“Sería un escándalo. Después no tenés más una ley. ¿Cómo hacés para convivir?”, le dijo sin medias tintas el jefe del diputados de la UCR, Mario Negri, a Infobae en respuesta al fantasma que agitó el ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni sobre la necesidad de intervenir el Poder Judicial de Jujuy para revisar la detención de Milagro Sala. La dirigente social y líder de la Tupac Amaru cumple prisión domiciliaria, tiene actualmente cuatro condenas y enfrenta un juicio por desvío millonario de fondos, aún sin fecha de inicio. Su defensa y organizaciones de derechos humanos como el CELS, siempre sostuvieron que su detención había sido “arbitraria” y que era víctima de “una persecución política”.
El jurista alineado al kirchnerismo había advertido que “se trata de una Justicia penal de una provincia que tiene un poder judicial amañado, que comenzó integrándose de una manera insólita”, al ser entrevistado en el programa “Pasaron Cosas “de Radio Con Vos.
“Desde el punto de vista constitucional, no digo que se haga porque cada uno sabrá, pero desde ese punto de vista lo que corresponde es la intervención federal del Poder Judicial de la provincia de Jujuy”, opinó.
Sus dichos tuvieron lugar en el marco de declaraciones en las que apuntó contra Mauricio Macri, a quien acusó de “querer tener jueces propios” y de haber “perseguido” magistrados de una manera que “no tiene precedentes” en la historia judicial. “Macri ha tenido conductas de interferencia con el Poder Judicial como no hemos visto. Vergonzosas y escandalosas. Y fue el primer presidente que dijo que quería jueces propios, nunca se lo había escuchado a nadie”, afirmó, al tiempo que pidió que se investigue a “los que armaron la causa de los cuadernos”.
La réplica desde el oficialismo no se demoró. El primero en salir a responderle fue el propio Negri, y fue seguido por varios legisladores de Cambiemos. El gobernador de Jujuy, en cambio, optó por el silencio ante la consulta de Infobae.
“Decían que volvían mejores y ¿echan a rodar esto? Los 10,8 millones de votantes que obtuvo Juntos por el Cambio no van a permitir este atropello. Saldrán a las calles”, aseguró ante este medio. “Espero que Alberto Fernández no preste oídos a este intento de avasallar a toda una provincia», señaló el diputado de Cambiemos.
Tras las declaraciones del ex ministro de la Corte por radio, anoche se reunieron Morales, Negri, el jefe de los senadores radicales, Luis Naidenoff, y otros legisladores de Cambiemos para evaluar el alcance de sus dichos y encender un alerta ante una posible medida en ese sentido. No participó del cónclave el gobernador de Mendoza y diputado electo, Alfredo Cornejo, por estar de viaje en el exterior.
Infobae preguntó en el entorno del presidente electo sobre cómo vieron esas declaraciones de Zaffaroni, pero no respondieron la consulta.
Sin embargo, durante la campaña, Fernández había dejado en claro su posición respecto de la situación de Sala: “Está detenida ilegalmente”, dijo en una entrevista por la radio AM530.
″Es alguien que está detenida injustamente hace mucho tiempo. No estoy hablando de su culpabilidad o su inocencia, pero sí estoy seguro que está hace casi cuatro años detenida ilegalmente porque debió haber soportado todo el proceso en libertad», agregó en ese momento el entonces candidato del Frente de Todos. Y en ese sentido, sostuvo que “su detención solo se explica en una decisión política del gobernador de Jujuy”.
Rumor previo
A Negri, Morales le había advertido hace unos días que existía el rumor de que desde algún sector del Frente de Todos agitarían la posibilidad de la intervención del Poder Judicial de Jujuy para aliviar la situación procesal de Sala. Lo que no sabía Morales es que el que saldría a hacerlo público era Zaffaroni, quien si bien habló a título personal, es un hombre escuchado en temas jurídicos dentro del kirchnerismo.
La dirigente jujeña es una enemiga histórica del gobernador, quien fue reelecto en junio último por el 43% de los votos, con una diferencia de 12 puntos respecto del candidato del Frente Justicialista, y un peronismo que fue dividido a las urnas.
Desde la defensa de Sala siempre cuestionaron que los jueces que ordenaron su detención y condena “respondían” a Morales, que “controla el poder judicial” en la provincia y “tiene una Corte adicta”. De hecho, una de las primeras medidas tomadas por el mandatario a poco de asumir en 2015 fue la ampliación de cinco a nueve del número de integrantes de la Corte Suprema provincial. Esa medida fue aprobada únicamente con los votos de los diputados oficialistas en la legislatura local, tras lo cual, Morales nombró para los nuevos puestos a tres legisladores radicales.
“Implicancia nacional”
Para Naidenoff, “la posible intervención del Poder Judicial en Jujuy tendría una connotación nacional mucho más allá de la provincia, y una eventual liberación de Sala tendría un efecto propagativo a nivel nacional. Sería la primera prueba evidente del ‘vamos por todo’ del kirchnerismo”.
“Estamos hablando de alguien que manejó una organización paraestatal y es una delincuente, dicho por la Justicia, y que ellos victimizan. Es el mundo del revés: quienes delinquen ahora son víctimas”, se quejó el senador formoseño.
Naidenoff fue más allá y analizó las declaraciones de Zaffaroni en el marco de lo que calificó como “una lucha de facciones que convivirán» en el nuevo gobierno. «Alberto Fernández ya es el presidente electo y fue mutando y endureciendo su discurso. Había hablado en un comienzo de respetar el Estado de derecho y terminar con la grieta, y vemos ahora señales totalitarias que implican un atropello a la Justicia independiente, al Estado de derecho, y a la autonomía provincial y mucho ánimo de revancha”, aseveró ante Infobae.
“Juntos por el Cambio recibió un mandato muy explícito de un sector muy importante de la población de ponerle un freno a las intenciones totalitarias y de avasallamiento de las instituciones, y lo vamos a hacer cumplir”, advirtió el senador de Cambiemos.
En tanto, la diputada nacional de la UCR por Jujuy, Gabriela Burgos, consideró que “siendo (Zaffaroni) actualmente juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y habiendo integrado el Tribunal Superior de la Nación, resulta imprudente y contradictorio que sugiera públicamente la intervención federal del poder judicial de la provincia de Jujuy, atentando y banalizando con sus palabras los principios plasmados en nuestra Carta Magna”.
En este sentido, la legisladora –muy cercana al gobernador Morales– aclaró que la intervención federal de una provincia es “una herramienta de carácter extraordinario prevista en el artículo 6 de la Constitución Nacional” que se aplica para garantizar “la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido repuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia”.
La situación judicial de Milagro Sala
Sala fue detenida por primera vez el 16 de enero de 2016, a un mes de asumir Morales, por un delito contravencional por el prolongado acampe frente al edificio de la gobernación, que bloqueó la plaza principal de la capital provincial. Esa primera detención fue muy cuestionada, y desde la defensa de Sala denunciaron que el juez contravencional a cargo del juicio, Matías Ustarez Carrillo, había sido designado por Morales apenas asumió, lo mismo que quien la acusó, el jefe del Departamento Contravencional, Rafael Rodríguez.
Pero luego se activaron o iniciaron más de media docena de procesos judiciales contra la dirigente social y líder de la Tupac Amaru.
Hoy está condenada a 13 años de prisión por defraudación al Estado, asociación ilícita y extorsión en la causa conocida como “Pibes Villeros”, por el nombre de una cooperativas que recibía fondos del Estado, confirmada en segunda instancia por la Cámara de Casación de la provincia. En ese expediente se investigó el desvío de fondos estatales por más de $60 millones, cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales que nunca se hicieron, entre 2011 y 2015.
Asimismo, enfrenta otras dos condenas de la Justicia provincial. Una en mayo de este año, a 4 años de prisión por “lesiones graves” a los dirigentes sociales Juan Carlos Maidana y Cristian César Arias, alias “Luca”, quien falleció en 2006, que no fue confirmada en segunda instancia. Otra, a 2 años por amenazar con poner una bomba en una comisaría de Alto Comedero, un fallo confirmado por el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy.
También fue condenada por la Justicia federal a 3 años de prisión en suspenso por el escrache a Morales en 2009 por “daños agravados”. La Cámara le pidió al Tribunal que la juzgue también por amenazas, ya que los jueces habían dado por prescripto ese delito.
Sala espera que se fije fecha de inicio de juicio por la conocida como “megacausa” en la que ex funcionarios provinciales destinaban fondos a las cooperativas de trabajo de la Tupac Amaru para la construcción de viviendas sociales. El actual gobierno jujeño denunció un faltante de $1.200 millones y un desvío millonario de recursos nacionales destinados a 1.850 casas que no se concluyeron.
Actualmente y desde diciembre del año pasado, la dirigente cumple prisión domiciliaria en su casa del barrio Cuyaya en la capital jujeña, con una pulsera electrónica debido a sus problemas de salud. Fue trasladada allí desde el penal de Alto Comedero, por disposición del Tribunal 3 de Jujuy.
En noviembre de 2017, cuando aún no tenía ninguna condena, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de varios meses de prisión, ordenó al Estado que adopte medidas alternativas al encarcelamiento durante la prisión preventiva. El Estado incumplió esa decisión y la Comisión dio intervención a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En noviembre de ese año, este órgano del sistema interamericano ordenó al Estado argentino adoptar de manera inmediata las “medidas de protección que sean necesarias” para garantizar la vida, integridad personal y salud de Sala, y que se debía implementar el arresto domiciliario en su casa o cualquier otra medida que resultara “menos restrictiva de sus derechos”, como “una tobillera o la retención de su pasaporte”.
Esa recomendación fue reafirmada por la Corte Suprema de Justicia de Nación en agosto del año pasado.
