Como un anticipo de lo que serán las negociaciones del año próximo, gremios de la administración pública de las provincias ya anunciaron que no admitirán una pauta que contemple una suba menor al 20%, y en algunos casos, afirmaron que pedirán hasta el 35% de incremento.
El escenario preocupa a varios de los gobernadores que asumieron en los últimos días, mucho más teniendo en cuenta un escenario con posibles coletazos de la crisis internacional que afecta a Europa y a los Estados Unidos.
Como ejemplo, en Santa Fe, los trabajadores estatales adelantaron que exigirán un piso de entre el 20% y el 23% de aumento al flamante Gobierno del socialista Antonio Bonfatti.
«El aumento tiene que rondar entre el 23% y el 24%, porque el Gobierno (provincial) ha fijado esa pauta para el aumento de las tarifas de los servicios», afirmó el secretario general dela Asociación Trabajadoresdel Estado de esa provincia, Jorge Hoffmann.
Bonfatti, por su parte, aseguró que la premisa será que los trabajadores «no pierdan poder adquisitivo respecto de la inflación».
Una situación más complicada parece vivir el flamante gobernador de Chubut, Martín Buzzi, quien ya tuvo que enfrentar una movilización de los trabajadores nucleados en ATE, que exigen el inicio de las negociaciones salariales 2012 y el pago de un plus navideño.
«Se le elevó al gobernador un pedido de incremento del 35% para la generalidad de los empleados públicos, pero hay que discutir algunas particularidades», afirmó el secretario general del gremio, Edgardo Hompanera.
En tanto en Córdoba, el nuevo mandatario José Manuel de la Sota ya inició una ronda de diálogos con los sindicatos en conflicto. En este contexto, el viernes el gremio de los agentes públicos acordó con el Gobierno cordobés postergar hasta febrero los reclamos de mejoras salariales.
En Neuquén, por su parte, el Gobierno de Jorge Sapag ya selló un temprano entendimiento con los docentes nucleados en ATEN, que incluye un incremento salarial del 15%.
Lo cierto es que las negociaciones con los estatales aparecen como el principal escollo que deberán sortear los gobiernos provinciales, en un año en el que la presión sindical amenaza con generar serios conflictos políticos.
