Los restos de siete personas fueron encontrados en la principal cárcel de Venezuela, clausurada temporalmente hace casi cinco meses, informó la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, aunque una ONG denunció que la cifra es mucho mayor.
«Recibimos reportes de que encontraron restos humanos, y de inmediato activamos» la investigación, explicó en rueda de prensa Varela, quien precisó que los restos estaban en «avanzado estado de descomposición».
La funcionaria puntualizó posteriormente que -según las primeras pesquisas de la policía científica y médicos forenses- los restos hallados en las instalaciones de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), en San Juan de Los Morros (estado Guárico, centro), «corresponden a siete personas». En su primer balance dijo que pertenecían a tres.
El pasado 28 de octubre, el gobierno completó el traslado de los internos tras semanas de enfrentamientos entre éstos por el control de la prisión y denuncias sobre la muerte de algunos por falta de alimentos y medicinas.
La cárcel albergaba a unos 9.000 presos, según la ONG defensora de los derechos de los reclusos Una Ventana a la Libertad.
Carlos Nieto, coordinador de esa organización no gubernamental, asegura que el número de cadáveres alcanza un centenar. «Todas las fuentes que hemos consultado hablan de la existencia de una fosa común en la que se hallaron restos de más de 100 personas», dijo Nieto a la AFP.
La PGV está en remodelación como parte de un plan del gobierno para «pacificar» los penales y adecuarlos a estándares internacionales.
Nieto acusó a Varela de haber impedido el ingreso de los agentes al presidio en un primer momento. «Hay que pedirle una explicación al ministerio y al gobierno, porque los presos están bajo su responsabilidad», expresó el activista.
De acuerdo con Varela, desde julio de 2011 han sido incorporadas al programa gubernamental 96 penitenciarías, de las cuales seis han sido clausuradas.
Según Una Ventana a la Libertad, en Venezuela existían el año pasado unos 88.000 presos, de los cuales 33.000 están en calabozos policiales.
Las ONG denuncian que, pese al plan del gobierno, las cárceles venezolanas son escuelas del crimen donde incluso los reos tienen piscina, pizzerías y discotecas.
