Luego de que el Tribunal Electoral de La Rioja resolviera el jueves suspender las elecciones a gobernador previstas para el 12 de mayo, el bloque de diputados provinciales e intendentes justicialistas emitió un comunicado «en defensa de la autonomía de la provincia de La Rioja y contra el centralismo del Gobierno Nacional».
En momentos en que la Corte Suprema se apresta a rechazar la re-reelección de Sergio Casas, los funcionarios acusan al Gobierno nacional de llevar a cabo «una serie de acciones de enorme e ilegal presión sobre el Poder Judicial».
«Observamos un accionar inescrupuloso e ilegal de funcionarios nacionales que presionan al Poder Judicial, y especialmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de conseguir que ésta falle a favor de sus intereses mezquinos», advirtieron en el escrito.
El jueves, la justicia provincial tomó la decisión de postergar los comicios gobernador a raíz de una presentación del Partido Frente del Pueblo, que solicitó la suspensión de las elecciones por «la situación de incertidumbre que impediría postular candidato al estamento de gobernador y vicegobernador».
En su fallo, el Tribunal Electoral de La Rioja habla del «fin de salvaguardar la legalidad y regularidad del proceso electoral, de proteger el ejercicio del derecho constitucional al sufragio, de favorecer la expresión de la genuina voluntad del electorado, de evitar perjuicios mayores a los derechos de los electores y de los partidos políticos, y de aquellos que pretendiendo postularse para algún cargo electivo no pudieren hacerlo por no estar correctamente registrados, en definitiva, en salvaguarda del derecho de elegir y ser elegido».
Como anticipó Infobae, la Corte Suprema de Justicia se encamina a rechazar el intento reeleccionista de Casas, lo mismo que el del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.
A continuación, el texto completo:
Nosotros representantes del pueblo e intendentes de los departamentos de esta provincia, queremos ante el dictado del pronunciamiento de la Procuración General de la Nación, poner en conocimiento del pueblo de La Rioja nuestra decisión de defender la voluntad soberana del pueblo de La Rioja expresada en las urnas en la pasada elección provincial.
Asimismo, queremos señalar que hemos observado azorados en los últimos días cómo el Gobierno Nacional, a través de los medios de difusión que le son afines o que controla, y personalmente, a través del Ministro de Justicia y del Jefe de Gabinete, han llevado a cabo una serie de acciones de enorme e ilegal presión sobre el Poder Judicial y, en especial, sobre la Procuración General de La Nación y de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el fin de que éstos se pronuncien a favor de los intereses de los partidos que conforman el gobierno nacional en asuntos de alto impacto económico y político.
Queremos poner a la luz pública y manifestar nuestro total repudio a tales hechos vergonzosos y gravísimos, pues son atentatorios contra la República, contra la división de poderes y contra la independencia del Poder Judicial. Observamos un accionar inescrupuloso e ilegal de funcionarios nacionales que presionan al Poder Judicial, y especialmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de conseguir que ésta falle a favor de sus intereses mezquinos, en causas de enorme trascendencia política y económica como lo son: el ajuste de jubilaciones según el precedente «Badaro», la aplicación del pago del impuesto a las ganancias para las jubilaciones, sobre la autorización a los familiares de funcionarios a acceder al blanqueo de capitales, el fondo sojero de las provincias de Santa Cruz, Chubut, Santiago del Estero, Catamarca, Formosa y Tierra del Fuego, las cuestiones electorales que involucran a las provincias de La Rioja y de Río Negro, entre otros.
Decimos esto porque no podemos continuar siendo testigos mudos de tamaña afrenta al Estado de Derecho, a la República, a la división de poderes, a la independencia del Poder Judicial, provocada por la campaña mediática, primero, y de manera personal por el Ministro de Justicia y del Jefe de Gabinete, quienes conforme a la información de los medios de difusión, se habrían apersonado en la Corte Suprema para tratar de conseguir fallos a su favor o que beneficien a los intereses del o de los partidos de gobierno (Cambiemos, PRO, UCR, etc.).
No vamos a tolerar tamaña afrenta y vamos a defender la independencia del Poder Judicial, y la división de Poderes, no vamos a permitir estos aprietes a nuestros jueces, y le exigimos al gobierno nacional el inmediato cese de este ilegal obrar.
Consideramos que el gobierno nacional, en vez de ocuparse de estas maniobras palaciegas y entre bambalinas, debiera dirigir su mirada al pueblo argentino y ocuparse de los graves problemas que éste padece y que requieren de la solución de quienes gobiernan, como son la inflación que día a día deteriora el salario de los trabajadores, la creciente desocupación por pérdida de empleos ante el cierre de las empresas, la falta de políticas públicas que favorezcan la producción y la generación de empleo, situaciones éstas que el Gobierno Nacional, en buena medida, ha contribuido a generarlas y las profundiza con las decisiones erradas de política económica que lleva adelante.
Con la misma fuerza que defendemos a la República y a la división de poderes también defenderemos, como representantes del interior, las autonomías provinciales y el respeto a la voluntad soberana de nuestros pueblos del interior. Porque somos un país federal y queremos seguir siéndolo, porque vivimos en una democracia y queremos seguir viviendo en ella, y porque queremos realmente ser una república en donde se respete a todos y todas, es que nos manifestamos de este modo.
Con profundo pesar, vemos como el accionar ilícito de las autoridades nacionales comenzaron a efectivizarse al tomar conocimiento en el día de la fecha del dictamen del Sra. Procuradora ante la Corte Suprema, quien luego de haber rechazado la competencia de la corte nacional con anterioridad y cediendo a la presiones denunciadas, hoy se expide haciendo lugar a las pretensiones ilegítimas de la unión cívica radical anulando la elección por la cual este pueblo expresó su clara voluntad constituyente, Lo que no vamos a permitir de modo alguno. Por lo cual anunciamos nuestro total rechazo y la inmediata toma de decisiones tendientes a defender el derecho universal a la autodeterminación de los pueblos y el respeto irrestricto de la voluntad popular.
