El Parlamento de la India aprobó este viernes una enmienda a la Ley Waqf de 1995, legislación que regula la gestión de las propiedades donadas por musulmanes para fines caritativos o religiosos, conocidas como waqf. Según lo informado, la reforma permitirá la participación de hindúes en las juntas que administran estos bienes, además de facultar al Gobierno para intervenir en casos de disputa sobre su calificación.
Se estima que las propiedades waqf en la India están valoradas en más de 14.000 millones de dólares, y comprenden desde mezquitas y cementerios hasta escuelas y hospitales financiados con fondos musulmanes para el beneficio de su comunidad ‘waqf’.
La reforma ha generado un fuerte rechazo por parte de la oposición, que advierte sobre un posible retroceso en los derechos de la minoría musulmana. El líder opositor Rahul Gandhi afirmó a través de la red social X que “el proyecto de ley Waqf es un arma destinada a marginar a los musulmanes y usurpar sus leyes personales y derechos de propiedad. Este ataque a la Constitución (…) está dirigido hoy contra los musulmanes, pero sienta un precedente para atacar a otras comunidades en el futuro”.
Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por supuestas políticas discriminatorias del BJP hacia la comunidad musulmana, que representa aproximadamente el 14 % de la población india, compuesta por unos 1.400 millones de habitantes. En marzo de 2024, el Gobierno implementó la enmienda a la Ley de Ciudadanía (CAA), que otorga la nacionalidad a inmigrantes en situación irregular que no sean musulmanes.
La Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) publicó recientemente un informe en el que alertó sobre un deterioro en las condiciones de las minorías religiosas en la India, incluyendo un aumento de la discriminación y la violencia.
La enmienda a la Ley Waqf refuerza el debate nacional sobre el equilibrio entre gobernabilidad, transparencia y derechos de las minorías en un contexto político crecientemente polarizado. La medida se suma a una serie de reformas impulsadas por el Gobierno que, según organizaciones de la sociedad civil, están redefiniendo el papel del Estado frente a las libertades religiosas y la gestión autónoma de las comunidades.
(Con información de EFE)
Fuente Infobae
