La tensión política volvió a escalar en Venezuela, donde un joven murió por un disparo en el cuello durante una protesta, un diputado opositor fue baleado cuando daba una conferencia de prensa y la Defensoría del Pueblo denunció ataques a varias de sus oficinas, mientras la ONU y la OEA le pidieron al gobierno que respete el derecho a la manifestación y excluya a los militares de la represión de las protestas.
Daniel Queliz, quien tenía 20 años y estudiaba Derecho, murió el lunes por la noche tras recibir un disparo en el cuello durante una protesta opositora en Valencia, capital del estado Carabobo, confirmó el Ministerio Público en un comunicado.
Por otra parte, un individuo armado disparó dos veces este martes por la mañana contra el diputado Robert Alcalá, quien estaba dando una conferencia de prensa en Cumaná, capital del estado Sucre, para denunciar un ataque de bombas molotov que causó daños a la sede local del partido Acción Democrática (AD).
El atacante fue detenido por la Policía regional, según informaron el diario digital local El Pitazo y el sitio web Runrunes, pero hasta esta tarde no había trascendido su identidad ni si sería puesto a disposición de autoridades fiscales o judiciales.
Paralelamente, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, afirmó que siete oficinas del organismo a su cargo -en Caracas y los estados Anzoátegui, Carabobo, Cojedes, Portuguesa y dos en Trujillo- fueron «atacadas por grupos violentos», reportó la agencia de noticias EFE
Saab, reconocido militante chavista, había denunciado el lunes que bombas de gas lacrimógeno fueron arrojadas desde helicópteros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) con la intención de dispersar la multitudinaria protesta opositora que intentaba llegar al centro de Caracas.
Asimismo, el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos pidió al gobierno de Venezuela que respete el derecho a la manifestación pacífica y la libertad de expresión de sus ciudadanos.
Por su lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al gobierno de Venezuela a respetar y garantizar «el ejercicio de los derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica de quienes protestan en el país».
El organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), en un comunicado emitido en Washington, llamó a las autoridades venezolanas a «facilitar las manifestaciones públicas» y «cooperar» con sus organizadores, así como «excluir la participación de militares» de «los operativos de manejo de manifestaciones públicas».
El director de la ONG Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, aseguró en su cuenta de Twitter que en las cinco protestas opositoras realizadas a partir del 4 de este mes fueron detenidas 281 personas, de las cuales 134 se mantenían hoy privadas de la libertad.
Fuente: Telam
