Estados Unidos: la Corte Suprema anula el fallo que garantiza el derecho al aborto

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La Corte Suprema de Estados Unidos emitió este viernes su esperada decisión sobre el derecho al aborto, anulando el histórico fallo Roe vs Wade de 1973 que dio protección constitucional a esa práctica, acrecentando la polarización en el país.

Aunque se esperaba que la decisión se conociese la semana próxima, el máximo tribunal, dominado por una mayoría conservadora, puso fin hoy a décadas de protección al derecho al aborto, apenas un día después de otra polémica decisión que garantizó el porte de armas en público.

Los seis jueces conservadores confirmaron una ley de Misisipi respaldada por los republicanos que prohíbe el aborto después de las 15 semanas.

Respecto a la doctrina Roe vs Wade, establecieron que fue errónea porque la Constitución de Estados Unidos no menciona específicamente el derecho al aborto.

Con la decisión de la Corte Suprema el aborto no se ilegaliza sino que deja de estar garantizado a nivel federal por lo que cada estado podrá legislar si autoriza o no las interrupciones.

El gobierno del presidente Joe Biden viene trabajando a contrarreloj desde que el 3 de mayo se filtró el borrador de la decisión para lanzar una serie de medidas que, en la práctica, salvaguarde de la manera más amplia posible el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo.

Biden optaría por un paquete de órdenes ejecutivas (decretos) que irán desde eliminar las restricciones para acceder al aborto con medicamentos hasta preparar al Departamento de Justicia para que combata leyes estatales que penalizan los viajes a otros estados para someterse a la práctica.

 

El plan de contingencia del gobierno demócrata también está buscando una alternativa para los inmigrantes indocumentados, quienes plantearon preocupaciones específicas a la Casa Blanca sobre las mujeres que acceden al aborto a través de las fronteras estatales, informó CNN.

Se espera que los estados bajo control republicano se lancen a una carrera para prohibir el derecho al aborto antes de que el gobierno de Biden logre implementar medidas federales que limiten el impacto de la decisión de la Corte Suprema de hoy.

Cuando que se filtró el borrador de la Corte Suprema, Biden facultó a altos funcionarios de su administración a reunirse semanalmente con los líderes de Planned Parenthood y NARAL Pro-Choice America para que la respuesta del gobierno esté en consonancia con la expectativa de los defensores del aborto.

La política de Estados Unidos, sumida en la mayor era de polarización desde la guerra civil, vivió un fuerte sacudón cuando el sitio especializado Politico difundió el borrador de decisión de la mayoría conservadora de la Corte Suprema que pondría fin al histórico fallo Roe vs Wade.

El documento, de 98 páginas y redactado por el juez Samuel Alito, califica la histórica decisión de 1973 que consagra el derecho al aborto como «atrozmente errónea desde el comienzo».

«Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver la cuestión del aborto a los representantes elegidos por el pueblo», escribió y agregó que «la conclusión ineludible es que el derecho al aborto no está profundamente arraigado en la historia y las tradiciones de la nación«.

La tensión entre grupos a favor y en contra del aborto fue in crescendo desde entonces con, incluso, un intento de asesinato de uno de los jueces conservadores, Brett Kavanaugh.

La alarma sobre la magnitud de la reacción social a partir del fallo final de la Corte Suprema es tal que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en su último boletín, consideró que la decisión judicial representa un verdadero detonante para casos de terrorismo doméstico.

El mes pasado se instaló una cerca no escalable de casi dos metros y medio de alto alrededor de partes del edificio de la Corte Suprema y fue bloqueado el acceso al lugar por la puerta principal como medida de prevención, mientras que desde la Casa Blanca se ha insistido en las reuniones con activistas en la necesidad de que la reacción de protesta se canalice en acciones sociales y no en manifestaciones violentas.

Maricel Spini/Ámbito

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