Decidido a darle un lugar de alta visibilidad al tema de Venezuela en la campaña electoral, el Gobierno habilitará a partir de mañana un centro para recibir denuncias de forma confidencial de venezolanos que hayan sido víctimas o que tengan conocimiento de cualquier violación a los derechos humanos en su país bajo el régimen de Nicolás Maduro.
La iniciativa fue supervisada personalmente ayer por la tarde por el propio Mauricio Macri en la Casa Rosada, durante la reunión de seguimiento de la gestión del Ministerio de Justicia que encabezó su titular Germán Garavano y fue expuesta por el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj.
La decisión se tomó a partir del duro informe presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michele Bachelet -en el que se denunciaron «graves violaciones a los derechos humanos», «ejecuciones extrajudiciales» y «torturas»por parte del gobierno de Nicolás Maduro-, sin perder de vista que es un tema que «incomoda» al kirchnerismo por la alianza que unió al gobierno de los Kirchner con Hugo Chávez primero, y luego con su sucesor.
Si bien el candidato presidencial Alberto Fernández sostuvo estos días que «en Venezuela se han vivido en los últimos años sistemas de abusos y de arbitrariedad del Estado que no pueden pasar desapercibidos», el espacio del Frente de Todos viene evitando referirse al tema y condenar explícitamente la situación en ese país.
En el Gobierno aseguran que la iniciativa de recepción de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte de exiliados venezolanos en el país es «un paso más» en la condena pública de Macri al régimen venezolano y niegan que se trate de una estrategia electoral.
«Desde el primer día se viene mirando lo que que sucede en Venezuela, la crisis humanitaria y las denuncias en ese país. Y también venimos conversando con las distintas organizaciones de los migrantes venezolanos en el país, que nos vienen contando lo que está sucediendo allá, lo que vivieron ellos y sus familias», le dijo Avruj a Infobae.
«A partir de la presentación que realizamos ante la Corte Penal Internacional y después del informe de Michelle Bachelet decidimos ir más allá. La idea es tener documentado de primera mano, a través de los testimonios de los venezolanos que vinieron al país, qué es lo que viene sucediendo en Venezuela y elaborar un informe para aportarlo luego a los organismos internacionales involucrados, como la Corte Penal Internacional y el Alto Comisionado para las Naciones Unidas», agregó el funcionario.
El 25 de septiembre del año pasado, Argentina junto con Perú, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay, hicieron formalmente una presentación ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), para que «inicie una investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad que habría tenido lugar en Venezuela bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro desde el año 2014». Esa fiscalía está llevando a cabo actualmente un examen preliminar a de Venezuela en donde decidirá si abre una investigación formal de los hechos.
«Si fuiste víctima o presenciaste una situación de violación a los derechos humanos en Venezuela aportá tu información en forma reservada», dice uno de los avisos que publicó el Ministerio de Justicia en las redes. Con este objetivo, el Gobierno habilitó una isla especial en este Centro de Orientación a Migrantes y Refugiados, ubicado en Luis Saenz Peña 1626, entre el 24 y 27, y entre el 29 y 31 de julio, de 10 a 20 horas.
«Los convocamos a acercarse a este centro porque es un lugar donde ya se les viene dando contención, asistencia y ayuda en los trámites para la residencia y la homologación de títulos profesionales, para su futura reinserción y relocalización en distintos puntos del país», explicaron desde la Secretaría de Derechos Humanos.
Según la Dirección Nacional de Migraciones, desde principios de 2016 -cuando se comenzó a agravar la situación en Venezuela- y hasta fines de 2018, se radicaron en el país casi 115.000 venezolanos. Y en el primer trimestre de este año, de acuerdo a los datos oficiales provistos por ese organismo, suman casi 42.000 los que tramitaron la radicación permanente, temporaria y transitoria, aunque no todos permanecieron en el país.
En la Secretaría a cargo de Avruj prefieren hablar de «testimonios» más de que de denuncias. «Les garantizamos confidencialidad, porque mucho de ellos plantean que tienen familia en Venezuela. No tienen que cumplir requisitos en cuanto a papeles o trámites cumplimentados en el país, al presentarse. Aquellos que tengan dudas sobre la seguridad con la que se rodeará al programa, se dispuso también la línea telefónica 149 de asistencia a la víctima las 24 horas para poder comunicarse y dar detalles en forma anónima», detallaron.
Los testimonios los tomarán un equipo interdisciplinario del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID) que está integrado por personal especialmente capacitado en este tipo de situaciones. También se les brindará asistencia psicológica.
El Centro de Orientación a Migrantes y Refugiados fue creado hace dos años por la Secretaría de Derechos Humanos, en acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Es un centro modelo que se va a replicar en Rosario, Santa Fe y Córdoba.
En promedio, por día, se atienden entre 100 y 120 extranjeros por día, de los cuales el 80% son venezolanos. «O sea que una gran cantidad de ellos conocen el lugar y ya se les brindó asistencia», explicó Avruj, optimista sobre el resultado de la convocatoria.
El funcionario también señaló que el gobierno está articulando la propuesta con la embajadora venezolana designada por el presidente Juan Guaidó en Argentina, Elisa Trotta Gamus y las organizaciones de venezolanos en el país para que sepan que puedan acercarse voluntariamente al Centro.
El informe Bachelet
El 4 de julio pasado, se publicó el informe elaborado por Bachelet, como la Alta Comisionada de Naciones Unidas, en donde describe las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, que incluyeron 6.800 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, entre enero de 2018 y mayo de 2019, la mayoría de ellas cometidas por paramilitares.
Advierte que que la mayoría de las víctimas «no han tenido un acceso efectivo a la justicia y a una reparación adecuada». Según el informe, «pocas personas presentan denuncias por miedo a represalias y por falta de confianza en el sistema de justicia. Cuando lo hacen, las autoridades no investigan o no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes».
Se señala que «existe fundamento suficiente, que satisface los criterios de prueba contemplados en el Artículo 53 del Estatuto de Roma, para considerar que los actos a los que se ha visto sometida la población civil de Venezuela, que se remontan por lo menos al 12 de febrero de 2014, constituyen crímenes de lesa humanidad».
También se destaca la grave crisis migratoria que atraviesa la región por la situación en el país caribeño:»El número de personas que se han visto obligadas a dejar Venezuela ha aumentado dramáticamente desde 2018, alcanzando más de 4 millones para el 6 de junio de 2019. Colombia acoge la mayor cantidad de personas, seguida por Perú, Chile, la Argentina, Ecuador y el Brasil».
