Finalmente, uno de los proyectos que más le interesan a Mauricio Macri -lo envió al Congreso en la apertura de sesiones ordinarias de 2016- será aprobado por el Congreso. La ley de Responsabilidad Penal Empresaria, que penalizará a las personas jurídicas que cometan delitos contra el Estado, obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Legislación Penal y General de la Cámara de Diputados y mañana se tratará en el recinto, en donde se espera que obtenga el visto bueno.
Al Poder Ejecutivo y a la Oficina Anticorrupción, que comanda Laura Alonso, le interesa el proyecto porque es una de las exigencias de para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La norma ya había sido aprobada por el Cámara baja en julio de este año, aunque el Senado luego le hizo varias e importantes modificaciones, que ahora Diputados ratificaría.
En la comisión, Cambiemos votó a favor, el Frente Renovador de Sergio Massa planteó objeciones y el FpV-Pj y la Izquierda lo rechazaron.
«Empezamos a completar lo que faltaba en el marco de la lucha contra la corrupción, que era la responsabilidad penal de las personas jurídicas», expresó Daniel Lipovetzky, presidente de Legislación General.
Luego de los cambios que realizó el Senado, ahora el texto contempla solamente los delitos contra la administración pública cometidos por personas jurídicas (prescriben a los seis años) y las multas serán de dos a cinco veces la ganancia obtenida ilegalmente por la empresa. Otras de las sanciones son la suspensión de actividades por un máximo de diez años, la prohibición por diez años de participar en concursos o licitaciones y la disolución de la personería gremial cuando hubiese sido creada con el objetivo de delinquir.
Además, a diferencia de lo aprobado por Diputados en julio, ahora los delitos que abarca son cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias nacional o trasnacional, concusión, enriquecimiento ilícito y falsificación de balances.
Un artículo que quedó descartado fue el 37, que había sido rechazado en Diputados y la oposición en el Senado no cedió para incluirlo. Lo que pretendía este punto era que las empresas involucradas en casos de corrupción pudieran hacer «acuerdos administrativos» con el Poder Ejecutivo para brindar información sin intervención de la Justicia. Se lo conocía como «artículo Odebrecht». Asimismo, se eliminó que los delitos de corrupción sean imprescriptibles, que lo había agregado el massismo.
