La propuesta de «ley de copia privada» establece un gravamen que va del 1 al 75% sobre el precio de todos los dispositivos teconológicos que incluyan memoria, como por ejemplo un disco rígido externo, un pendrive, CD, reproductores de DVD y teléfonos celulares, entre otros.
En el artículo 12 del proyecto establece el aumento en los montos para cada producto y fija el 75% en los casos de los CD, DVD y Blu-ray, 5% de tarjetas de memoria, 10% de rígidos integrados o no en un equipo, así como decos de señales de televisión por cable o satelital, reproductores de mp3 y uno por ciento en celulares.
Miguel Pichetto y Gerardo Morales, presidentes de los bloques del Frente para la Victoria y el radicalismo, respectivamente, adelantaron su apoyo a la iniciativa que fue promovida con proyectos parciales de Pichetto, del socialista Rubén Giustiniani y la justicialista Adriana Bortolozzi y Teresita Quintela.
De la reunión de ayer en Comisión participaron representantes de las entidades vinculadas a la producción y dirección de películas, de las entidades que agrupan a escritores, actores y artistas plásticas.
El titular del bloque oficialista en el Senado respaldó la propuesta al afirmar que se trata «de un mecanismo de compensación que es reconocido en la mayoría de los países de la Comunidad Europea» y que es «un acto de equidad y de justicia reparatoria» por los derechos de autor.
Morales se expresó en el mismo sentido y adelantó su respaldo en el debate de hoy, dado que anoche, a última hora, se consiguieron las firmas necesarias para que la iniciativa sea tratada sobre tablas, publicó un matutino porteño.
«Es una avance cualitativo en la solución de un problema», evaluó. A su turno, Carlos Galetini, de la Asociación de Directores de Cine, aseguró que con esta nueva norma «es una manera de compensar lo que los autores y creadores pierden» en las reproducciones piratas y manifestó que «el Parlamento europeo aconsejó a todos los países que adopten este sistema».
Para Jorge Marrale, se trata de «un sistema de compensación» por los daños producidos por las copias ilegales y piratas y aseguró que este sistema está vigencia «en 25 de los 27 países de la Unión Europea y Estados Unidos y Canadá».
Pero no todas las voces son a favor de este nuevo “impuestazo” que puede llegar a obtener hoy media sanción. «Este proyecto es inconstitucional. La copia privada se debe considerar como tal, mientras no se pruebe que efectivamente perjudica a un tercero», consideró Beatriz Busaniche, vocera de la fundación Vía Libre en diálogo con un matutino.
Según la mujer, «el canon digital nada tiene que ver con la piratería, y perjudica de forma directa a los profesionales y empresas que trabajan de forma diaria con la tecnología”.
Fuente Infobae
