El supuesto espionaje, por el que el independentismo catalán, clave para la estabilidad parlamentaria del gobierno de Pedro Sánchez, había exigido cabezas, se cobra así la de la primera mujer en dirigir, desde 2020, los servicios secretos españoles.
Esteban compareció el jueves ante una comisión parlamentaria para dar explicaciones, pero no logró convencer a los aliados parlamentarios del ejecutivo, el izquierdista Podemos y los independentistas catalanes y vascos.
Según trascendió de aquella comparecencia, Esteban admitió que 18 dirigentes independentistas -entre ellos el presidente regional catalán Pere Aragonés cuando era vice-presidente- fueron espiados, pero con mandato judicial.
El escándalo estalló el 18 de abril cuando la organización canadiense Citizen Lab identificó a más de 60 personas de la órbita separatista catalana cuyos teléfonos móviles habrían sido infectados entre 2017 y 2020 con el software de espionaje israelí Pegasus.
El caso dio un vuelco cuando el gobierno anunció que Pedro Sánchez y su ministra de Defensa, Margarita Robles, también fueron espiados mediante el mismo programa informático en mayo y junio de 2021.
Este martes, España anunció que también el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, fue espiado.
El gobierno asegura que el pirateo de los teléfonos de Sánchez y de la ministra de Defensa y el del titular de Interior fue producto de un «ataque externo», sin más, aunque la prensa española especula con que Marruecos, con quien Madrid acaba de cerrar una crisis diplomática de casi un año, podría estar detrás.
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