La procuradora Alejandra Gils Carbó admitió ayer ante la Justicia que hubo «un negocio oculto» en la compra de un edificio del Ministerio Público mediante el pago de una «comisión indebida». Pero la jefa de los fiscales negó haber tenido conocimiento alguno de la supuesta maniobra que culminó con el desembolso de una comisión millonaria a un hermano de un funcionario del Ministerio Público.
«Jamás advertí ninguna irregularidad ni la advierto ahora. Nada me llamó la atención porque ganó el inmueble de mejor precio, más de 20 funcionarios de distintas áreas aprobaron todo, el edificio llenaba todas las condiciones necesarias y el precio era inferior a la cotización oficial», sostuvo Gils Carbó, foco de fuertes embestidas del Gobierno para apartarla de su cargo.
Cuando terminó su exposición, su abogado, Alejandro Rúa (el mismo de Cristina Kirchner); el fiscal, y el juez le hicieron menos de diez preguntas. A las 14 ya estaba fuera del edificio.
Taiano había pedido su indagatoria al sospechar que su jefa había simulado una licitación que no fue tal y había recibido «dádivas» por la compra del edificio.
«No intervine para nada en la redacción del pliego. Yo sólo aprobaba lo que la asesoría jurídica me decía que era correcto», se defendió la titular del Ministerio Público.
Un empleado infiel
Gils Carbó cargó toda la responsabilidad por el «negocio oculto» en Guillermo Bellingi, subdirector de la Procuración, el funcionario que llevó adelante la licitación y cuyo medio hermano cobró una millonaria comisión después de cerrar la operación.
«Cuando nos enteramos del negocio oculto de Thill, sufrimos, nos sentimos defraudados. Estimo que los titulares de las áreas, funcionarios de carrera, no pudieron detectarlo. Si sacamos el negocio oculto de Thill y Bellingi, no se advierte ninguna irregularidad en el trámite», confesó la funcionaria. Y agregó que apenas se enteró de esta maniobra suspendió al funcionario en la procuración.
La Justicia deberá determinar la situación procesal de la jefa de los fiscales. Será clave en la causa establecer el grado de cercanía de la funcionaria con Bellingi, un funcionario de alto rango del Ministerio Público que la propia Gils Carbó llevó a trabajar a ese lugar por recomendación.
Cuando la citó a declarar como acusada, el juez Ercolini sostuvo que «existe motivo bastante para sospechar» que Gils Carbó y Bellingi «diagramaron un complejo entramado» para simular una licitación que estuvo direccionada.
Bellingi es medio hermano de Thill, el hombre que cobró $ 3 millones de comisión después de esta operación a pesar de que no tenía experiencia en el rubro inmobiliario. En total, se pagaron $ 7,5 millones en comisiones, lo que representa «un porcentaje inusual y significativamente superior al utilizado en el mercado inmobiliario», alertó el juez.
Gils Carbó tuvo la oportunidad ayer de defenderse. «Me parece risible la hipótesis de que pueda haber compartido los beneficios de la comisión indebida que figura que cobró Thill, quien supe que tiene en su cuenta la mitad de esos fondos», lanzó la procuradora.
La procuradora argumenta que la licitación fue real, que ganó el mejor precio y que se pagó por el edificio un monto inferior al de la tasación. Asegura también que la comisión la pagó la parte vendedora -Arfinsa SA- y no el Estado, y que entonces no hay perjuicio a las cuentas públicas.
El juez Ercolini no comparte ese criterio al considerar que «esa sideral suma de dinero repartida entre los supuestos intermediarios» la entregó la vendedora «a partir de lo que percibió por la enajenación del inmueble». Por eso ,»en definitiva, se trató de fondos provenientes del aludido órgano estatal».
Implicados en la operación
Juan Carlos Thill
Agente de seguros
El medio hermano de Bellingi recibió $ 3 millones de comisión en su cuenta
Guillermo Bellingi
Subdirector en Procuración
Es el funcionario que llevó adelante la licitación sospechada por irregularidades
El proceso
La declaración
Alejandra Gils Carbó declaró ayer ante la Justicia, acusada de ser parte de una maniobra para favorecer a agentes inmobiliarios en la compra del edificio, donde hoy funciona la Procuración, por $ 43 millones.
La defensa
Gils Carbó negó haber advertido cualquier tipo de irregularidad en el proceso de venta.
El próximo paso
La situación procesal de Gils Carbó debe ser definida por la Justicia. Será clave establecer el grado de cercanía de la funcionaria con el subdirector de Procuración.
La Nación
