El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, presentó hoy a la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, el informe reservado referido a las violaciones a los derechos humanos que venezolanos denunciaron en la Argentina, adelantado por Infobae. El documento se basó en las denuncias que realizaron en nuestro país ciudadanos venezolanos, según las cuales sufrieron directamente o fueron testigos de casos de persecución, tortura, encarcelamiento y grave privación de la libertad, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y diversas formas de violencia sexual. Garavano hizo entrega de unos 80 sobres con los testimonios originales tomados en Argentina bajo reserva de identidad.
Además, el funcionario entregó como presentes simbólicos al Museo de la Corte una serie de objetos vinculados a la última dictadura argentina, entre ellos, un fichero con réplicas de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, un ejemplar del Nunca Más y las tapas de las versiones de este libro publicadas en Israel, Brasil, Inglaterra, Alemania y España, junto a fotos del juicio a las juntas militares y copias de su sentencia original firmada. Los objetos serán expuestos junto a un texto alusivo, en inglés.
La Corte Penal Internacional (CPI) agradeció en la red social Twitter la “donación simbólica de archivos de Argentina a la biblioteca de la CPI, recibida por los vicepresidentes de la Corte, los jueces Robert Fremr y Marc Perrin de Brichambaut”.
“El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Argentina ofrece registros históricos de Juicios a las Juntas a la biblioteca del CPI como símbolo de apoyo de Argentina a la Justicia internacional”, dice el tuit publicado en la cuenta oficial del organismo.
Garavano envió a Eboe-Osuji, presidente de la CPI, una nota en la que resaltó que “el informe Nunca Más es una de las más importantes contribuciones de la sociedad civil en la lucha contra la impunidad, y en la búsqueda de pruebas sobre las graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país”. También destacó que “la sentencia del Juicio a las Juntas es el testimonio del compromiso y del valor de los jueces, en un caso sin precedentes de enjuiciamiento de delitos contra la humanidad”.
La CPI fue creada por iniciativa de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante el Estatuto de Roma. Es el primer tribunal internacional de carácter permanente encargado de juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad, de genocidio, de crímenes de guerra y de agresión, para todos los países que hayan ratificado su revisión.
En el informe elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos se especifica que 29 de los 44 testimonios de venezolanos recibidos en el centro de recepción de denuncias «se corresponden a conductas que encuadrarían en posibles crímenes de lesa humanidad, según lo estipulado en el Estatuto de Roma por el que se rige la CPI y del que Argentina es Estado parte.
Los testimonios se refieren a hechos acontecidos entre 2014 y 2019, y el documento los cataloga en cuatro tipos: persecución; tortura; encarcelamiento y/o grave privación de la libertad física; y ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y otras formas de violencia sexual.
El documento sostiene que “la totalidad de los declarantes manifiestan haber sido víctimas o testigos de algún tipo de persecución por motivos políticos y/o ideológicos” del gobierno de Nicolás Maduro.
“Se constata que la persecución se ha manifestado en diversas expresiones como ejecuciones extrajudiciales, encarcelamiento, privaciones graves de la libertad física y torturas”, explica el informe. Los testimonios fueron recibidos en el Centro de Orientación a Migrantes, que creó el Gobierno en julio pasado por decreto, el que habilitó también la modalidad de la denuncia en forma telefónica. Las autoridades indicaron que los testimonios fueron recibidos por profesionales y técnicos que, como primera medida, resguardaron la identidad de los denunciantes.
El informe añade que “según las cifras informadas por la Dirección Nacional de Migraciones, desde 2014 a mayo de 2019 se han tramitado en nuestro país 153.642 pedidos de radicación de ciudadanos venezolanos”.
Por otra parte, el ministro mantuvo un encuentro con Han Moraal, secretario general de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), para intercambiar experiencias respecto a la persecución del crimen organizado.
Posteriormente, visitó Eurojust, el órgano de la Unión Europea dedicado a la cooperación policial y judicial en materia penal, donde fue recibido por el vicepresidente Klaus Meyer-Cabri, y los representantes de España y Países Bajos, Francisco Jiménez-Villarejo y Han Moraal respectivamente.
