La Justicia Federal instruyó este martes a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que impida el aterrizaje y descenso de pasajeros en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes de la capital salteña.
La orden, emanada del fiscal federal Eduardo Villalba, se emitió como resultado de la resolución 38 del COE, la cual estipula “limitar el ingreso de personas a todo el territorio de la provincia, a excepción del transporte de carga, actividades y servicios esenciales como salud y seguridad”.
En este marco anoche la PSA impidió que 28 pasajeros que llegaron en un vuelo privado de American Jet, proveniente de Santa Cruz, desembarquen en el aeropuerto salteño y ya había hecho lo propio con otro vuelo privado el lunes por la noche.
Anoche, autoridades de la empresa Minera Santa Cruz que envió a sus empleados en el vuelo privado, gestionaban en el aeropuerto los permisos necesarios para que se autorice el ingreso de las personas que llegaron en la aeronave.
No obstante, el secretario general de la Gobernación, Matías Posadas, confirmó a El Tribuno que la posición de la Provincia era impedir el desembarco y exigir que el avión regrese a Neuquén con todos los pasajeros, ya que dicho ingreso no estaba autorizado por el COE y la empresa tomó la decisión de realizar el viaje sin el permiso correspondiente.
Finalmente, la Fiscalía Federal dispuso enviar el vuelo de regreso con todos sus ocupantes, el cual partió cerca de la medianoche.
“Fue un gran trabajo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria”, destacó Posadas.
El fiscal federal Eduardo Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, dispuso el lunes las diligencias para que se cumpla con la resolución provincial anunciada por el gobernador, Gustavo Sáenz, en su mensaje del sábado.
Como consecuencia, la Fiscalía Federal ordenó a las autoridades de la Policía Aeroportuaria y al aeropuerto provincial Martín Miguel de Güemes que los vuelos con destino a Salta queden suspendidos.
En el caso de la actividad minera, en la que se usa frecuentemente la vía aérea para el traslado y movimiento de personal, explicaron que se encuentran exceptuados del aislamiento social los empleados que estaban dentro del territorio provincial antes de la disposición por la que se cerró el ingreso. De esta manera, el arribo posterior de trabajadores no está autorizado y, por ende, no podrán ingresar a la provincia.
Ante las nuevas medidas preventivas del Gobierno, la Fiscalía dispuso estrictas medidas que debe aplicar la PSA. Entre ellas, la disposición de impedir que pasajeros desciendan de cualquier aeronave que aterrice en el aeropuerto local.
“La decisión de suspensión de los vuelos no es de competencia de la Fiscalía, la cual solo dispuso el no arribo de personas al territorio provincial según lo dispuesto por el Gobierno provincial en el marco de las medidas por la pandemia COVID-19”, aclararon desde la Fiscalía.
El Tribuno Salta
