Las autoridades turcas han enviado a prisión preventiva en los últimos seis meses a más de 1.600 personas por supuestamente apoyar a organizaciones terroristas o insultar a funcionarios en las redes sociales, informó el sábado el Ministerio de Interior turco.
Formalmente, a estos detenidos se les acusa de haber expresado en las redes sociales «provocaciones, odio, alabanzas a organizaciones terroristas, difamaciones al Estado u opiniones contrarias a la indivisibilidad del territorio nacional o la seguridad de la sociedad», entre otros delitos, enumera un comunicado accesible en la web del Ministerio.
«En los últimos seis meses, 3.710 personas han pasado a control judicial, de las que 1.656 han sido enviadas a prisión preventiva, mientras que otras 1.203 han quedado en libertad condicional, 84 están aún en detención provisional y 767 han sido liberadas sin cargos», detalla la nota.
Los órganos policiales han trasladado a la Fiscalía los casos de otras 10.000 personas, cuya identidad han podido comprobar y que están siendo investigadas ahora, agrega el comunicado.
Las autoridades han elevado, además, su cooperación con numerosas instituciones y proveedores de servicios internacionales para mejorar la lucha contra el terrorismo, añade la nota, que cita específicamente Twitter, Facebook y YouTube.
Aunque en los últimos años ya hubo varios juicios por opiniones expresadas en Twitter, se ha observado un neto aumento de las detenciones después de los dos atentados suicidas de las últimas dos semanas, reivindicados por el grupúsculo radical Halcones de la Libertad de Kurdistán (TAK).
Algunas personas habían expresado en las redes sociales su falta de tristeza o incluso su alegría por la muerte de policías y soldados turcos en estos ataques, desencadenando oleadas de protesta por parte de otros usuarios, así como titulares de denuncia en la prensa e investigaciones policiales.
En julio, un intento de golpe de estado amenazó al gobierno de Recep Tayyip Erdogan, pero después de algunas horas, fue frustrado por las fuerzas del oficialismo.
Desde entonces, Turquía ha aplicado mano dura a la disidencia miles han sido detenidos por tener presuntos vínculos con grupos considerados ilegales. Las autoridades también con frecuencia restringen el acceso a las redes sociales para evitar la propagación de material que según el gobierno perjudicaría a la seguridad pública.
