A un año de las elecciones presidenciales de 2019, la Justicia Electoral anunció una serie de medidas para evitar las manipulaciones y la desinformación en las redes sociales durante la campaña electoral.
Por eso, para promover el «voto informado», la Cámara Nacional Electoral (CNE) anunció la creación de un «registro de cuentas redes sociales y sitios webs oficiales», que incluye a candidatos, agrupaciones políticas y a los principales dirigentes de los partidos.
«En relación con la información y difusión de ideas en las contiendas electorales, no puede dejar de advertirse el impacto y los nuevos desafíos que representa el auge de las plataformas y entornos digitales, que se constituyeron en un novedoso circuito de comunicación, dado que el uso de las redes sociales aceleraron los los tiempos de circulación y difusión de la información», comienza la acordada, que lleva la firma de los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía.
En el texto, los jueces advierten que «se ha acentuado la preocupación por el desempeño de tácticas de manipulación y desinformación en línea en las últimas elecciones de una diversidad de países de distintas regiones del mundo, en atención a la influencia que proyectan sobre la capacidad de los ciudadanos de elegir a sus representantes sobre la base de información veraz y con debates públicos auténticos».
En este sentido, hacen mención a la circulación de las «fake news» y la difusión de perfiles falsos de candidatos y agrupaciones políticas como algunos de los principales problemas.
Según un informe de la Consultora Latinobarómetro de 2017 citado en el texto, los jueces destacan el crecimiento de las nuevas tecnologías en detrimento de los medios de comunicación tradicionales y sostiene que el 28 % de los encuestados se informan de cuestiones políticas por medio de las plataformas de referencia, como Facebook y Twitter, mientras que un 33 % lo hace a través de la radio y sólo un 20 por ciento continúa informándose por los medios gráficos.
A partir de ahora, en los informes finales de campaña los partidos deberán aportar el material audiovisual que utilizarán en Internet y en las redes sociales al tiempo que se ajustarán mecanismos de control «más precisos» para detectar eventuales omisiones en las declaraciones de gastos en el rubro.
Por otra parte, el tribunal instó a desarrollar una campaña de «educación pública» con el fin de concientizar a los ciudadanos sobre la circulación de noticias falsas en redes sociales.
Sin embargo, apunta a que las regulaciones «deben prestar especial atención en no menoscabar el derecho a la libertad de expresión».
