El macrismo dejó el gobierno el 10 de diciembre y cerró el año en los tribunales de Comodoro Py, donde se investigan las causas de corrupción, con un pedido para que dos de sus funcionarios no sean enviados a juicio oral y público. Se trata del ex ministro de Energía Juan José Aranguren, procesado porque como funcionario intervino en un negocio de Shell, empresa de la que tenía acciones, y la ex titular de la Oficina Anticorrupción (OA) Laura Alonso, acusada por no haber controlado el caso.
Las defensas de los ex funcionarios tuvieron la semana pasada una audiencia en la Cámara Federal en la que solicitaron que sus procesamientos sean revocados. La decisión está en manos de los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, quiénes resolverán el caso en febrero, cuando regrese la actividad judicial tras la feria de enero, informaron a Infobae fuentes judiciales. La audiencia se hizo el jueves, a tres días hábiles que finalice el año en tribunales.
Si la Cámara ratifica los procesamientos de Aranguren y Alonso, los ex funcionarios quedarán en condiciones de ser enviados a juicio oral para ser juzgados penalmente. Las defensas pueden apelar el fallo a la Cámara Federal de Casación para que sea revisado pero eso no impide que el expediente pase a juicio. La Cámara también puede sobreseerlos o dictarles la falta de mérito, lo que hace caer el procesamiento pero seguirán bajo investigación.
Los ex funcionarios -Aranguren fue ministro de Energía de diciembre de 2015 a junio de 2018 y Alonso titular de la OA durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri- fueron procesados a principios de mes por el juez federal Luis Rodriguez. Aranguren por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública con un embargo de 1.200.000 pesos y Alonso por encubrimiento y abuso de poder y un embargo de un millón de pesos.
La causa se inició a comienzos de 2016 por una denuncia de los diputados del Frente para la Victoria Rodolfo Tahilade y Mario Doñate. El juez Rodríguez citó a indagatoria a Aranguren y Alonso el 18 de octubre, 9 días de las elecciones generales en las que Alberto Fernández se impuso a Macri, y los procesó el 6 de diciembre, cuatro días antes del cambio de gobierno.
El magistrado entendió que Aranguren cometió el delito de negociaciones incompatibles con la función pública porque como ministro de Energía su cartera compró gasoil y fuel proveniente de Chile a Shell, empresa de la que tenía acciones ‘clase A’ porque había sido director de su filial argentina hasta su asunción en el gobierno de Maci.
“Juan José Aranguren en su calidad de Ministro de Energía y Minería se interesó en que la empresa Shell incrementara sus operaciones de importación de petróleo crudo y derivados, demorando los controles que le correspondían en razón a su cargo y determinando tardíamente la implementación de un registro que permitiera controlar esta situación”, sostuvo Rodríguez en el procesamiento.
El juez explicó que si bien Aranguren delegó la intervención en el caso de Shell en otro funcionario, el magistrado objetó que “la falta de control se vio signada en el interés del mismo en beneficiar a la empresa Shell en sus operaciones de importación demorando la implementación de los controles propios del ámbito de su competencia”.
Por su parte, Alonso fue procesada porque como titular de la OA solo le recomendó a Aranguren vender sus acciones en la empresa y le recordó las limitaciones de la ley de ética pública. El juez dijo que Alonso “efectuó distintas recomendaciones que no vendrían al caso y que tendrían por destino brindar una apariencia de legalidad a la conducta llevada a cabo por Aranguren durante su función”.
“Asimismo, la titular del organismo contra la corrupción, efectuó una consideración que escapa a toda la lógica jurídica propia de la materia en la cual la imputada debería resultar experta, en cuanto presupone que únicamente resulta ser la actuación directa (esto es, con la firma) la que podría generar algún tipo de irregularidad en el obrar del Sr. Ministro”, agregó el juez.
Cuando fueron indagados tanto Aranguren como Alonso negaron las acusaciones. Ambos presentaron escritos y se negaron a contestar preguntas.
El ex ministro dijo que nunca se interesó por una empresa en particular y que “era siempre más conveniente importar gas previamente regasificado en Chile que consumir gasoil, lo cual le significó al Estado Nacional un ahorro de 54 millones de dólares” ya que el incremento del precio lo pagaron los usuarios con la quita de subsidios.
Por su parte, Alonso sostuvo que inició en la OA un expediente interno que concluyó que Aranguren no violó la ley de ética pública y que el entonces ministro cumplió con la recomendación de vender sus acciones en Shell. “Ni encubrí una infracción de Aranguren, ni omití actuación alguna en la OA. Por el contrario, cumplí estrictamente con todos los deberes, obligaciones y funciones a mi cargo», sostuvo Alonso.
Los procesamientos fueron apelados por las defensas y la Cámara Federal los citó a una audiencia oral para el jueves pasado. La abogada de Alonso, Marta Nercellas, expuso en el tribunal y los letrados de Aranguren presentaron un escrito. Ahora debe resolver la Cámara.
La resolución de los camaristas Irurzun y Bruglia quedó para febrero del año que viene y será una de las primeras de impacto político de Comodoro Py en 2020: si dos ex funcionarios del gobierno de Macri van a juicio oral por su actuación en la administración pública.
