La fiscal federal Paloma Ochoa imputó este viernes al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y al subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini, quienes habían sido denunciados por conflicto de intereses en torno al estudio de impacto ambiental de la represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, de Santa Cruz.
La denuncia fue impulsada por el senador Fernando «Pino» Solanas y el abogado Enrique Viale el 11 de julio. De acuerdo al escrito que presentaron y al que Infobae tuvo acceso, Marcolini fue el encargado en el Ministerio de Energía y Minería de recibir y aprobar el estudio de impacto ambiental de las represas de Santa Cruz que realizó EBISA, la empresa de capital estatal de la que es director. Además, de acuerdo a su declaración jurada, el funcionario tiene $657.017,53 en acciones de IATASA, la consultora que realizó la primera evaluación ambiental, que luego fue dejada de lado.
«Resulta objeto de esta investigación la ‘incompatibilidad’ en la que habría incurrido Marcolini al intervenir en función de su cargo en la ejecución del proyecto ‘Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz'», indicó la fiscal en un escrito presentado ante el juez federal Sebastián Ramos.
En concreto, Ochoa pidió que se investiguen los delitos de abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y violación de los deberes de funcionario público.
«Este caso es un ejemplo de la famosa puerta giratoria que no resiste el más mínimo examen legal: la misma persona realizó el informe en forma privada y ahora, como funcionario público, es el encargado de aprobarlo. Con una mano (privada) realiza el informe y con la otra mano (pública) lo aprueba», explicó el abogado Viale a Infobae.
Desde el gobierno, sin embargo, se defendieron en un comunicado presentado tres días después de la denuncia. «No existe transgresión alguna por parte del ingeniero Marcolini de las normas sobre conflictos de intereses establecidas en la ley 25.188», señalaron.
«Nada impide al Estado Nacional desarrollar el estudio ambiental a través de una entidad propia especializada y con la colaboración de expertos en la materia. Eso no significa que el Estado ‘apruebe’ su propio estudio, como erróneamente señala la denuncia, sino que, como en toda actuación estatal, toma en consideración la información y documentación emitida por las áreas técnicas especializadas, creadas para ese fin, para que luego tome la decisión quien tenga la competencia como autoridad en la materia», agregó la cartera que conduce Aranguren.
