Unos 15.000 millones de pesos es la deuda que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), a través del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), mantiene con las obras sociales sindicales. Los principales gremios ya presionan al gobierno de Alberto Fernández para cobrar parte de ese dinero, imprescindible para el normal funcionamiento del sistema de salud a cargo del sindicalismo. El sistema está desfinanciado, en desequilibrio, advierten los dirigentes gremiales. Y sobreviven a cuesta de “patear hacia adelante” el pago a los proveedores y con fuertes aportes desde la recaudación sindical.
El origen de la multimillonaria deuda son los reintegros por tratamientos de alta complejidad, cuyas prestaciones ya fueron pagadas por las obras sociales, aunque éstas no recibieron la devolución del dinero que proviene del Fondo Solidario de Redistribución (que se nutre de aportes de trabajadores y de contribuciones patronales) y que es administrado por la Superintendencia de Servicios de Salud.
El FSR no compensa cualquier cobertura que realicen las obras sociales a sus afiliados. Sí cubre, por ejemplo, tratamientos médicos de alta complejidad como trasplantes y medicamentos. También diálisis, hemodinamia, enfermedades como cáncer, hemofilia, atrofia muscular espinal, discapacidad y todo lo que involucre a las nuevas tecnologías de alto costo. Como se ve, para casos graves, extremos.
El ministro de Salud, Ginés González García, ya recibió el pedido formal de Armando Cavalieri, el titular del sindicato de los empleados de comercio, que tienen en OSECAC a la obra social sindical con mayor cantidad de afiliados.
El reclamo tiene un fundamento de peso: el Fondo Solidario de Redistribución le adeuda a OSECAC, según le informaron a González García y con documentación en mano, 3.500 millones de pesos en concepto de prestaciones ya realizadas.
En el encuentro, el líder sindical le informó al ministro que la Superintendencia le adeuda fondos desde el año 2017 y que han sido presentadas y aprobadas por Sistema Único de Reintegro (SUR).
Según le explicaron a Infobae varios “Gordos” de la CGT, casi todas las obras sociales sindicales han sido perjudicadas porque los distintos gobiernos inmovilizan ese fondo quizás para mantener alineados políticamente a los sindicalistas a cambio de la promesa de liberar los fondos. Sin ir más lejos, durante el kirchnerismo la deuda con las obras sociales llegó a la friolera de unos 30 mil millones de pesos.
Después de una larga negociación con los gremios, el gobierno de Mauricio Macri anunció con bombos y platillos que esa suma sería devuelta a los gremios en una especie de “reparación histórica” a las obras sociales. Sin embargo, de manera contante y sonante, poco ingresó de manera efectiva a las arcas sindicales. Aunque, es verdad, al menos el dinero no se perdió.
A través del decreto 908/16, Macri dispuso “la afectación, por única vez, de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución, $ 8.000.000.000, con destino a la financiación de la estrategia de la Cobertura Universal de Salud (CUS)». Las obras realizadas con ese dinero no fueron firmadas por la CGT, que tenía un integrante en el comité de seguimiento de afectación de esos fondos.
Otros $4.500.000.000 tuvieron como destino la conformación del Fondo de Emergencia y Asistencia, y otros $14.267.913.875 -un monto similar a la deuda actual- fueron utilizados para la compra de Bonos de la Nación Argentina en pesos 2020. Hasta hoy, esos papeles generan intereses que, según explicaron ex funcionarios a Infobae, permitieron que se abonara una parte de la deuda. Según los sindicalistas consultados por Infobae, sólo un bajo porcentaje de esos intereses fueron aplicados a las obras sociales.
Para que se comprenda la gravedad de la situación, el Fondo Solidario de Redistribución es alimentado con el aporte de todos los trabajadores en relación de dependencia y de las contribuciones patronales. Es decir que el dinero no sale de las arcas del Estado.
Como la masa salarial no es constante, sino que varía mes a mes, el ingreso de dinero tampoco lo es.
Pero para tener una aproximación, en los últimos tiempos al Fondo ingresaron entre 3.200 y 3.800 millones de pesos mensuales.
Si el Ministerio de Salud, a través de la Superintendencia, pagara regularmente lo que le corresponde por ley a cada obra social, el dinero igual no alcanzaría ya que la erogación es mayor a lo que ingresa.
Un ejemplo puede servir para comprender la situación: por las 13 prestaciones nomencladas por discapacidad, el Fondo destina a las obras sociales cerca de $1.300 millones, es decir casi la mitad.
El médico Luis Scervino, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud y vinculado con el sindicalista de Obras Sanitarias José Luis Lingeri, le explicó a Infobae que “las obras sociales ocupan un lugar central en el sistema de salud de la Argentina”, ya que, junto con las obras sociales nacionales y provinciales, el PAMI y otras, junto al millón de afiliados de las prepagas, representan el 70% de la población que tiene algún tipo de cobertura; el resto se atiende en el sector público».
“La crisis no sólo es financiera por la dilación en el pago por parte del Fondo de Redistribución, sino principalmente económica: lo que se recauda no alcanza justamente por los aportes insuficientes de los dos millones de monotributistas, el de los 350 mil jubilados que se atienden en las obras sociales y el elevado precio de las nuevas tecnologías».
Las obras sociales se financian principalmente con los aportes de los trabajadores y empleadores. Cada trabajador en relación de dependencia aporta automáticamente un 3% de su sueldo para financiar su obra social y su empleador aporta otro 5 por ciento.
De ese total, entre un 80% y un 85% (dependiendo de los ingresos del trabajador) se destina a la obra social para la prestación del servicio y el restante 15% o 20% va al Fondo Solidario de Redistribución. Es este el dinero que no se les da a las obras sociales cuando reclaman sus deudas.
Así como a OSECAC se le deben 3.500 millones de pesos, a Construir Salud (UOCRA) se le adeudan 250 millones; a OSUTHGRA (Gastronómicos) 150 millones; a Unión Personal (UPCN) 500 millones, y a Utedyc, 250 millones. A la Obra Social de Servicios Sociales Bancarios (del sindicato bancario), la Superintendencia le debe $100.609.550 por legajos por recupero presentados, pero aún no analizados; $42.419.090, ya analizados y pendientes de cobro, y otros $4.659.636 por discapacidad.
La demora por parte de las autoridades de la Superintendencia en analizar los expedientes es, a juicio de los sindicalistas, otra manera de retrasar «de manera injustificada” los pagos. Hay carpetas médicas por prestaciones o entrega de medicamentos ya realizadas de hace más de dos años.
Los gobiernos -no importa el signo político- suelen girar de manera discrecional parte de esta deuda, según la afinidad partidaria o presuntos acuerdos con determinados sindicatos o secretarios generales.
Por ejemplo, algunos líderes gremiales recuerdan que eso sucedía, por ejemplo, con Camioneros, cuyo referente es Hugo Moyano, cuando Néstor Kirchner era el presidente de la Nación. Y que lo mismo habría ocurrido con la obra social del gremio de trabajadores rurales (UATRE) durante el anterior gobierno ya que su titular, el fallecido Gerónimo “Momo” Venegas, estaba alineado con Macri.
Líderes sindicales de relevancia describen advierten que, al menos de hace años a esta parte, no es cierto que los fondos que se les debe girar a las obras sociales son “la gran caja” de los gremialistas ya que deben cubrir el desfinanciamiento del sistema con dinero de la propia recaudación gremial.
Un hombre del ministro en la SSS
Cuando ya estaba todo acordado con la CGT para que David Aruachan fuera designado titular de la estratégica Superintendencia de Servicios de Salud, con lo que el sindicalismo hubiera tenido un control directo sobre los fondos que ingresan y lo adeudado, el ministro Ginés González García sorprendió nombrando allí a un hombre de su propia tropa: Eugenio Zanarini, vicerrector de la Universidad Isalud -fundada por el propio González García- y ex interventor en la Administración de Programas Especiales (APE), el organismo disuelto en 2012 que se encargaba de repartir los fondos para cubrir los tratamientos de alta complejidad.
Como premio consuelo, y señal hacia el poder sindical, Aruachan, de mucha experiencia y presidente del grupo Unión Personal-Accord Salud, de UPCN, finalmente fue designado como gerente general del organismo.
El propio cotitular de la CGT, Héctor Daer (Sanidad), le había trasmitido al ministro de Salud el consenso logrado en el mundo sindical alrededor de la joven figura de Aruachan. Es más, Ginés González García pareció apoyar el candidato preferido del gremialismo, pero nunca les advirtió que su plan era otro.
Pero para comprender de qué estamos hablando acerca de la millonaria deuda con las obras sociales, hay que explicar mejor qué es el Fondo Solidario de Redistribución.
La razón esencial del “reintegro” del dinero erogado por las obras sociales por tratamientos complejos y costosos -a través del Sistema Único de Reembolsos (SUR)- es para evitar la quiebra de las obras sociales, ya que les sería imposible afrontar esos altos costos.
Por ley, también subsidia a las obras sociales con menor cantidad de afiliados para que puedan cumplir con el Programa Médico Obligatorio (PMO) que establece el Ministerio de Salud de la Nación.
Desequilibrio financiero
Scervino, uno de los máximos entendidos en seguridad social del país, explicó que parte del desfinanciamiento del sistema fue por la inclusión de los monotributistas y jubilados en las obras sociales sindicales, ya que sus aportes son mucho menores a los de los trabajadores en relación de dependencia y la calidad de las prestaciones y atenciones debe ser la misma.
Ese punto coincide con el reclamo que Cavalieri le realizó al ministro de Salud, cuando le pidió incorporar en la emergencia sanitaria el Plan Médico Obligatorio de Emergencia para que funcione “como techo de las prestaciones obligatorias” y no como “piso”, tal como lo interpretó en una acordada la Corte Suprema de Justicia, lo cual genera cientos de recursos de amparos mensuales para que las obras sociales cubran tratamientos muy costosos.
Para los especialistas en el sistema de salud, ésta es una manera elegante para que el Estado no se haga cargo de estas situaciones extremas.
Por esa razón, Cavalieri también solicitó la suspensión de todas las medidas cautelares y amparos «que no conlleven riesgo de vida o agravamiento de enfermedades para los beneficiarios” y, además, aplicar el aumento del valor de la obra social dentro del monotributo y su adecuación cada tres meses, como así también llevar a “valores reales” el aporte de la ANSES y PAMI que realizan por los jubilados que se encuentran en las obras sociales, llevándolo «como mínimo, al valor promedio que recibe el PAMI por cada jubilado”.
Todo ese complejo cuadro explica por qué el sistema solidario de salud está en crisis: debería encararse la readecuación de un andamiaje pensado para ayudar a los trabajadores de menores ingresos y atender los reclamos gremiales para que ingresen a sus obras sociales los millones de pesos que les corresponden, gran parte de los cuales están “pisados” por parte de los funcionarios desde hace más de dos años.
A esto habría que agregarle que el costo de los medicamentos aumentó tres veces más de lo que lo hicieron los salarios en todo 2019, mientras que los insumos y la aparatología, en constante avance, se compran en dólares cuando los aportes que se reciben son en pesos, y las prestaciones de alta complejidad se continúan realizando desde las obras sociales aunque la Superintendencia de Servicios de Salud mantiene las deudas en valor nominal y sin adecuación inflacionaria ni intereses.
