La causa que investiga presuntas maniobras de espionaje ilegal realizadas por la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri quedó herida de muerte. Es que la Cámara Federal porteña sostuvo este martes que no existió una asociación ilícita para hacer vigilancia política. También hizo caer la acusación que indicaba que hubo espionaje en las cárceles federales, revelaron a Infobae fuentes judiciales.
La causa tiene un voltaje político propio por quienes son los protagonistas que se enfrentan en el expediente.
Para el tribunal, sólo se pudieron corroborar seguimientos y vigilancias por parte de algunos algunos agentes que integraban un grupo de WhatsApp denominado “SuperMarioBross”, quienes realizaban tareas de “cuentapropismo” para futuras extorsiones. Los jueces pidieron profundizar la investigación sobre los orígenes de la causa, que nació en el fuero de Lomas de Zamora.
El fallo fue firmado por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Eduardo Farah. Se trató de una resolución dividida. El detalle de las apelaciones había sido publicado por Infobae en agosto pasado. Todos los acusados habían rechazado las imputaciones y cuestionado la causa.
Ahora los jueces Llorens y Bertuzzi resolvieron en un voto conjunto revocar el procesamiento y dictar la falta de mérito para los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, que estaban acusados de asociación ilícita y espionaje ilegal.
A la par, Majdalani fue procesada por incumplimiento de deberes de funcionario público, que castiga con penas de hasta dos años al funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.
Bajo la órbita de Majdalani operaba Alan Ruiz, el ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI y referente del grupo de chat donde se instrumentaban los seguimientos. Ese grupo sí quedó involucrado los seguimientos y tareas que se reportaron. Allí se confirmaron procesamientos para Ruiz, Diego Dalmau Pereyra, Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge “Turco” Saez, junto a Emiliano Federico Matta, María Andrea Fermani, Juan Carlos Silveira y Cristian Lionel Suriano, pero no por asociación ilícita sino por violar la ley de inteligencia.
Para el voto de la mayoría de la Cámara Federal, “existió un grupo que movido por intereses personales utilizó recursos sensibles del Estado con fines ilegales” y se determino que la superior de ese grupo, Silvia Majdalani, incumplió su deber de controlar como manda la ley al grupo que dependía de ella de manera inmediata.
Los jueces agregaron que en los que las tareas de observación y seguimientos que se hicieron sobre Cristina Kirchner en el Instituto Patria y en su casa de la calle Juncal “tenían orden judicial” que las autorizaba y por ello no puede ser sancionado penalmente en esta instancia.
La falta de mérito también benefició al ex titular del Servicio Penitenciario Federal Emiliano Blanco y a todas las autoridades penitenciarias que fueron acusadas de espiar a los detenidos en causas kirchneristas y a sus abogados. Los jueces sostuvieron que las escuchas que se hicieron en la cárcel fueron desarrolladas al amparo de ordenes judiciales firmada por el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena y señalaron que no existe evidencia en torno a que los informes confeccionados que dieron sustento a esas ordenes hayan sido “ideológicamente falsos”. Sobre los seguimientos se señaló que en algunos casos había una autorización judicial y en otros estaba justificado por “cuestiones de seguridad interna”.
Al secretario de Mauricio Macri y hoy diputado porteño de Juntos por el Cambio Darío Nieto se le confirmó la falta de mérito que se le había dictado en Lomas de Zamora porque no hay pruebas para conectarlo con el grupo de espionaje. La Cámara Federal también dictó falta de mérito para Susana Martinengo, ex funcionaria de la Casa Rosada y amiga de tres de los integrantes que reportaban al grupo “SuperMarioBross”.
En un voto en minoría, Farah optó por confirmar la resolución del juez Juan Pablo Auge de Lomas de Zamora. Sin embargo, en sus consideraciones optó por “bajar el tono” a la idea de un plan sistemático impulsado por la Casa Rosada.
La revisión de la Cámara Federal porteña impacta sobre tres investigaciones directas: la causa sobre el espionaje al Instituto Patria, en donde Cristina Kirchner se constituyó en víctima y querellante; los seguimientos a políticos como Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal o Diego Santilli, periodistas como Hugo Alconada Mon, jueces como Martín Irurzun y gremialistas como Hugo y Pablo Moyano; y también en la última parte de la causa sobre los controles de los movimientos de los detenidos en cárceles federales.
Ahora, tanto acusados como acusadores podrán apelar esta decisión. La revisión estará en manos de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación, a cargo de Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos. Esa Sala -con la votación de los primeros- fue la que resolvió que el caso debía abandonar Lomas de Zamora y radicarse en Comodoro Py, ante las protestas de los querellantes kirchneristas.
El juez Marcelo Martínez De Giorgi, a cargo de la investigación, deberá ahora reencausar el expediente con los lineamientos impartidos por sus superiores. En su juzgado también se anexó el atentado registrado en la casa del ex funcionario de Defensa del macrismo José Luis Vila.
La otra causa por “espionaje” durante la administración macrista se radicó en el juzgado federal de Dolores y gira en torno al falso abogado Marcelo D’Alessio. A esa causa se anexaron otras dos investigaciones: el llamado espionaje político desde las bases AMBA y el seguimiento a los familiares de las víctimas del ARA San Juan por el que fue recientemente procesado el ex presidente Mauricio Macri. Precisamente, tanto el ex jefe de Estado como otros acusados sostienen que la causa también corresponde instruirse en Comodoro Py.
