La modificación al presupuesto vigente indica que los recursos totales aumentan un 17,2% respecto del presupuesto vigente del año 2020 hasta alcanzar un total de $4.389.599,6 millones, fundamentalmente por el incremento del 39,2% en los recursos de capital. Y los gastos totales ampliados por el proyecto ascienden a $1.859.582,8 millones, lo que representa un incremento del 33,6% respecto del presupuesto vigente, totalizando $7.391.054,3 millones.
El texto realiza una enumeración de las distintas medidas que fue adoptando el Gobierno para atender la crisis derivada de la pandemia del coronavirus, y establece que al 30 de junio de 2020 el Estado ya destinó $687.751 millones en ítems como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) $179.630, Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) $132.500 millones, y Aportes del Tesoro Nacional (ATN) $65.730 millones, entre otros.
En dicho periodo, el proyecto sostiene que la Administración Pública Nacional registró un resultado primario deficitario de $1.000.980,3 millones y un resultado financiero deficitario de $1.274.905,1 millones. Los recursos totales percibidos durante el período enero – junio de 2020 se ubicaron en el 50,3% con respecto al presupuesto vigente de recursos. Los recursos corrientes están conformados en su mayor parte por los ingresos tributarios por $1.113.125,3 millones y los aportes y contribuciones a la seguridad social $632.775,4 millones.
En cuanto a la ejecución presupuestaria, señala que los gastos totales durante los primeros seis meses del año 2020 alcanzan el 57,1% del nivel estimado para el ejercicio, totalizando $3.160.175,1 millones. Este monto representa un incremento de $1.204.670,1 millones (61,6% interanual) respecto a igual período del año anterior, mientras que el gasto primario (excluyendo intereses sobre la deuda pública) ascendió a $2.886.250,2 millones, lo que implica un aumento de $1.296.532,9 millones, un 81,6% interanual.
El Poder Ejecutivo dispone la contribución al Tesoro Nacional de parte de los organismos descentralizados por más de $83.000 millones para contar con más recursos para hacer frente a los compromisos derivados de la atención de la pandemia.
En proyecto establece la ampliación de $6.000 millones para hacer frente al pago al pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial y administrativa y aquellas deudas previsionales establecidas en los acuerdos alcanzados en el marco de la ley de Reparación Histórica para los jubilados. Esta ampliación, lleva el monto total destinado a estos objetivos a $55.313 millones.
Por otra parte, le asigna $50.000 millones adicionales al «Programa para la Emergencia Financiera Provincial», destinado a atender los requerimientos de sectores sensibles como salud, educación y transporte, entre otros, afectados especialmente por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de Covid-19.
Además, la iniciativa destina $ 7.100 millones a la provincia de La Rioja, otros $ 340 millones de asignación directa a municipios, de acuerdo con el texto de la propuesta.
También la norma propone la emisión de deuda por u$s1.500 millones, que tiene por finalidad “cambiar la composición de deuda corta en pesos por deuda larga en dólares”, según explicaron las mismas fuentes.
En otro apartado dispone una transferencia a favor del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) por $ 11.088 millones, para el pago de deudas correspondientes a medicamentos oncológicos y tratamientos especiales.
Hay que recordar que la semana pasada, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anticipó el envío al Congreso del proyecto ampliación de la prórroga del Presupuesto, cuyos detalles serán presentados formalmente en las próximas horas.
«No tenemos presupuesto 2020. El presupuesto 2020 es un presupuesto prorrogado del 2019 porque, cuando llegamos, el que se había armado tenía todas las metas distorsionadas», agregó el funcionario en una entrevista televisiva con la TV Pública. Y agregó: “Vamos a estar enviando esta semana al Congreso la ampliación de la prórroga del Presupuesto 2019 para terminar este año, y allí se incorporarán las políticas de cuidado de la salud y de ayuda como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), y a las empresas con los créditos blandos y moratorias que estamos implementando”.
«No servía, se había hecho antes del reperfilamiento. No cumplía con ningún parámetro de equilibrio macroeconómico. Había pateado todos los problemas para este año y era muy difícil de tratar. En su hoja de ruta tenía un modelo de país orientado a la especulativo», completó.
Guillermo Gammacurta/Ámbito
