Por decreto separó al secretario general de la Gobernación, Horacio Rey, y al subsecretario de Comercios y Servicios, Roberto Lugo, según confirmó a través de un comunicado. También a Susana Fernández e Ismael Fernández, quienes cumplían actividades en la oficina privada del gobernador.
Los funcionarios y empleados mencionados son investigados por la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, quién ordenó allanamientos realizados en siete oficinas gubernamentales.
También se allanaron el domicilio particular de uno de los funcionarios y de dos guarderías náuticas en la localidad de Antequeras -a 10 kilómetros de Resistencia- donde se secuestraron entre 3 y 5 embarcaciones.
Una fuente cercana al gobernador dijo que “Peppo no dudó en tomar esta decisión para que la investigación de la causa se realice sin ningún tipo de limitación y permita esclarecer si se cometieron o no los delitos que dieron lugar a los numerosos allanamientos realizados ayer y hoy (por el jueves y viernes)”.
En el comunicado oficial destaca que la separación de los funcionarios y empleados tiene el objetivo de “contribuir al esclarecimiento de la investigación judicial”.
Dejó en claro además que “se ordenó a todas las áreas del Estado provincial a prestar colaboración ante cualquier tipo de requisitoria judicial”.
Por medio del decreto el gobernador chaqueño también dispuso la suspensión de “todo paso y ejecución de contratos de pautas publicitarias” y ordenó que se forme una “unidad de control, gestión y auditoría para verificar los contratos en vigencia”.
Esta decisión del gobernador fue comunicada poco antes de que emprendiera viaje a Estados Unidos de América del Norte donde realizará gestiones ante organismos multilaterales de crédito y expondrá en un seminario de la Universidad George Washington.
