Lázaro Báez podría arrancar el año judicial tan mal como terminó el 2016. Las malas noticias esta vez provienen del expediente donde se investigan los préstamos y un fideicomiso otorgados por el Banco Nación a Austral Construcciones y Kank & Costilla, del empresario K. Días antes de la feria de enero, los peritos contables de la Corte Suprema le entregaron al juez Daniel Rafecas el informe final. Con esos datos, el magistrado quedó habilitado para llamar a indagatoria a Báez y a una veintena de ex funcionarios.
En esa causa se investiga una compleja maniobra financiera para beneficiar a Báez desde 2008. Según el fiscal Carlos Stornelli, quien pidió las indagatorias de todos los acusados en septiembre del año pasado, la maniobra tuvo dos etapas. En la primera, los funcionarios del Banco Nación «podrían haber facilitado la gestión y aprobación de facilidades financieras para permitir el otorgamiento de préstamos para cubrir el giro en descubierto en las cuentas de dichas firmas (Austral y Kank & Costilla)». Como garantía, la entidad recibía los certificados de obra pública que le otorgaba generosamente el gobierno de Cristina Kirchner.
«La maniobra -relata el dictamen del fiscal- fue perfeccionándose, ya que a medida que vencían los plazos del dinero otorgado para giros en descubierto se otorgaban nuevas facilidades para nuevos giros en descubiertos, y estas autorizaciones cubrían las deudas de las firmas con la entidad bancaria por las facilidades que se le otorgan en primera instancia».
Esos beneficios comenzaron en 2008, un año antes de abrir cuentas en el Banco, y se fueron renovando sistemáticamente desde el directorio del Nación hasta que el entonces gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta habría restringido el pago de los certificados de obra. En ese momento se creó un nuevo mecanismo de rescate financiero para Báez, un fideicomiso que alcanzó la suma de 350 millones de pesos a una tasa anual del 12%. Ese fue el comienzo de la segunda etapa. «El fideicomiso financiero le permitió a las firmas (de Báez) contar con dinero para el giro comercial de las obras adjudicadas», destacó el fiscal al pedir las indagatorias.
La maniobra financiera comenzaba en la sucursal Río Gallegos, donde las dos firmas involucradas tenían cuenta bancaria, luego pasaba a Comodoro Rivadavia y terminaba en el directorio de la entidad por los montos involucrados.
El año pasado, la diputada Margarita Stolbizer, a través de su abogada Silvina Martínez, presentó una ampliación de la denuncia y reclamó que se investigue a los funcionarios que avalaron las decisiones políticas y administrativas que permitieron las maniobras financieras.
«El verdadero sostén financiero del grupo Báez fue a través de Nación Fideicomiso, a través de una estructura financiera diseñada por Leonardo Fariña cuando asesoraba a Báez y cuya operatoria habría sido descripta en su última declaración indagatoria en la causa conocida como La Ruta del dinero», destacaba esa presentación.
En septiembre, Stornelli pidió la indagatoria del ex titular del Nación, Juan Carlos Fábrega, y de varios ex gerentes y directores de la entidad. También reclamó que sean citados Báez, su hijo Martín y otras personas de su entorno como Julio Mendoza, Fernando Butti y Claudio Bustos.
Rafecas no hizo lugar al pedido y pidió avanzar con el peritaje contable. Antes de la feria judicial, el informe final -de apenas doce carillas- aterrizó en el juzgado. Está firmado por tres peritos de parte y uno oficial. Ese documento podría destrabar finalmente las indagatorias.
