La decisión estaba tomada, sólo faltaba el anuncio oficial: el Gobierno le ordenó formalmente a la Fundación María de los Ángeles, liderada por Susana Trimarco, que desocupe y restituya dos predios estatales que el gobierno kirchnerista le había cedido en comodato.
El primero es un inmueble propiedad del Estado nacional de 50.500 m2, que cuenta con una superficie cubierta de 6.150 m2 y un espacio semicubierto de 800 m2. Este lugar se encuentra ubicado en la calle Regimiento 19 de Infantería Nº 2875, de la localidad de San Miguel de Tucumán.
El espacio había sido cedido a la Fundación de Trimarco para que se pusiera en funcionamiento un Centro de Desarrollo Materno Infantil, pero las obras nunca avanzaron y la actual administración nacional decidió anular el convenio.
El presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Ramón Lanús, argumentó en diálogo con Infobae que «se decidió revocar el acuerdo porque la contraparte no cumplía ninguna de las condiciones que se habían establecido: en algún caso ni siquiera estaba presentado un plan de obras».
La resolución a la que tuvo acceso este medio es categórica: «Intímase a la Fundación María de los Ángeles a la desocupación y restitución del inmueble en el término de 10 días, a contar desde la notificación de la presente, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes».
El mismo caso se da con un espacio de 68.200 m2 , también propiedad del Estado nacional, que está ubicado en calles Camino Público altura Ruta Nacional Nº 9, km 1303,790, de la localidad de Las Talitas, Departamento de Tafí Viejo, provincia de Tucumán.
Este predio había sido otorgado en comodato (a 30 años) a la Fundación para el desarrollo de un conjunto de viviendas sociales destinado a brindarles una solución habitacional a las víctimas de la trata de personas y sus familias. Además contemplaba que tuviera zonas de esparcimiento urbano y uso comunitario, todo con el financiamiento del Ministerio de Planificación Federal.
«No tiene sentido construir viviendas sobre un comodato», analizó Lanús al ser consultado sobre este caso. «¿Qué pasa con las viviendas cuando se vence el acuerdo? Esto parece más una oportunidad para generar un negocio inmobiliario que un plan para dar una solución habitacional», sentenció.
La falta de avance de las obras prometidas (van nueve meses de retraso) motivó que la Agencia de Administración de Bienes del Estado estimara justo y «necesario recuperar la disponibilidad del inmueble otorgado».
Las intimaciones para la desocupación y restitución de ambos predios fueron enmarcadas –según las resoluciones oficiales en una «decisión política del Poder Ejecutivo Nacional de hacer prevalecer el proceso de conservación del patrimonio inmobiliario estatal y la racionalización del espacio físico del mismo, con vista a su mejor aprovechamiento y utilización».
Lanús adelantó que ya evalúan qué uso darles a esos predios: «En general trabajamos muy de la mano de las intendencias para saber cuáles son las necesidades de cada distrito». «Aún no lo decidimos, pero estamos trabajando para definir qué vamos hacer tanto en esos terrenos como en otros que le pertenecen al Estado», finalizó.
