En el primer año de Gobierno de Cambiemos, el presidente Mauricio Macri y su gabinete tienen abiertas 15 causas penales en los tribunales de Comodoro Py –donde se investigan los hechos de corrupción de la administración pública nacional–, en las que están imputados al menos 27 funcionarios.
Las 15 investigaciones en marcha surgen de un relevamiento que hizo Infobae en los 12 juzgados y fiscalías federales de primera instancia, donde están radicados los expedientes que se abrieron desde diciembre del año pasado hasta esta semana: Macri, la vicepresidente Gabriela Michetti y el ministro de Energía, Juan José Aranguren, son los nombres que más se repiten en las carátulas.
«Ese tema hoy no es una preocupación en el Gobierno. Sí tenemos el reclamo de que los casos se resuelva rápido y que no se vuelva una política de presión de sobre el Ejecutivo de mantener las causas abiertas», le dijo a este medio el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. El kirchnerismo tuvo el mismo reclamo y la clara referencia es lo que históricamente algunos jueces federales hacen de mantener expedientes abiertos para negociar en el momento político oportuno.
La cantidad de causas que hay en trámite se podrían engrosar hasta fin de año porque en las últimas semanas ingresaron seis denuncias contra funcionarios y los fiscales deben resolver si abren investigaciones.
Dos datos resaltan de las causas en trámite: ya hay pedidos de indagatoria y la mayoría de los expedientes se abrieron a partir de denuncias del Frente para la Victoria, al revés de lo que ocurría el año pasado cuando el kirchnerismo era denunciado por el hoy oficialismo.
Las causas
El primer expediente de impacto se abrió a los cinco meses del inicio del gobierno y fue contra Macri. En abril, el fiscal Federico Delgado imputó al Presidente en la causa «Panamá Papers» para investigar si fue ilegal la omisión de declarar dos sociedades off shore creadas en paraísos fiscales en la década del 90.
Semanas después se inició otra para determinar si funcionarios del Gobierno cometieron delito en la compra de dólar futuro. Fue la contra denuncia del kirchnerismo por el expediente de la ex presidente Cristina Kirchner en el que está procesada.
El fiscal Jorge Di Lello, en una casa con el juez Sergio Torres, imputó al titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Federico Sturzenegger, al director de la entidad Pablo Curat, al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, y al jefe de asesores de la Presidencia, José Torello, además de empresas vinculadas a Nicolás Caputo, amigo de Macri. El primero fue denunciado por las pérdidas que sufrió el Central con la devaluación y los restantes por las ganancias personales que tuvieron con la compra de dólar futuro.
Otro expediente de impacto fue el que se inició en agosto cuando el fiscal Guillermo Marijuán abrió una causa contra la vicepresidente Gabriela Michetti para determinar si hubo o no lavado de dinero en los 245 mil pesos y 50 mil dólares que le robaron de su casa en noviembre del año pasado –el mismo día que Cambiemos ganó el ballotage– y que no estaban declarados.
La vicepresidente dijo que 200 mil pesos eran fondos recaudados por su fundación SUMA. Eso generó que la causa se amplíe a otras fundaciones vinculadas al macrismo: «Fundar Seguridad y Justicia», del secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, «Crecer y Crecer», del intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y «Formar», del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Todos quedaron bajo investigación. La causa la tiene el juez Ariel Lijo.
Ese expediente derivó en otra imputación reciente para Michetti: la contratación como empleada del Senado de Cecilia Ruth Brook, pareja del periodista Alfredo Leuco, pero que no habría cumplido funciones allí sino en «Suma», la fundación de la vicepresidenta.
El ministro Aranguren tuvo un año político complicado y también judicial. El juez Luis Rodríguez y el fiscal Carlos Stornelli lo investigan por haber sido dueño de acciones de la empresa Shell –ya las vendió– al mismo tiempo que como funcionario tomaba decisiones que afectaban sus intereses y por presuntas irregularidades y pago de sobreprecios en la compra de gas a Chile. También están imputados otros dos funcionarios del Ministerio.
Aranguren está también bajo investigación del juez Sebastián Ramos y del fiscal Gerardo Pollicita por el presunto incumplimiento de los fallos que anulaban el aumento de la tarifa de gas.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, también tiene su causa judicial. Está imputado por la licitación que hizo Aerolíneas Argentinas para contratar el hospedaje de su tripulación en El Calafate y que obtuvo un hotel de la familia del funcionario y del secretario de Comercio, Miguel Braun.
La última causa se abrió esta semana e involucra al Presidente. La fiscal federal Paloma Ochoa imputó a Macri, al ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay, y a Sturzenegger por presuntas irregularidades en el uso de Lebacs y emisión de deuda externa que habría generado un precio artificial del dólar y un perjuicio al estado.
En dos expedientes ya hay pedidos de indagatorias. El fiscal Delgado solicitó citar como acusados al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y a cuatro funcionarios del Ente de contralor de las comunicaciones (ENACOM), entre ellos su titular, Miguel de Godoy, por no controlar desde 2008 a la actualidad a las empresas Telefónica y Telecom en el Programa de Propiedad Participada (PPP) de las ganancias de los empleados. También están imputados ex funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner.
El segundo pedido de indagatoria fue para un hombre que no tiene cargo en el gobierno pero sí peso. Es Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors y operador en tribunales, a quien el fiscal acusó de tráfico de influencias. Ambos planteos deber ser resueltos por el juez Sebastián Casanello, quien también tiene la causa de «Panamá Papers».
En el resto de las causas están bajo investigación la canciller Susana Malcorra por los fondos que usó para su candidatura a la ONU; el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, por un acuerdo con Corea del Sur para comprar máquinas de voto electrónico; el titular de ANSES, Emilio Basavilbaso, y otro funcionario del organismo por presunta coacción a militantes de La Cámpora para que renuncien; a funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por la tributación de la empresa Uber; el Ministerio de Transporte por la contratación directa de contratos de seguros para los ferrocarriles; y el desplazado y luego repuesto titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, por irregularidades en una investigación interna.
El ministro Garavano descartó cualquier preocupación del Gobierno por estas investigaciones. «Hoy no son, en general, un tema en el Gobierno. El Presidente y la Vice están tranquilos, se han puesto a disposición en las causas y no hay hecho ninguna maniobra para cambiar ningún juez, ningún fiscal», sostuvo en funcionario en relación a lo que sí hizo el kirchnerismo en otras causas durante su gestión como Ciccone o memorándum de entendimiento con Irán.
El kirchnerismo fue clave en la apertura de esas causas: legisladores del Frente para la Victoria, como Héctor Recalde, Axel Kicillof, Rodolfo Tailhade, María Teresa García, Darío Martínez y Diana Conti, entre otros, fueron los denunciantes de expedientes como «Panamá Papers», las dos imputaciones a Michetti, la contra causa del dólar futuro y el expediente contra Aranguren por Shell.
Es la contracara de lo que ocurría hasta el diciembre del año pasado. El PRO, la Coalición Cívica, la UCR –que conforman la alianza Cambienos– y Margarita Stolbizer presentaron las denuncias contra los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Para el ministro Garavano es una justificación del kirchnerismo. «Esas denuncias son una reacción de cómo avanzo la justicia en este ultimo año en procesamientos y elevaciones a juicio contra funcionarios del anterior gobierno. El Frente para la Victoria tenía que justificar esas causas y el camino más rápido era hacer denuncias», analizó el funcionario.
Hasta fin de año el número de causas podría engrosarse. Hay seis denuncias que los fiscales deben resolver si abren. Dos son contra Macri, Peña y Prat Gay por la firma de un decreto que permite a familiares de funcionarios ingresar al blanqueo de capitales cuando la ley del Congreso lo prohíbe expresamente. Otra contra el Presidente y Michetti por un acuerdo comercial firmado con Qatar que contempla el uso de sociedades off shore.
También hay denuncias contra la diputada nacional y aliada central del gobierno Elisa Carrió por presunto enriquecimiento ilícito; contra tres secretarios del Ministerio de Energía por haber tomado decisiones que impactaron en empresas de las que fueron directivos (presentada por Carrió); y contra el presidente del Banco de la Nación, Carlos Melconián, por haberle dado un subsidio el titular de la Sociedad Rural Argentina, Luis Etchevehere.
