Como una estrategia más para luchar contra la inseguridad y el crimen organizado, el Gobierno se propuso duplicar este año la cantidad de destrucción de armas ilegales en todo el país. Así, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), que era el ex Renar, busca eliminar en 2017 más de 75.000 armas, una cifra que superaría los 45.000 revólveres, rifles o escopetas ilegales que se destruyeron el año pasado.
Según explicaron a Infobae fuentes calificadas de la ANMaC, para cumplir con este objetivo el Gobierno se propone ampliar la campaña de concientización de entrega de armas y al mismo tiempo se establecerá una fuerte presión en los juzgados y las policías provinciales que tienen armamento incautado en sus depósitos y que aún no fue entregado para su destrucción.
El organismo encargado de este trabajo que encabeza la dirigente peronista Natalia Gambaro y que depende del Ministerio de Justicia se propuso como meta duplicar la cantidad de destrucción de armas en función de una serie de estrategias que ya desplegó en todo el país.
Además, este diagnóstico proyectado se basa en las situaciones relevadas en cada provincia.
Para lograr este objetivo se están realizando foros con jueces, fiscales y ministerios de Justicia de todo el país al mismo tiempo, que se potenciará con la campaña de destrucción de armas en la sociedad civil y entre las autoridades políticas. Pero también habrá un fuerte mensaje a los juzgados y policías que todavía no entregaron a la ANMaC las armas incautadas.
Se estima que el 40% de las armas ilegales que circulan hoy por el país provienen de la provincia de Buenos Aires y el resto de Santa Fe, Córdoba y Salta. A la vez, según cifras oficiales de la ANMaC, el 51% de esas armas que provienen del circuito ilegal tienen su uso en el crimen organizado por delitos relacionados con el contrabando, el narcotráfico, la trata de personas y las bandas de piratas del asfalto.
Operativo policial en Zona Sur
«Con este plan buscamos que las armas incautadas por la policía o los juzgados ya no ingresen en el mercado ilegal. De esta forma contribuimos a la reducción de la violencia y a la presencia de armas en manos de delincuentes», afirmó Gambaro a Infobae.
Del total de 46.000 armas destruidas por la ANMaC el año pasado, el 54 % provenían de armas del delito o dadas de baja por la policía; el 25% eran armas cedidas al Estado y un 14% era un remanente de entregas voluntarias. Según confiaron a Infobae fuentes del Ministerio de Justicia, en la actualidad no se observa la presencia de agrupaciones o movimientos sociales con posesión de armas ilegales.
La meta de la ANMaC es superar la cifra de armas destruidas durante el kirchnerismo, que entre 2007 y 2015 recibió unas 300.000 armas en el marco del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.
En la actualidad la mayor cantidad de permisos de armas o explosivos es para usuarios particulares, empresas de seguridad, empresas que se ocupan de sustancias explosivas o agroquímicos con sustancias explosivas.
La ANMaC se sustenta con presupuesto propio proveniente de la recaudación de la agencia obtenida por la entrega de permisos y por los fondos que le destina el Ministerio de Justicia.
