Luego de que el Senado autorizara los allanamientos a las propiedades de Cristina Kirchner que pidió el juez Claudio Bonadio en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas K, se aprobó esta madrugada el proyecto de extinción de dominio para recuperar los bienes de la corrupción.
El texto que se aprobó fue el dictamen del PJ que contó con el acompañamiento del kirchnerismo y que volverá a pasar por Diputados. El proyecto obtuvo 40 votos afirmativos contra 26 negativos, es decir que no se consiguieron los dos tercios. Este detalle es importante porque, en estas condiciones, la Cámara baja podría ratificar su propuesta original sin necesidad de alcanzar una mayoría especial.
Cambiemos, el bloque Justicialista y el Frente para la Victoria tuvieron visiones diferentes sobre el contenido y los alcances de la extinción de dominio. Esto llevó a que en la comisión de Justicia y Asuntos Penales los senadores de esos tres espacios presentaran dictámenes diferentes. El que más firmas obtuvo fue el del PJ, que fue el que finalmente se aprobó.
La iniciativa avalada por el Senado sostiene que la extinción de dominio debe ejecutarse en el fuero penal una vez que exista una sentencia de primera instancia, mientras que el dictamen de Cambiemos le otorgaba al fuero civil la potestad de dictar la medida y de hacerlo antes de que haya condena.
El kirchnerismo, en palabras del senador por Neuquén, Marcelo Fuentes, terminó apoyando el proyecto del PJ al considerarlo «el menos malo». Este dictamen reivindica la figura del «decomiso anticipado» para que los imputados en una causa no puedan disponer de los bienes mientras continúa el proceso.
El senador por Entre Ríos Pedro Guastavino (PJ) fue uno de los miembros informantes de uno de los tres dictámenes sobre extinción de dominio que debatió el Senado. Sostuvo: «Nuestros juristas más destacados calificaron el proyecto, que algunos medios siguen pidiendo que aprobemos, como un adefesio y mamarracho de dudosa constitucionalidad».
El senador por Salta Rodolfo Urtubey compartió su tiempo de exposición con Guastavino. Manifestó: «Esto es una acción civil. Son los jueces los que tienen que determinar la interpretación de la naturaleza de la acción civil: si puede o no aplicarse en un proceso en trámite».
Y destacó: «Los hombres de la política también sabemos que tenemos que hacer buenas normas y que satisfagan la inquietud de la sociedad». Reconoció que «hoy estamos abordando este proyecto en un momento donde se reproduce esta situación de emergencia y quizás no tenemos el tiempo para darnos cuenta de que no tenemos que caer en la tentación del derecho penal de emergencia. Estoy convencido de que el proyecto que estamos defendiendo en este caso permite enfrentar este fenómeno de la delincuencia organizada, en cualquiera de sus variantes, de una manera eficiente, aplicable, práctica, clara y que yo creo que también satisface las necesidades de la sociedad».
Por otra parte, Federico Pinedo (Cambiemos), expresó: «Lamentablemente en lugar de estar tratando un proyecto de consenso estamos tratando proyectos contradictorios». Y anunció: «No podemos acompañar con nuestro voto el dictamen de la mayoría, establece un sistema que según nuestro criterio no funciona para los objetivos que tiene que tener este procedimiento». «El proceso tiene que ser rápido, expeditivo y tiene que aplicarse a delitos que se cometieron en el pasado y a los que se cometan en el futuro», remarcó.
En tanto, el senador por San Luis Claudio Poggi (Cambiemos) manifestó que el dictamen del PJ «no resuelve el problema». «No tiene la celeridad necesaria, 14 años es la media para la condena penal. ¿Qué bienes van a existir dentro de 14 años?¿Cómo vamos a impedir que esos bienes y dinero sigan financiando esas actividades ilícitas si no procedemos antes?», planteó.
Por su parte, Magdalena Odarda (Alianza Frente Progresista) anunció que acompañará el dictamen «compartiendo los argumentos manifestados». «Siempre hemos estado en contra de la corrupción y de la impunidad; vamos a apoyar el proyecto siempre que se respete el Estado de derecho y las garantías constitucionales. Cuando hablamos de corrupción hablamos de corrupción en todos, no antes ni ahora. Es un concepto que debe abarcar a todos aquellos que manejan dineros públicos y lo hacen en beneficio propio», abundó.
Pasadas las 23 tomó la palabra Silvia Elías de Pérez (Cambiemos), quien comenzó: «La corrupción ha cruzado de manera desmedida a la sociedad y ha hecho que vengan anoche a rodear el Congreso miles de personas a pedirnos que tratemos este tema». Luego consideró que el proyecto del PJ «es inadmisible». «Las causas de corrupción terminan prescribiendo, llevan 10 años, no se llega a veces a los juicios orales», argumentó.
En el cierre, Miguel Ángel Pichetto criticó con dureza el proyecto que aprobó Diputados. «Era una ligereza y una gran irresponsabilidad votar esto como venía», opinó. «Si Diputados quiere votar eso que lo vote, los funcionarios de este gobierno van a tener que pagar», agregó.
En esa línea, el jefe de los senadores peronistas advirtió: «Mañana van a tener que responder ustedes. Todo vuelve. Todo circula. Inevitablemente lo que hagas hoy también lo vas a pagar. Las normas que regules ahora, te las van a aplicar en un país destructivo donde siempre lo que viene es peor».
«Tenemos que tener una ley que sea buena, que sea precisa, que garantice el debido proceso y funcione en correlato con el proceso penal», completó.
