La comunidad indígena de Campo Agua’, que reside en el departamento suroccidental de Canindeyú, vive en una zona rodeada de grandes empresas agrícolas que fumigan para producir soja genéticamente modificada.
«Esa fumigación ha matado los animales de cría de la comunidad indígena y afectado sus cultivos de subsistencia y árboles frutales, así como recursos de la caza, pesca y recolección», indicó el Comité en el dictamen.
Tras varios procesos administrativos y judiciales largos y sin resultados en Paraguay, la comunidad llevó su caso ante el Comité de Derechos Humanos, que considera que «Paraguay no monitoreó adecuadamente la fumigación y no pudo prevenir la contaminación».
«Dicha omisión en su deber de proteger permitió que prosiguieran por muchos años las fumigaciones masivas y contrarias a la normativa interna, destruyendo elementos constitutivos de la vida privada, familiar y domicilio de la comunidad indígena afectada», aseguró el dictamen.
El Comité «recomienda que Paraguay prosiga con los procesos penales y administrativos en contra de los responsables, repare integralmente a las víctimas por el daño sufrido, tome todas las medidas que sean necesarias, en estrecha consulta con la comunidad, para reparar la degradación ambiental, y adopte medidas para evitar que se cometan transgresiones semejantes en el futuro», dijo el organismo.
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