El año pasado, Capital Federal fue escenario de una gran ola de tomas de colegio que se mantuvo durante un mes. Este año, el fiscal porteño Carlos Roledo Santurian, imputó a 43 padres por estas acciones llevadas adelante por sus hijos.
Los responsabiliza por no frenar las tomas y por la contravención de impedir la entrada o salida de lugares públicos o privados.
«Los actos tienen consecuencias. Los padres también tienen que saberlo. Ellos tendrán que dar respuesta por sus hijos», dijo a Cadena 3 Andrea Bruzos, subsecretaria de Coordinación Pedagógica del ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires.
Según la subsecretaria, las tomas fueron efectuadas por «unos pocos chicos». En colegios de 400 alumnos, sólo «una docena» era la que impedía la celebración de las clases.
«En las escuelas hay espacios a donde los chicos se pueden expresar y reflexionar. Nosotros tenemos consejos del habla y convivencia y me parece que estas medidas extremas no corresponden. Que se pierda un día de clase por este motivo y habiendo estos espacios, es inadmiscible», expresó.
Bruzos detalló cuál suele ser el protocolo que se activa ante estas situaciones y que se implementó durante cada toma que se hizo en el 2018. «Tenemos una serie de pasos en donde avisamos a un consejo, al Same y a cada padre para decirles que no tenemos el dominio de la escuela y que por favor retiren a sus chicos. Esto se hace uno por uno».
Al ser consultada sobre el estado judicial del tema, la subsecretaria explicó que desde el ministerio de Educación dieron aviso de la situación a la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires, un órgano constitucional de aboagados de la Ciudad.
«La Justicia dará el curso que deba darle a la situación. Nosotros simplemente avisamos las medidas que llevamos adelante», agregó.
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