 50 plantas de depuradoras en todo el país se duplicará la capacidad de tratamiento de 9 millones de personas a aproximadamente 20 millones de personas, con todo el beneficio social que esto representa en salud pública, menos contaminación y cuidado del ambiente y reducción de la pobreza.
«Desde el gobierno nacional estamos trabajando en vincular el desarrollo de infraestructura con el ambiente, que es uno de los ejes principales para el desarrollo sostenible y el crecimiento de las economías en el siglo XXI», añadió Bereciartua.
Los proyectos de estas obras se financian con fondos de la Nación en un 70% y un 30% restante viene de las provincias. Pero también están incluidos en esos fondos los créditos avalados por el BID, el Banco Mundial o el Banco de Desarrollo.
