Ricardo Echegaray estuvo al frente de la AFIP desde diciembre de 2008 hasta el 10 de diciembre de 2015. Durante esos siete años su gestión, sin dudas, generó polémicas. Dentro de estos cuestionamientos, uno de los más reiterados es el referido a la actuación que tuvo la AFIP en la causa por el supuesto uso de facturas truchas por parte de Austral Construcciones, la nave insignia de Lázaro Báez, que está al borde de la quiebra. Por este caso está detenido en Bahía Blanca Juan Suris, sospechado de ser el jefe de una organización ilícita que emitía documentación fiscal apócrifa a nombre de la empresa de Báez.
Desde distintos sectores políticos y también desde el ámbito judicial acusaron al organismo recaudador de brindarle una supuesta «protección» a Lázaro Báez en esta causa.
Infobae accedió a numerosos documentos que están en distintas causas judiciales y pudo consultar a fuentes tanto en Bahía Blanca como en la Ciudad de Buenos Aires. Toda esta información recogida fue analizada con expertos tributaristas independientes y con funcionarios de la Dirección Regional Bahía Blanca de la AFIP quienes concluyeron que la actuación del organismo bajo la gestión de Echegaray parece haber sido correcta.
Cómo se inicia la causa
El caso por el uso de facturas apócrifas en la ciudad de Bahía Blanca emitidas por el denominado Grupo Suris sale a la luz y toma conocimiento público en octubre de 2014, con una amplia cobertura mediática, denuncias de sectores políticos opositores al gobierno de Cristina Kirchner y actuaciones incluso ante la Justicia. Tras la irrupción del caso, la Justicia de Bahía Blanca libró un oficio a la AFIP. Un oficio es una nota emitida por un juez o fiscal para solicitar una información o comunicar a un organismo estatal o privado que debe cumplir una determinada orden que se ha dictado.
En ese documento, de fecha 21 de octubre de 2014 le informa al Director de la AFIP Bahía Blanca la existencia de la causa por las supuestas facturas truchas del Grupo Suris y envía también fotocopias de las notas periodísticas sobre el tema. Además, le pide un informe detallado acerca de si se han iniciado actuaciones sobre firmas locales presuntamente proveedoras de facturas apócrifas. Si coinciden con las mencionadas en las notas periodísticas, el estado de las investigaciones y si se han realizado denuncias penales.
En respuesta a ese pedido, la AFIP Bahía Blanca contesta: Que se han iniciado numerosas actuaciones sobre firmas locales vinculadas a la determinación de posibles usinas proveedoras de facturas apócrifas, y también sobre posibles usuarios de esos documentos. Y agrega que desde 2010 se han tramitado un total de 90 casos de posibles proveedores de facturas apócrifas.
Que respecto a las firmas mencionadas en las publicaciones periodísticas, cuatro de ellas han sido o son objeto de fiscalizaciones por parte de esa dependencia. Las firmas fiscalizadas son: CALVENTO S.A., GRUPO PENTA S.A., CONSTRUCTORA PATAGONICA ARGENTINA S.A. e IBEROAMERICANA DE SERVICIOS S.A.
Que no se han efectuado denuncias penales porque aún no se había cumplido el requisito que impone la Ley Penal Tributaria para que la AFIP pueda denunciar. Este requisito es que se haya hecho la determinación de oficio, que es un procedimiento para establecer cuál es la deuda que tiene un contribuyente con el fisco. En este caso, este proceso estaba en marcha pero no estaba terminado.
Luego la AFIP recibe un nuevo pedido de la Justicia para que amplíe el primer informe solicitado. Esto fue contestado el 14 de noviembre de 2014. Como cierre de esta etapa -el 26 de noviembre de 2014- el Fiscal Federal de Bahía Blanca envía un oficio a la Regional local de la AFIP convalidando lo actuado hasta ese momento por el organismo.
En la nota el fiscal pone en conocimiento al director de la dependencia que «con la respuesta brindada al pedido efectuado mediante oficio, y la documentación adjuntada, se tiene por satisfecho el informe oportunamente requerido». Es decir, la actuación de la AFIP era correcta.
Un dato que no se puede soslayar, es que en esta causa la Administración Federal de Ingresos Públicos es querellante, es decir actúa como si fuera un fiscal más, tiene acceso a la causa y puede ofrecer prueba.
Cuál era la situación de la Regional Bahía Blanca
Margarita Stolbizer, en enero de 2015, hizo una denuncia penal contra el titular de la AFIP y funcionarios de la Regional de Bahía Blanca. Uno de los argumentos que presentó es que Echegaray había disuelto la Regional Bahía Blanca para, supuestamente, entorpecer o paralizar la investigación y, al mismo tiempo, reubicar los expedientes en lugares y con personal «más amigable».
En su hipótesis, esta era una de las maniobras para «proteger» a Lázaro Báez. Hay que recordar que Austral Construcciones era la usuaria de las facturas presuntamente apócrifas emitidas por el Grupo Suris.
Según se desprende del expediente -al que tuvo acceso Infobae- y los testimonios recogidos en Bahía Blanca y en Buenos Aires, la medida fue una represalia contra el gremio de los empleados de la AFIP por el alto nivel de conflictividad que existía en esa región. Infobae pudo corroborar que la disolución de la Regional Bahía Blanca nada tuvo que ver con el caso Báez. El verdadero motivo del cierre fue confirmado por una acción de amparo que presentó el gremio donde revela la existencia de esa conflictividad.
Entre la documentación compulsada por Infobae, hay actas del Ministerio de Trabajo de la Nación que dan cuenta del conflicto que existía entre el gremio y Echegaray. El fallo del amparo presentado por el sindicato dice «el cierre de la Dirección Regional de Bahía Blanca tiene como única finalidad dar un marco de legalidad a la deliberada decisión de quitarles el cargo a los funcionarios del área como sanción por el grado de acatamiento de los trabajadores a las medidas de fuerza sindicales y de propagar el temor entre los dependientes».
Queda claro que el objetivo del cierre era una «sanción ejemplificadora» y una señal hacia otras regionales que pudieran cuestionar las ordenes que venían desde la oficina central del organismo recaudador.
La puja continuó y -según pudo constatar Infobae- el sindicato envió el 26 de noviembre de 2013 una nota al entonces Jefe de Gabinete Jorge Capitanich, solicitándole su intervención a fin de darle solución al problema.
Finalmente, en diciembre de 2013, Echegaray devuelve a Bahía Blanca su estatus de Regional. De acuerdo con la documentación a la que tuvo acceso Infobae, en el período en el que estuvo disuelta la Regional Bahía Blanca los expedientes siguieron abiertos y su investigación a cargo de los mismos funcionarios, ya que existía la orden expresa para que las carpetas se mantuvieran en manos de los que venían trabajando.
Cómo investigó la AFIP a Lázaro Báez por el uso de facturas truchas
En su denuncia, la diputada nacional Stolbizer señaló que la AFIP investigaba a las «usinas» emisoras de facturas truchas pero no a sus usuarios, entre los que se encontraba Austral Construcciones. La instrucción del fiscal Guillermo Marijuán pudo comprobar, sin embargo, que sí se habían realizado actuaciones. La causa terminó con el sobreseimiento de todos los imputados, luego de confirmarse en el expediente las acciones llevadas adelante por la AFIP para investigar a la empresa de Báez:
Con fecha 20 de enero de 2015 se encuentra agregada a las actuaciones judiciales un informe de la Dirección Regional Microcentro, la dependencia correspondiente al domicilio fiscal de Austral Construcciones. Allí se indica que a raíz de los informes recibidos de Bahía Blanca se dispuso realizar una inspección específica a Austral Construcciones por ser considerada presunta usuaria de facturación apócrifa.
Esa inspección se inició el 3 de diciembre de 2014. El 4 de diciembre de 2014 la AFIP solicitó la intervención de la División de Intercambio de Información Tributaria a fin de cursar a la Confederación Suiza y a los Estados Unidos un pedido para que informe si existían en esos países cuentas bancarias a nombre de Austral Construcciones, y en caso afirmativo sus saldos y movimientos.
El 20 de enero de 2015, la Dirección Regional Bahía Blanca se presenta en el expediente iniciado por la denuncia de Stolbizer y da un informe pormenorizado de las actuaciones hechas por esa dependencia en el marco de la investigación por las supuestas usinas de facturas apócrifas y su vínculo con Austral Construcciones.
El 22 de enero de 2015 le respondieron a la AFIP que como en Suiza y Estados Unidos rige el secreto bancario el pedido lo tiene que hacer el juez de la causa a través de exhortos a los jueces suizo y estadounidense competentes.
El 11 de marzo de 2015, en un informe solicitado por la Justicia, la Regional Microcentro sugiere pedirle al juez que arbitre los medios necesarios para que obtener la información de Suiza y Estados Unidos.
El 29 de diciembre de 2014, la AFIP pidió ser tenido por parte querellante ante el juez federal Sebastián Casanello. Ante ese magistrado, Austral Construcciones había presentado documentación para tratar probar que las facturas que le había emitido el Grupo Penta no eran por una actividad comercial que nunca existió y al sólo efecto de defraudar al fisco. Mientras tanto la AFIP continuó con su actividad investigativa.
Una vez que accedió a la presentación de Baéz en el juzgado de Casanello, la AFIP dispuso a lo largo de 2015 una batería de medidas investigativas sobre la empresa de Lázaro Báez y también sobre Penta, que era la que en términos técnicos-tributarios era la más comprometida, al estar considerada la usina de facturación apócrifa.
De lo que pudo averiguar Infobae con funcionarios fiscales con sede en la Regional Microcentro, la investigación siguió su marcha sin que tuviera resolución hasta el cambio de gobierno en diciembre pasado. Es decir, ahora la continuidad de dicha investigación está en manos de las nuevas autoridades la AFIP.
