El presidente Alberto Fernández aseguró que «el verdadero progreso se construye con todos adentro», al marcar la necesidad de la integración de los sectores más vulnerables, en su discurso ante la inauguración de la 75° Asamblea General de las Naciones Unidas, realizado en forma virtual por la pandemia de coronavirus.
Consideró que la vacuna contra el coronavirus debe ser considerada como «un bien público global, accesible a todas las naciones”.
Fernández llamó a «recrear el multilateralismo basado en la solidaridad, globalizándola», siguiendo los mensajes del papa Francisco, para «salir mejores y no peores de esta crisis» y afirmó que desde la llegada de este Gobierno el eje fue «el espíritu solidario.
El jefe de Estado afirmó que “el endeudamiento tóxico constituye un freno al desarrollo” de los países, destacó que Argentina haya renegociado su deuda externa con acreedores privados “en plena pandemia” y afirmó que «nadie puede pagar a costa del sacrificio de los pueblos».
El mandatario instó a la comunidad internacional a que «facilite la reestructuración ordenada» de deudas, al tiempo que destacó que la Argentina prioriza los derechos humanos, que son una política «fundamental del Estado», y las políticas de género.
El discurso completo del Presidente:
«Estimado Secretario General, estimado Presidente, miembros de esta honorable Asamblea:
La Argentina fue uno de los Estados fundadores de las Naciones Unidas hace 75 años. Hoy vivimos una crisis sanitaria de dimensiones planetarias que nos invitan a un nuevo comienzo.
El Papa Francisco nos interpela a todos, especialmente a los líderes reunidos en esta ocasión, a pensar en cómo salir mejores y no peores de esta crisis.
Inspirado en su prédica y en su ejemplo, vengo a ratificar un llamamiento al mundo entero a recrear un multilateralismo basado en nuestra solidaridad.
No es tiempo de globalizar la indiferencia sino de globalizar la solidaridad en múltiples dimensiones.
Esta pandemia nos ha revelado frágiles y ha recreado la necesidad de construir puentes entre personas, entre naciones y entre regiones.
Si estamos siendo capaces de fabricar respiradores artificiales uniendo piezas y saberes de diferentes regiones del planeta, tenemos que ser capaces de soñar y construir “respiradores no-artificiales” para el tiempo de la post-pandemia.
Si estamos uniendo esfuerzos de médicos, investigadores, inversionistas y sistemas científicos de todo el planeta para descubrir una vacuna que prevenga el Covid-19, tenemos que ser capaces de soñar y construir una vacuna contra la injusticia social, la depredación ambiental, la discriminación en todas sus formas.
Este espíritu solidario es el que mi gobierno ha priorizado desde su llegada, porque de la pandemia, al igual que de la pobreza, “nadie se salva solo”.
Es por eso que, desde los primeros momentos de la pandemia, la Argentina priorizó la salvaguarda de la vida y el cuidado de los más vulnerables, implementando una serie de medidas de emergencia que permitieron evitar el colapso del sistema de salud y mitigar las consecuencias inmediatas de la pandemia.
Se brindó alivio inmediato a las familias y a las empresas mediante múltiples medidas, con un Estado presente y activo.
En este mismo espíritu de solidaridad, nosotros sostenemos que la vacuna que se produzca para prevenir la enfermedad tiene que ser un bien público global accesible a todas las naciones de una manera equitativa.
Nos sumamos a las resoluciones adoptadas en ese sentido por esta Asamblea General y hemos puesto a disposición nuestras capacidades para la investigación y la producción de la vacuna.
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Me puse como objetivo de gobierno “volver a poner a la Argentina de pie”. Podemos juntos “volver a poner al mundo de pie”.
Ello requiere que reconozcamos la importancia del equilibrio.
El equilibrio es restablecer las prioridades del sistema multilateral, “empezando por los últimos para llegar a todos”.
Tenemos que ser arquitectos de una nueva “casa común”.
Antes de la aparición de la pandemia, se planteó la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hay acuerdos sobre rehabilitar la Organización Mundial de Comercio. Se planteó la crisis del mecanismo de las instituciones de Bretton Woods, que habían demostrado limitaciones para responder a la crisis financiera de 2008-2009.
Todos eslabones de la arquitectura multilateral nacida de la posguerra.
La pandemia también ha puesto en crisis las clásicas métricas para determinar el acceso a los recursos para el desarrollo. Indicadores utilizados comúnmente para clasificar las necesidades de los países, como el ingreso per cápita, no dan cuenta de las desigualdades y realidades diversas que existen dentro de un mismo país.
Asimismo, convertimos en invisible el trabajo que millones de personas, mayoritariamente mujeres, aportan con el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.
Resulta indispensable también rever el modo en que concebimos la cooperación, adoptando una perspectiva multidimensional que vaya más allá del ingreso per cápita para determinar los criterios de elegibilidad para recibir Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).
Más del 60% de los pobres habitan en países de renta media. Si no atendemos a estos países, en forma solidaria, y entendiendo que el verdadero progreso se construye “con todos adentro”, difícilmente logremos realizar avances decididos hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Todo lo anterior nos indica que resulta imprescindible dinamizar la capacidad de las Naciones Unidas para dar respuesta al mandato para la que fue creada.
Necesitamos unas Naciones Unidas 4.0, con sus valores fundacionales intactos y con la lucidez para incorporar los inmensos cambios tecnológicos en marcha, para hacerlos más humanos, más democráticos y más inclusivos socialmente.
Todo esto marca la necesidad de una profunda reflexión, que trasciende la respuesta dada a la pandemia.
El camino de salida de la pandemia y hacia los objetivos de la Agenda 2030, requiere promover políticas económicas, industriales y sociales orientadas al cambio estructural de nuestras economías.
El compromiso con la agenda ambiental requiere una importante provisión de recursos financieros, creación de capacidades y transferencia de tecnología por parte de los países desarrollados, a la luz del Principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas.
Nuestro país está comprometido con una agenda de transición justa hacia el desarrollo integral y sostenible. Transición justa refiere a la gradualidad, el refuerzo de la productividad y competitividad de la economía y la creación de empleos.
Estamos firmemente convencidos de que es necesario un compromiso colectivo para lograr la pronta y efectiva implementación del Acuerdo de París.
Nadie se salva solo en un planeta que se incendia, se inunda o se envenena.
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En este tormentoso contexto global, el endeudamiento externo tóxico e irresponsable con fines especulativos constituye otra ola de atraso y subdesarrollo.
Argentina logró sellar un importante acuerdo con casi la totalidad de sus acreedores externos privados, convirtiéndose en uno de los primeros países en enfrentar el desafío de afrontar una reestructuración de deuda en el marco de la pandemia.
El apoyo de la comunidad internacional, que incluye a varios de los países aquí presentes, como al sector privado, la sociedad civil y la comunidad académica internacional ha sido clave para recuperar la sostenibilidad de la deuda pública.
Las negociaciones con el FMI se encararán de la misma manera, de forma responsable, siendo respetuosos de los compromisos contraídos, evitando al mismo tiempo poner en riesgo las condiciones que permitan la reactivación económica y la construcción de un sendero de desarrollo inclusivo y sostenible.
Hace poco más de 5 años, el 10 de septiembre de 2015, esta Asamblea General aprobó la Resolución 69/319 sobre Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana.
El posicionamiento de la Asamblea General sentó un precedente para la gobernanza de las finanzas internacionales y el reconocimiento de los derechos económicos soberanos frente a comportamientos abusivos y extorsivos.
Todo ello con el objetivo de dar racionalidad y previsibilidad a los procesos de reestructuración de deuda, con base en la buena fe, la transparencia, el trato equitativo, la inmunidad soberana de jurisdicción y de ejecución, la legitimidad, la sostenibilidad y la reestructuración por mayoría.
Instamos a la comunidad internacional a continuar buscando nuevas alternativas multilaterales que faciliten la reestructuración ordenada de las deudas y asegurar la mayor disponibilidad de recursos para la aplicación de políticas públicas para enfrentar la pandemia y sostener el crecimiento inclusivo.
Ningún país puede pagar su deuda a costa de que su pueblo quede sin salud, sin educación, sin seguridad o sin capacidad de crecer.
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También es equilibrio priorizar los derechos humanos por sobre todo lo demás.
La promoción y protección de los derechos humanos es de hecho una política fundamental del Estado argentino desde 1983. Esta decisión se ha traducido en la ratificación y el otorgamiento de rango constitucional a todos los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes y en nuestra activa participación en el sistema universal y regional.
Las banderas de memoria, verdad y justicia guían las instituciones de nuestra democracia, al igual que el respeto a la diversidad y la inclusión.
El mundo pos-pandemia puede exacerbar la grave crisis de refugiados y desplazados que afronta el planeta y nuestra región. La respuesta debe ser la promoción y garantía de los derechos humanos de los migrantes.
Como nunca antes, nuestra condición humana nos demanda solidaridad. No podemos quedar pasivos frente a sanciones que suponen bloqueos económicos que solo asfixian a los pueblos en medio de esta crisis humanitaria.
La lucha contra todas las formas de discriminación y el consecuente compromiso con los derechos de las personas y grupos vulnerables e históricamente discriminados, es parte de esta política del Estado argentino que se proyecta en las numerosas iniciativas que la Argentina apoya y lidera.
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La crisis global provocada por el COVID-19 también ha puesto de manifiesto la grave desigualdad de género.
Para nuestra sociedad, el logro de la igualdad sustantiva entre varones y mujeres es una prioridad y un pilar central de la democracia argentina.
Mi gobierno está comprometido con ella y es por eso que, por primera vez en la historia, hemos creado el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, así como un Gabinete Nacional para hacer transversales las Políticas de Género.
Nuestro gobierno decidió reforzar las acciones y dispositivos nacionales de atención a las mujeres víctimas de violencia, al tiempo que hemos instrumentado un enfoque de género en las medidas de protección social y laboral, y hemos promovido la corresponsabilidad y una distribución más justa de las tareas de cuidado.
El compromiso ya es evidente. Argentina ha sido clasificado en el ranking de la ONU como el país que más medidas con perspectiva de género implementó durante la pandemia.
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No quisiera dejar de ratificar que la Argentina condena al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y privilegia su tratamiento en el marco de los foros multilaterales. Siempre en el marco del imperio del estado de derecho y el respeto a los derechos humanos.
A 26 años del atentado a la sede de la AMIA quiero continuar la política iniciada en este ámbito en 2003 y continuada posteriormente, y requerir a las autoridades de la República Islámica de Irán que cooperen con las autoridades judiciales argentinas para avanzar en la investigación de dicho atentado.
También solicitamos a la comunidad internacional cumplimentar las solicitudes contenidas en las cédulas rojas de Interpol ante la eventual presencia de un imputado en sus territorios, algo que Argentina jamás dejó de reclamar.
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Para terminar, quiero reafirmar los legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, los cuales forman parte integrante del territorio nacional argentino. Y que se encuentran ocupados ilegalmente por el Reino Unido desde hace ya más de 187 años.
Este año se cumplirán 55 años de la resolución 2065, la primera adoptada por esta Organización relativa a la Cuestión de las Islas Malvinas que solicitó a la Argentina y al Reino Unido mantener negociaciones que permitiesen alcanzar una solución pacífica y definitiva a esta disputa de soberanía.
Ese pedido se ha mantenido vigente y ha sido renovado en múltiples ocasiones, más recientemente con la adopción por consenso de una nueva resolución sobre la Cuestión por parte del Comité Especial de Descolonización el pasado 5 de agosto.
El Reino Unido persiste en su actitud de desoír el llamado a reanudar las negociaciones respecto de la disputa territorial y ha agravado la controversia por los llamados a la explotación ilegal y unilateral de los recursos naturales renovables y no renovables en el área, acción contraria a la resolución 31/49 de esta Asamblea-
También insiste con la injustificada y desmedida presencia militar en las Islas, que no hace más que traer tensión a una región caracterizada por ser una zona de paz y cooperación internacional.
Hemos solicitado al Sr. Secretario General que renueve sus esfuerzos en la misión de buenos oficios que le fuera encomendada por esta Organización. Confiamos en que esta misión puede ser de gran asistencia para que podamos dar cumplimiento a lo dispuesto por la comunidad internacional.
Quisiera despedirme de esta honorable Asamblea, haciendo un llamamiento para que aprovechemos esta oportunidad histórica de unirnos como sociedad para hacer frente a una crisis sin precedentes.
La pandemia del coronavirus se ha llevado la vida de más de 1 millón de personas, y está dejando dolorosas secuelas que se manifiestan en mayor pobreza, hambre, y desigualdad, poniéndonos de nuevo a prueba.
Espero que la solidaridad, el diálogo y la cooperación entre naciones, como alguna vez supimos hacerlo, sigan siendo el camino para enfrentar los desafíos que tenemos como humanidad.
Fuente: telam
