Ningún dirigente sindical lo dirá en público, pero en privado se confiesan desencantados. La cosecha de cargos para el gremialismo en el flamante gobierno peronista ha sido bastante magra. Demasiado para la expectativa que había en el sector luego de que Alberto Fernández, en su visita a la CGT del 8 de noviembre pasado, prometió en medio de fuertes aplausos: “El movimiento obrero va a ser parte del Gobierno”.
Por lo obtenido hasta ahora, al menos, el movimiento obrero logró apenas algunas partecitas del Gobierno. La más resonante, en términos de importancia económica para el poder sindical, es la designación de un candidato propuesto por la CGT para la decisiva Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que maneja los multimillonarios fondos de las obras sociales: se trata de David Aruachán, un médico cirujano vascular de 50 años, que viene de presidir la obra social y la prepaga de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), dirigido por el independiente Andrés Rodríguez.
El nuevo hombre fuerte del sistema de obras sociales ya había trabajado allí cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri, en 2015, y designó al frente de la Superintendencia a otro médico y experto sanitarista sugerido por la CGT, Luis Scervino, que llevó a Aruachán como coordinador del organismo porque ya lo conocía por su trabajo como gerente general en el Instituto de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social, ente financiado por la central obrera.
Luego, Aruachán fue designado por el entonces ministro de Salud, Jorge Lemus, como secretario de Operaciones y Estrategias de Atención de la Salud de esa cartera, cargo que mantuvo cuando aquel fue reemplazado por Adolfo Rubinstein. De allí saltó a presidir la obra social de UPCN.
Al flamante titular de la SSS le espera un arduo trabajo, ya que deberá resolver una deuda de 14.000 millones de pesos que el organismo mantiene con las obras sociales sindicales en concepto de expedientes no pagados por reintegros de tratamientos de alta complejidad. Y también tendrá que “reperfilar” otros 14.000 millones de pesos en bonos que se otorgó durante el gobierno macrista para compensar una millonaria deuda del Estado con el sistema de obras sociales sindicales.
La posibilidad de manejar nuevamente “la caja” de las obras sociales es clave para el sindicalismo, pero en el sector sigue teniendo gusto a poco. La CGT no pudo influir en la designación del ministro de Trabajo, que recayó en Claudio Moroni, un abogado amigo de Alberto Fernández, ni en el resto de su gabinete. Hasta ahora, sólo la estratégica Dirección de Asociaciones Sindicales, que atiende los conflictos por encuadramiento y otorgamiento de personerías, quedará en manos de alguien cercano al poder sindical como Mónica Rissotto, abogada del gremio de taxistas que lidera Jorge Omar Viviani. Alberto Tomassone, abogado del Sindicato de Comercio, encabezado por Armando Cavalieri, será uno de los asesores de Moroni. La dirigencia cegetista espera al menos que haya más asesores en Trabajo provenientes del mundo gremial. No tienen ninguna garantía.
La CGT sigue presionando por ocupar cargos en los directorios del PAMI y de la ANSES, organismos que administran fondos multimillonarios y que quedaron en manos de dirigentes cercanos a Cristina Kirchner y a La Cámpora como Luana Volnovich y Alejandro Vanoli, respectivamente.
La otra pulseada del sindicalismo se registró en el área de transporte y fue Hugo Moyano el dirigente que apostó más fuerte para quedarse con el trofeo mayor y se tuvo que conformar con un premio consuelo: el dirigente camionero quería que Alberto Fernández designara ministro o secretario de Transporte a Guillermo López del Punta, pero el número uno finalmente fue el massista Mario Meoni.
López del Punta tampoco será secretario de Transporte y le habrían ofrecido una subsecretaría de esa cartera. Moyano está molesto por la caída de su protegido. “Nosotros queremos un hombre que entienda de transporte. Han nombrado un hombre que es psicólogo o sociólogo. Si no entiende va a pasar lo mismo que con el ministro anterior (Guillermo Dietrich), que la única experiencia que tenía en transporte era haber construido la bicisenda”, dijo a Radio Cooperativa.
Moyano ya había hecho lobby por López del Punta en la reunión reservada que mantuvo con Alberto Fernández a fines de agosto en su casa, en Barracas: allí, al lado de su hijo Pablo, el líder camionero mencionó a su amigo como “un especialista que puede sumar” en el gabinete de Transporte.
Fue lo mismo que Moyano le había dicho a Macri en 2015, antes de las elecciones nacionales, cuando ambos eran socios en el intento de ganarle a Daniel Scioli y, sobre todo, a Cristina Kirchner. Pero Macri delegó todas las decisiones del área de transporte en Guillermo Dietrich y éste le cerró todas las puertas al hombre de Moyano en el nuevo gobierno que asumió el 10 de diciembre de 2015.
Esa decisión y la de designar a Jorge Triaca como ministro de Trabajo, sin el aval camionero, terminaron enemistando desde el origen a Moyano con el entonces flamante Presidente.
¿Quién es López del Punta? Tiene una consultora desde 2003 que se llama Transvectio, con oficinas en Leandro Alem al 1000, y se dedica a “la prestación de servicios de consultoría y asesoramiento en el área del transporte público y de los servicios públicos en general”.
López del Punta conoce a Moyano desde el año 2000, época en que el primero era un funcionario de carrera de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y, según dicen, se ganó la confianza del sindicalista luego de haber frenado un negociado con los exámenes psicofísicos a los camioneros. Por sugerencia de Moyano, en 2002, López del Punta fue llamado por el entonces presidente Eduardo Duhalde y así llegó a ser secretario de Transporte, cargo que perdió en 2003, cuando asumió Néstor Kirchner la Presidencia y ese cargo quedó en manos de Ricardo Jaime.
López del Punta es socio en Transvectio de Gustavo Elías, un empresario que se hizo conocido en los últimos años cuando Graciela Ocaña dijo que era el testaferro de Hugo Moyano.
Moyano también pretendía ubicar a su hijo Facundo como ministro de Turismo y Deportes (puesto que fue para Matías Lammens), colocar a alguien propio en la Dirección de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo (que finalmente recayó en alguien puesto por su rival interno Viviani) y, sobre todo, un reclamo clave: que Alberto Fernández le permita nominar al nuevo interventor de OCA, la empresa de correo que quebró en abril pasado por una deuda con la AFIP que superaba los 5.000 millones de pesos y que tiene la mayor cantidad de afiliados al sindicato camionero (unos 7.000).
Quienes con mayor sigilo consiguieron espacio en el nuevo gobierno peronista fueron dos sindicatos ferroviarios que ya pactaron con el ministro Meoni cargos concretos para incidir en las políticas del sector. En una reunión que mantuvo el jueves pasado, el titular de Transporte acordó con los secretarios generales de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, y de La Fraternidad, Omar Maturano, que será subsecretario de Transporte Ferroviario Agustín Special y al frente del Belgrano Carga y Logística SA estará Daniel Vispo. El primero es de La Fraternidad y el segundo responde a la Unión Ferroviaria.
En Aerolíneas Argentinas, con el regreso de La Cámpora a la conducción de la compañía mediante la designación de Pablo Ceriani, se espera que los sindicatos aeronáuticos, todos kirchneristas, tengan algún cargo concreto o, al menos, una fuerte incidencia en las decisiones de la empresa.
Del sindicalismo aeronáutico proviene la designación más curiosa de la última semana: Ariel Basteiro fue designado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, como titular de Astilleros Río Santiago. Es decir, un especialista en aviones que dirigirá una empresa que fabrica barcos.
Curiosidades de esta magra cosecha de cargos para un sindicalismo peronista que se preparaba con euforia para desembarcar de lleno en el poder y que por ahora, con mucha resignación, deberá conformarse con mirar las decisiones oficiales desde afuera.
