El ministro de Justicia, Germán Garavano, presentó los resultados y desafíos del programa Justicia 2020 que se comenzó a implementar hace tres años, en el inicio de la gestión del presidente Mauricio Macri. Antes del acto, que se realizó en el CCK, el funcionario dialogó con Infobae.
—Ministro, ¿cuáles son los avances más destacables del programa Justicia 2020?
—Yo creo que, la verdad, una de las cosas más destacables es la metodología, como se trabajó con esta plataforma de gobierno abierto donde más de 55 mil personas hicieron aportes en todos estos ejes. Y el programa lo que busca son dos grandes objetivos: por un lado contribuir a la mayor eficacia del sistema penal, a reducir los niveles de inseguridad y trabajar para combatir lo que es el narcotráfico, que es uno de los objetivos del gobierno, la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada. Y por otro lado todo lo que tiene que ver con la previsibilidad del sistema de Justicia. Estas dos cosas, en definitiva en lo que nos ayudan es a fortalecer las instituciones y a generar realmente un país que pueda desarrollarse y generar sociedades más pacíficas, más justas como dice Naciones Unidas. Y en esto el programa ha tenido muchos éxitos. La ley de flagrancia, la ley del arrepentido, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, hay procesos de oralidad que redujeron los procesos civiles que tardaban 6 o 7 años a un año más o menos de duración, la ley de arbitraje comercial, es decir, un montón de transformaciones que le van cambiando la vida a la gente y van fortaleciendo las instituciones.
—¿Cómo viene la implementación del sistema acusatorio en el país? ¿Cuándo se van a entrar en vigencia el nuevo Código Penal y el Código Procesal Penal Federal, teniendo en cuenta que éste último es viejísimo?
—Es muy importante el eje penal. Es la primera vez que se aborda una reforma del sistema penal en su conjunto de un modo integral, muy pensada, muy estudiada a partir de información empírica. Nosotros tenemos por un lado la implementación del Código Procesal Penal Federal, que esperamos que en estas sesiones extraordinarias Diputados le de aprobación final para poder el año que viene implementar esta ley. Pero en paralelo con eso varias de las leyes que yo mencionaba como la ley de flagrancia o la ley de juicios unipersonales, son herramientas que permitieron que ya el sistema empiece a funcionar con esa lógica. Entonces hoy tenemos una reducción significativa de la «puerta giratoria» porque hoy las personas que son detenidas en flagrancia tienen que ir a sede judicial y en un 70 por ciento de los casos se resuelve en audiencia, y el 40 por ciento de estas personas terminan condenadas cumpliendo penas. Lo mismo ha pasado con todo lo que tiene que ver con los juicios unipersonales que permitieron adelantar la cantidad de juicios, reducir la demora en los juicios y que hoy tengamos en hechos de corrupción como las condenas del ex vicepresidente y del ex ministro de planificación que realmente tuvieron tiempos razonables durante los cuales se desarrolló el juicio y estas personas fueron condenadas. Entonces, me parece que esas son algunas cosas centrales. Y la otra cosa central en materia penal ha sido el rol de la víctima. A través de la ley de víctimas que también impulsamos desde el ministerio -y hoy trabajamos con las víctimas- se pusieron en marcha los centros nacionales de asistencia a la víctima en todo el país, en 90 lugares. Todo esto hizo que la víctima cobre un lugar en el proceso penal, y esto lo que permitió es romper un paradigma donde había una Justicia penal sumamente ineficiente, donde había altos niveles de impunidad y la aparición de las víctimas en los procesos penales empieza a equilibrar eso y a romper lo que era, si se quiere, una ideología o una mirada que no miraba a la gente.
—En la cumbre del G20 que se celebró el último fin de semana la Argentina firmó numerosos acuerdos de inversión. ¿Cuál es el aporte de Justicia 2020 a la seguridad jurídica tan esencial para esos acuerdos?
—Es crucial. Nosotros hemos participado en algunos acuerdos, hemos firmado acuerdos anticorrupción, por ejemplo, con China y otros países. En el G20 pasó desaparcibido pero está en la declaración final en un punto muy potente, dos temas: uno es la lucha contra la corrupción donde hay un compromiso de todos los líderes, Argentina impulsó eso, como también todo lo que tiene que ver con la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo donde venimos de presidir el GAFI con mi viceministro el Dr. Otamendi. Entonces, en esa línea hay una contribución central de Justicia 2020 en la lucha contra la corrupción, ya no sólo a nivel país sino a nivel global. Y lo mismo el combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Adicionalmente, hay un tema en la Justicia que a mi más que seguridad jurídica me gusta hablar de previsibilidad. Porque a veces la seguridad jurídica queda como sesgada, sólo para los empresarios o para los inversores, y Argentina necesita el cumplimiento de las reglas, necesita reglas claras que sean cumplidas por los extranjeros, por los nacionales. Es decir que todos podamos saber que lo que se va a respetar es la ley, que lo se va a respetar es el derecho. En esa línea, este acortamiento de los procesos civiles con oralidad que permiten una inmediación y permiten que realmente haya un contacto directo entre las partes y el juez, un elemento central a la hora de contribuir en ese proceso. Lo mismo que los métodos de acceso a Justicia que garantizan que aún los más vulnerables puedan llegar al sistema de Justicia para ejercer sus derechos.
Y otro tema central es la ley de arbitraje que fue aprobada después de muchos años, se aprobó el modelo de Estados Unidos de arbitraje donde hoy muchos de los conflictos vinculados a inversiones, a desarrollo de empresas y demás se pueden resolver a través de arbitrajes que le dan mucha más previsibilidad a la solución del conflicto, acortan el tiempo y lo costos.
—Aunque no es de su cartera, apelando a su condición de penalista. ¿Podría explicar la resolución del Ministerio de Seguridad en materia de uso de armas por parte de las fuerzas federales?
—Me parece que es importante porque las fuerzas de seguridad juegan un rol dentro de nuestra sociedad más allá del Código Penal y la legítima defensa. Entonces me parece importante que el Ministerio de Seguridad, en este caso, reglamente cómo es la aplicación de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Claramente hoy tenemos algunos fenómenos de criminalidad organizada y de narcotráfico donde el Gobierno ha llevado una batalla muy dura combatiendo mafias y es lógico que las fuerzas de seguridad puedan tener herramientas para poder repeler y poder autopreservar su vida frente a este tipo de situaciones. Me parece que esa es la búsqueda del Ministerio de Seguridad, es muy clara, son las competencias que tiene la ministra, y me parece que es un paso para poner un poco blanco sobre negro y con sentido común esta situación donde las fuerzas de seguridad están para cuidarnos. Después si una persona de la fuerza de seguridad comete un exceso, es un delito y será investigado y eventualmente castigado por ese delito que cometió. Limitar a las fuerzas de seguridad por un preconcepto y por una mirada que atrasa 30 años, lo que fue la dictadura, me parece que no es lo que hoy sienten los argentinos y lo que necesita nuestro país como una sociedad civilizada. Las fuerzas de seguridad van a cumplir la ley, están para defendernos. Si alguien no hace eso será investigado y será sancionado pero no podemos mezclar las dos cosas, es decir, las conductas impropias, las conductas ilegales con lo que es el ejercicio legítimo por parte del Estado de la fuerza.
