Luego de la sanción de la ley de emergencia social en tiempo récord, la relación del gobierno de Mauricio Macri con los grupos piqueteros tendrá un nuevo desafío el año en curso. O lo que es igual, deberá sortear otro posible frente de conflicto. Es que el Ministerio de Trabajo se propuso disminuir y recortar el poder que tienen las organizaciones de la «economía popular» sobre los planes de esa cartera.
Con este horizonte, Trabajo busca acordar con las organizaciones sociales la readecuación de los programas con requisitos más restrictivos y un mayor seguimiento en materia de resultados. La dirección también se modifica: estarán focalizados hacia la reinserción laboral y «empleabilidad», a diferencia del actual sesgo «asistencial», según consideran en la repartición oficial.
Si bien la idea es que los movimientos sociales continúen con su rol de nexo con el universo de potenciales beneficiarios, la intención es terminar con la lógica de «reparto» de los recursos entre los afiliados de las organizaciones y que éstas dejen de cumplir con el «rol de efectores» de las políticas públicas. En otras palabras, se pasará a un esquema en que el registro y acceso sea de manera directa, sin intermediarios.
En general, el Ministerio buscará que los participantes sigan percibiendo la ayuda económica mensual una vez que accedan a un empleo formal en el sector privado. La asignación funcionará como «subsidio al empleo» y podrá ser utilizada por los empleadores como parte del ingreso mensual acordado. Ese mecanismo está vigente en otras líneas, como las acciones de Entrenamiento para el Trabajo (EPT) e Inserción Laboral (PIL), que se aplican de manera conjunta con las empresas.
Cambio de enfoque
El cambio de las reglas de juego con las organizaciones sociales se veía venir. La desconfianza con la utilización de los programas del Ministerio de Trabajo ya había quedado reflejada en el informe «El estado del Estado» de diciembre de 2015, en el que se diagnosticó que estos planes, en vez de «mejorar la productividad y empleabilidad de los participantes, fueron usados con una lógica clientelar» durante el período kirchnerista.
«Se priorizó el apoyo político de los participantes, pero no se les brindaron las herramientas para reinsertarse en el trabajo. Según una encuesta de la Universidad Nacional de La Plata, el 84% de los beneficiarios creía que este tipo de programas eran más un instrumento político que de reinserción laboral. Además, el gobierno anterior no recopiló información que permitiera analizar qué tan buena era la focalización de los programas ni evaluar su impacto», señalaba el documento.
Una organización cercana al Papa cuestionó al Gobierno horas antes del encuentro con Macri
Pero los cambios que vendrán, sobre todo, para cumplir las metas de reducir el déficit en el Estado. Según lo planeado, los funcionarios de Trabajo se proponen lograr «un ahorro cercano a los 1.000 millones de pesos debido a 10 políticas que no siguen» este año en la cartera laboral. Ahora bien, en el interior de dependencia estatal aseguran que el «ahorro» ya se daba en los hechos mediante subejecución presupuestaria y con la no utilización de acciones financiadas por el Banco Mundial -un incumplimiento que se paga con multas, aclaran-.
Entre los planes que serán anulados y «simplificados», aparecen el de Entrenamiento en el Trabajo e Inserción Laboral, que tuvo el año pasado un presupuesto de 570 millones de pesos; el Seguro de Capacitación y Empleo (SCyE), con 200 millones de pesos asignados; el Programa Empleo y Capacitación (PEC), con $36 millones, y otro de Formación Profesional Pública, que dispuso de 20 millones de pesos; según los datos de un documento interno del Ministerio al que tuvo acceso Infobae. De ese grupo, los planes que no continuarán son el PEC y el SCyE.
Hasta octubre pasado, los fondos del conjunto de programas se distribuyeron de la siguiente manera entre las organizaciones sociales: Barrios de Pie encabeza el listado con un promedio mensual de $11.348.619, le siguió la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) con $10.426.800; la Tupac Amaru (que lidera la encarcelada dirigente Milagro Sala), con $7.832.600; la Martín Fierro, con $7.519.770; la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), con $7.100.025, y una organización sanjuanina (UyE), con 6.673.200 pesos.
En total, durante ese período se repartieron $762.430.675 entre las agrupaciones territoriales de la economía social, con un flujo de $86.946.449 mensuales.
La reformulación y discontinuidad de los planes está en sintonía con la mirada del nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien llegó para reducir el déficit fiscal y el gasto público en las dependencias del Estado. Pero ese pedido preciso ya lo había iniciado uno de los coordinadores del Gabinete, Mario Quintana, cuando exhortó en un encuentro de 600 funcionarios en el Centro Cultural Kirchner (CCK) para «mejorar unos 200 programas en ejecución» mediante su reestructuración o fusión con otras iniciativas.
