Miles de personas volvieron a concentrarse ayer en la Plaza de la Constitución, en el centro de la ciudad de Guatemala, para reclamar la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y protestar contra la alianza oficialista en el Congreso, en medio de la tensión causada por el impacto de las violentas manifestaciones.
«Fuera, fuera», gritaban los ciudadanos que colmaban el paseo sin que en las primeras tres horas de la concentración, según el diario local Prensa Libre.
Cerca de allí, el Palacio Nacional -sede del gobierno- estaba protegido por un cerco de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que no portaban armas de fuego.
Los manifestantes pedían el veto presidencial al Presupuesto 2021 -sancionado días atrás y origen de las actuales protestas- y la renuncia de Giammattei, mientras a través de las redes sociales circularon convocatorias a una huelga general.
Guatemala no se había repuesto aún de los desbordes violentos de la manifestación del sábado -que en general transcurrió de manera pacífica-, que incluyeron el incendio del Congreso, decenas de heridos y detenidos, intervención judicial y condenas de organismos internacionales.
Grupos que se desprendieron de la masiva concentración quemaron la sede del parlamento, cercana a la Plaza de la Constitución.
Las imágenes del palacio legislativo en llamas recorrieron el mundo y la Cruz Roja atendió a varias personas por intoxicación, dijo a periodistas Andrés Lemus, vocero del organismo.
La jornada de protestas dejó como resultado al menos 22 heridos en enfrentamientos con la PNC y 37 detenidos que fueron traslados a diversos juzgados, informó el ministro de Gobernación, Gendri Reyes, según la agencia de noticias Europa Press.
El juez de turno Mario Godoy declaró la falta de mérito de al menos nueve de los detenidos debido a que la Fiscalía no pudo probar las acusaciones.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) dijo hoy en un comunicado que «documentó» los hechos de ayer y recomendó al Estado guatemalteco que investigue el uso excesivo de la fuerza en la represión de la protesta.
A la vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en Twitter el «uso excesivo de la fuerza de las autoridades contra manifestantes» y pidió que «se investiguen los hechos vandálicos contra el Congreso, tras los cuales agentes del Estado reprimieron de manera indiscriminada la protesta».
En tanto, la Organización de Estados Americanos (OEA, de la que depende la CIDH) advirtió en un comunicado firmado por su secretario general, Luis Almagro, que «existe un derecho a la protesta, la cual debe ser asegurada absolutamente, pero no existe un derecho al vandalismo» y subrayó que «los mandatos que otorga el pueblo en elecciones democráticas deben respetarse» porque «ese es el sentido de la democracia».
La quema del Congreso contrastó con la multitudinaria protesta pacífica frente al antiguo Palacio de Gobierno, en la que los manifestantes reclamaron la renuncia de Giammattei luego de la sanción legislativa del Presupuesto 2021, el más alto en la historia del país, que sin embargo no contempla un aumento de las partidas sociales y prevé un fuerte endeudamiento público.
Los manifestantes portaban banderas nacionales azules y blancas y pancartas con lemas como «No más corrupción», «Fuera Giammattei» y «Se metieron con la generación equivocada», según la agencia AFP.
Los uniformados lanzaron gases lacrimógenos a los manifestantes pacíficos de la plaza donde había decenas de niños, quienes entraron en pánico, según videos que circularon en redes sociales.
El descontento y la indignación de los guatemaltecos contra el Congreso y el gobierno de Giammattei están causados por la opacidad de los recursos para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus, por la creación de un superministerio para el que se nombró a un joven cercano al gobernante y por el presupuesto para el próximo año.
En ese contexto, ayer se supo que el vicepresidente Guillermo Castillo le hizo a Giammatei la inédita sugerencia de que ambos renuncien en una comunicación privada que se filtró a la prensa local, en el segundo incidente similar entre ambos en menos de dos meses.
El Congreso, en su mayoría integrado por el oficialismo y partidos afines, aprobó la semana pasada un presupuesto de casi 12.800 millones de dólares, 25% más abultado que el de este año.
La mayoría de los fondos están dirigidos a proyectos de infraestructura con el sector privado y no prevé aumentos en las partidas de salud ni de educación, ni tampoco en las destinadas a combatir la pobreza y la desnutrición infantil.
Con casi 17 millones de habitantes, 59,3% de la población guatemalteca vive en la pobreza y la desnutrición infantil afecta a casi 50% de los niños menores de cinco años.
Además, varias entidades económicas y analistas advirtieron que es un riesgo que un tercio del presupuesto sea financiado por deuda.
Asimismo, el Congreso había aprobado préstamos por más de 3.800 millones de dólares para atender la pandemia, aunque solo se concedió menos de 15% de esos recursos.
