Honduras confirmó este jueves que un vuelo con 177 deportados por Estados Unidos había aterrizado en el país desde la base en Guantánamo, Cuba, para su posterior e inmediato traslado hacia su destino final, Venezuela.
No se informó de otras maniobras del estilo previstas ya que, según un funcionario hondureño, no se trata de una oferta abierta del Gobierno para actuar sostenidamente como “puente” entre Estados Unidos y otras naciones, sino que fue una situación puntual, aunque sumó que podrían evaluarse nuevamente instancias así en el futuro.
El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, precisó que se trata de ciudadanos asiáticos que accedieron a volver a sus naciones de manera voluntaria y “no representan ningún problema para la seguridad”.
Asimismo, el viceministro del Interior, Omer Badilla, recordó que se trata de una asistencia a su “económicamente poderoso hermano del norte”, en un momento en que Donald Trump lidera una intensa persecución contra la inmigración ilegal.
“Nosotros somos colaboradores cercanos de Estados Unidos (…) Ayudaremos a recibir a 200 migrantes de Uzbekistán, Pakistán, Kazajistán, Kirguistán, países de Asia central y de la India (…) Ayudaremos con 200 que serán enviados, nos ayudan a procesarlos y, con todo pago, estarán en el puesto unas semanas. Después, Estados Unidos los manda en aviones a su país”, insistió el presidente, Rodrigo Chaves.
De esta manera, Costa Rica se sumó a Panamá y se convirtió en el segundo país en acceder al pedido del secretario de Estado, Marco Rubio, para actuar como “puente” en los operativos de deportación.
Hasta el momento, el Gobierno de José Raúl Mulino ya ha recibido a 299 migrantes, a los que ubicó en habitaciones de hotel custodiadas por la policía y en un campamento remoto en la provincia del Darién.
Estas gestiones, sin embargo, han suscitado críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, que denunciaron condiciones inapropiadas de alojamiento y riesgos de regreso a naciones poco seguras.
Al respecto, Badilla declaró que “Costa Rica es un país garante de los derechos humanos” y aseguró que “vamos a garantizar que (los deportados) sean devueltos a países seguros”. “No podemos dejar eso al azar por un compromiso ético y moral de nuestro país”, sumó.
Por su parte, Mulino desmintió que se esté “maltratando” a los migrantes y, por el contrario, dijo que “se les está garantizando su comida al día” y se están “respetando sus derechos humanos”.
(Con información de AP, EFE y Reuters)
Fuente Infobae
