El Congreso pidió exhumar los restos del dictador Francisco Franco para sacarlo del Valle de los Caídos, con el propósito de «resignificar» uno de los últimos monumentos de exaltación al fascismo que quedan en pie en Europa.
Sin embargo, el Ejecutivo del Partido Popular (PP) ya se negó a desenterrar al caudillo y probablemente hará caso omiso al pedido de la Cámara Baja, por tratarse de una propuesta no vinculante impulsada por la oposición.
Entre otras medidas, se propone dictaminar la ilegitimidad de los tribunales franquistas y la nulidad de sus sentencias, así como dotar de presupuesto a la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 para asumir de una vez por todas el proceso de exhumación de las víctimas del franquismo.
La iniciativa, presentada por el Partido Socialista (PSOE), saldrá adelante por segunda vez en dos meses, puesto que la Comisión Constitucional ya dio luz verde al mismo texto el pasado 8 de marzo con apoyo de Unidos Podemos, Ciudadanos, los independentistas catalanes y vasco, y el Partido Nacionalista Vasco (PNV).
El PP de Rajoy votó en contra y su socio navarro de UPN se abstuvo.
El texto no vinculante, que será votado por los diputados el jueves próximo, emplaza al gobierno a cumplir la Ley de Memoria Histórica promulgada hace casi 10 años por el presidente del gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
También lo exhorta a poner en práctica las recomendaciones del grupo de expertos de Naciones Unidas que en 2011 planteó trasladar a otro lugar los restos de Franco, fallecido en 1975, y de José Antonio Primo de Rivera, muerto en 1936 y fundador del movimiento fascista Falange Española.
El Valle de los Caídos, actualmente tumba y mausoleo, fue construido por el dictador para conmemorar su victoria frente a los republicanos. Allí yacen los cuerpos de 33.847 personas que perdieron la vida durante la Guerra Civil española (1936-1939).
A mediados del año pasado, la Justicia española autorizó por primera vez en la historia la exhumación de dos víctimas anarquistas, los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás, cuyos cuerpos fueron sepultados ilegalmente junto a los restos de su propio verdugo hace 80 años.
A pesar de que la sentencia es «firme», la institución estatal Patrimonio Nacional -responsable del Valle de los Caídos- «no permitió todavía el acceso de los expertos científicos para realizar las tareas de exhumación y análisis de ADN», recordó hoy en declaraciones a Télam el abogado de la familia Lapeña, Eduardo Ranz.
«Debería hacerse un estatuto jurídico del Valle de los Caídos, para darle un reconocimiento a las víctimas y convertir este monumento, que representa la victoria del fascismo, en un recinto de memoria como el de la ESMA» de Buenos Aires, añadió el letrado, escéptico respecto del avance que pueda producirse tras la iniciativa parlamentaria que carece de apoyo por parte del oficialista PP.
Los hermanos Lapeña representan a los miles de «muertos clandestinos» del bando republicano, no identificados y trasladados de fosas comunes al Valle de los Caídos sin consentimiento de sus familias y que actualmente comparten sepulcro con Franco y Primo de Rivera en el mayor legado monumental del franquismo y el «nacional catolicismo», situado en el valle de Cuelgamuros, en el municipio madrileño de San Lorenzo de El Escorial.
No hay constancia de que la voluntad del «generalísimo» haya sido ser enterrado allí, pero el hecho de que finalmente lo esté dificulta el objetivo de convertir el lugar en memorial democrático y de reconciliación, según la propuesta.
«El camino de la memoria histórica ha sido y sigue siendo estrecho, tortuoso y tardío», dijo el vocero socialista en la Comisión constitucional, el catedrático Gregorio Cámara, al defender la iniciativa.
«Na hay nada en la ley de Memoria histórica, ni una sola línea, que no pueda ser respaldada por un demócrata. Responde a principios comunes como la dignidad de las personas», remarcó.
El diputado recordó que tras llegar al poder en 2011, Rajoy dejó prácticamente sin efecto al ley al suprimir la Oficina de Víctimas que tenía como propósito facilitar las exhumaciones. La ley estaba dotada de un presupuesto de 6,2 millones de euros, y con el PP se bajó a 2,5 millones, hasta que en 2013 directamente se la vació de recursos.
«El gobierno tiene el deber democrático de cambiar su actitud y persuadirse de que la memoria histórica es la memoria de todos, y es la memoria para la verdad, para la dignidad y justicia», indicó el socialista.
El proyecto, o Proposición no de Ley (PNL) propone «asumir la localización y exhumación de fosas e identificación de cadáveres», lo que incluiría la creación de un banco de ADN y también dar «apoyo institucional, legal y financiero a los familiares y asociaciones».
En cambio, quiere quitar las subvenciones a las fundaciones vinculadas al franquismo.
También reconocer las infraestructuras y obras que fueron hechas con el trabajo forzado de los presos políticos de la dictadura franquista, entre ellas el propio Valle de los Caídos; y crear una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes cometidos. Asimismo, otorgar la nacionalidad a los hijos de exiliados que huyeron por la dictadura.
Unidos Podemos respalda la medida aunque exige mayor implicación del Estado en las exhumaciones, la anulación de las sentencias y para que el Valle de los Caídos deje de ser el «conjunto monumental fascista más grande de todo el mundo».
Los liberales de Ciudadanos, por su parte, señalaron que el apoyan la propuesta porque «el reconocimiento y reparación de las víctimas» no es algo de un partido sino que temen que ser «común del sistema democrático», según afirmó el diputado José Manuel Villegas.
En tanto, el diputado independentista catalán Joan Tardá llamó «hipócritas a los socialistas» y aseguró que su partido «nunca va a legitimar el modelo de impunidad español», y que, por el contrario», instará al gobierno a presentar «una ley de verdad, en línea con los dictamines de Naciones Unidas y repare a las víctimas de la dictadura, como en otros países».
Fuente: Telam
