El fiscal federal Gerardo Pollicita rechazó la venta del Grupo Indalo al contestar un requerimiento del juez Julián Ercolini en el expediente donde se investiga a Cristóbal Lópezy a otros directivos del holding empresario por presunta defraudación contra la administración pública.
Indalo es el holding que reúne a varias compañías del empresario patagónico y cuyo paquete accionario pretende ser adquirido por Jorge Ignacio Rosner y Sebastián Dellatore en representación de capitales extranjeros. Para ello, los imputados solicitaron que se levante la inhibición general trabada sobre los bienes del grupo.
En base a un pormenorizado análisis sobre «la falta de capacidad económica y financiera del comprador», «las inconsistencias del contrato de compraventa de acciones» y del «supuesto plan estratégico de inversión», Pollicita estableció que levantar las medidas cautelares podría significar un riesgo para los intereses del Estado Nacional, que es cobrar el dinero que el grupo le adeuda al fisco.
Técnicamente el fiscal lo describió así: «Lo expuesto hasta el momento permite afirmar quelejos de contener una propuesta seria y documentada de cómo se instrumentará un plan de negocios, en el que quienes adquieran la propiedad del GRUPO INDALO asumiendo un riesgo inviertan dinero con el objetivo de recomponer la marcha de los negocios y obtener un provecho por ello, evidenciaría una ingeniería societaria y legal compleja tendiente a lograr adquirir las empresas del grupo y sus bienes a un valor simbólico y obtener así los máximos beneficios posibles trasladando los riesgos a terceros —en particular al Estado Nacional».
El fiscal precisó además que durante la investigación se corroboró que los dueños de Indalo, junto al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, «se dedicaron sistemática y constantementea defraudar al Estado Nacional a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos (en adelante ICL)».
La maniobra consistió en que la AFIP no exigiera a la empresa petrolera del grupo, OIL COMBUSTIBLES, el pago del ICL, un impuesto que es cobrado a los consumidores cada vez que cargan nafta. A partir de este ardid, se acumuló una deuda de 8 mil millones de pesos.
«En simultáneo, los empresarios a cargo de la dirección de la compañía retiraban las sumas que eran percibidas pero no depositadas al Fisco y las entregaban en concepto de préstamos —incluso con tasas inferiores a las que le otorgaba la AFIP— tanto a ellos mismos como a otras empresas del grupo, lo que les permitió aumentar su patrimonio y expandir su conglomerado societario financiándose espuriamente con los fondos públicos merced del acuerdo ilícito con los funcionarios nacionales», explicó el fiscal.
