En un importante esfuerzo por bajar las tensiones, el gobierno de Mauricio Macriacercó ayer posiciones con la conducción tripartita de la CGT para consensuar un nuevo proyecto de ley de reforma de impuesto a las ganancias. Si bien no llegaron a un acuerdo, en la Casa Rosada estimaban anoche que el piso salarial a partir del cual se pagará Ganancias sería de $ 38.000.
«La reunión fue muy buena. Se acercaron muchas posiciones, pero todavía falta. Seguirán negociando durante todo el fin de semana», dijo ayer a LA NACION un funcionario cercano a Macri. Si bien se abrió una fisura con los gremios del transporte, que anunciaron asambleas sorpresivas para pasado mañana, la Casa Rosada tomó este conflicto con cierta tranquilidad y confiaron en que se iba a llegar a un acuerdo.
«Creemos que $ 38.000 podría ser un buen número de consenso para fijar el mínimo no imponible», agregó otro funcionario involucrado en las negociaciones. De todos modos, Macri quiere complementarlo con otras variables, como las escalas, deducciones y fuentes de financiamiento para respetar la pauta del presupuesto 2017 que fijó en $ 27.000 millones ese costo fiscal.
El encuentro entre el Gobierno y la CGT se produjo en la sede del gremio de Sanidad, en el barrio porteño de San Cristóbal. Fue al mediodía y duró unas dos horas. En representación del Poder Ejecutivo asistieron el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el coordinador de gabinete económico, Mario Quintana.
Por la central obrera estuvieron Carlos Acuña y Héctor Daer, dos de los miembros del triunvirato, y otros miembros de la conducción cegetista, como Carlos West Ocampo (Sanidad), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Gerardo Martínez (Uocra).
No asistió el tercer miembro del triunvirato de la CGT y titular de la Confederación del Transporte (CATT), Juan Carlos Schmid , que anunció que pasado mañana habrá asambleas sorpresivas en todos los gremios del transporte en reclamo por excluir a los viáticos y las horas extras del gravamen de Ganancias.
En la Casa Rosada interpretaron la actitud de Schmid como «lógica» y consideraron que «tiene que enviar un mensaje interno a su tropa». El Gobierno no descarta incluso acceder a esos reclamos, pero exige cuidar las cuentas fiscales y las fuentes de recursos. Incluso discutirían las deducciones por cónyuge.
Los equipos técnicos del Gobierno y de la CGT seguirán negociando durante todo el fin de semana para llegar a un acuerdo. Estarán en línea permanente con Quintana, Triaca y los líderes sindicales. El propósito de Macri es que lleguen a una propuesta base para presentar pasado mañana a todos los bloques parlamentarios y el martes próximo, a los gobernadores en la Casa Rosada.
Quintana y Triaca propusieron un piso salarial de $ 34.000 o $ 35.000 a partir del cual los trabajadores casados paguen Ganancias. Los sindicalistas lo quieren en $ 38.000 o $ 40.000. El acuerdo podría estar en $ 37.000 o $ 38.000, admitieron en Balcarce 50. El proyecto original del Gobierno lo fijaba en $ 25.000 y el dictamen del peronismo, ahora frenado, lo establecía en $ 44.000.
El máximo impacto fiscal que aceptaría Macri es $ 27.000 millones, lo fijado en el presupuesto 2017. Con el aumento del mínimo no imponible podría alcanzar los 33.000 millones. Pero es allí donde, como lo estableció el proyecto de ley del senador Rodolfo Urtubey (FPV, Salta), que el Gobierno usa como base para negociar, se aplicarían escalas más altas para los salarios más abultados. Otras variables a discutir serán las deducciones por viáticos, horas extras y por cónyuge.
Además, en la Casa Rosada no descartaban crear nuevos impuestos: uno al champagne y otro al juego, por el que se recaudarían $ 5000 millones. Pero puede haber más y Macri está abierto a las propuestas opositoras. «Pero debe respetar la pauta fiscal y no alterar el proceso de inversiones», aclaran.
Esto lo dicen porque el dictamen del peronismo que el Senado frenó el miércoles último contenía impuestos que el Presidente consideró que alteraban las reglas del juego: restituía las retenciones a la minería y ponía impuestos a la renta financiera, a los plazos fijos y a las propiedades improductivas. Macri no quiere malas señales a los inversores y a aquellos que quieran entrar al blanqueo de capitales.
En el Gobierno no precisaron la magnitud de las escalas que se conversaron. Pero admitieron que serían más altas para los sueldos altos, algo que le interesa a la CGT para fijar una progresividad.
El Gobierno quiere dejar sentado en el proyecto un esquema de escalas que se reduzca progresivamente de aquí a tres años. Y también busca permitir que en 2019, la menor cantidad de trabajadores pague Ganancias, como prometió en la campaña electoral. Es una demanda que la oposición le exige todos los días.
Mariano Obarrio/LA NACION
