Se consideran un equipo infranqueable, tomaron nota de la experiencia de los Estados Unidos, y conforman un grupo de 30 personas donde conviven especialistas en seguridad, informáticos, psicólogos, contadores de finanzas internacionales y médicos toxicológicos.
Todo esto forma parte del equipo especial anticorrupción que armó el Ministerio de Seguridad para controlar los 96.700 agentes de la Policía Federal, la Prefectura, Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Creado por resolución interna, este grupo integra el sistema de protección administrativa del personal de fuerzas de seguridad y ya lleva varios meses trabajando en sigilo bajo las ordenes de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Así, se empezó a hacer una depuración interna de policías y uniformados de diversas fuerzas salpicados por casos de corrupción o conductas indebidas.
El caballito de batalla de este grupo es la puesta en marcha de un innovador sistema especial de protección interna de testigos de las fuerzas de seguridad. Se trata del mecanismo denominado «Whistleblower Protection» (algo así como protección al soplón), tomado de los Estados Unidos, donde los agentes de seguridad pueden confiar en un programa de denuncias reservadas con protección de los testigos dispuestos a delatar a sus superiores en casos de corrupción interna. Este mecanismo prevé la protección del denunciante, la apertura de una investigación interna, la puesta a disponibilidad del acusado en caso de comprobarse los datos aportados, y la presentación en paralelo al sumario interno de una denuncia penal.
La Dirección de Control de Identidad le asegura a los agentes denunciantes no sólo la total reserva de su identidad, sino la puesta en práctica de todas las herramientas de investigación disponibles en caso de que haya datos fehacientes hacia un acusado.
Según confiaron a Infobae fuentes calificadas del ministerio de Seguridad, por medio de este sistema de protección de denunciantes fue descabezada la unidad de la policía Federal de Chascomús. Luego de una denuncia interna de un suboficial que revistaba en la subdelegación de esa localidad bonaerense, se descubrió que el jefe de unidad, el subcomisario Jorge Morel, alertaba a delincuentes información sobre la incautación de drogas y se negaba a investigar casas sospechadas de ser cuevas de operaciones de narcotráfico de la zona. Luego de que el suboficial se sometiera al programa de protección, el equipo del Ministerio de Seguridad liderado por Pablo Costa, Damián Arabia y Carlos Manfroni coordinó las tareas de investigación con la Superintendencia de Asuntos Internos que lidera el comisario mayor Ernesto Cancio López. Tras un operativo sorpresivo en Chascomús, se comprobó toda la denuncia. Ahora, el jefe de unidad de Chascomús fue sumariado, puesto a disponibilidad y tiene una denuncia penal en su contra.
Según revelaron a Infobae fuentes del ministerio que dirige Bullrich, el caso de Chascomús no es aislado. Hay otro amplio listado de denuncias de corrupción interna. «Recibimos un promedio de 3 o 4 denuncias diarias en forma anónima, y cada día que pasa el sistema se muestra más confiable para los agentes denunciantes», dijo en reserva un funcionario del área. La intención de este grupo es que aumenten los casos de denuncias como el de Chascomús.
Pero el equipo de control interno de las fuerzas de seguridad no se limita al tema del sistema de protección de denunciantes. También desarrolló un riguroso sistema de pedido de declaraciones juradas de bienes a los 96.700 agentes de todo el país. Ante la presentación de los datos aportados, el Ministerio de Seguridad realiza un cruce con las bases de datos del registro automotor, los registros de inmuebles de todo el país, las bases de datos de embarcaciones con Migraciones, y con la evolución de los legajos presentados, hace un seguimiento del patrimonio de los uniformados.
A su vez, el equipo del Sistema de control interno comenzó a realizar exámenes psicofísicos sorpresivos a agentes de todo el país. Ya hubo controles del Equipo de Prueba de Integridad que hizo exámenes de alcoholemia, test de drogas y un test psicológico de gendarmes, prefectos, policías de la Federal y de la PSA.
La idea central de este equipo es depurar desde adentro y generar confianza con la nueva administración. En caso de que haya un éxito rotundo de esta experiencia, los encargados de llevar adelante este trabajo sueñan con extender el programa a otros ministerios.
