El juez federal Sebastián Ramos ordenó la inhibición general de bienes del ex ministro de Planificación Julio De Vido y de la actriz Andrea del Boca, ambos procesados por «defraudación al Estado» por la novela «Mamá Corazón», que se hizo con fondos oficiales y que nunca salió al aire. Pero además el juez ordenó saber si la actriz sobrefacturó los precios para la filmación de su obra.
Por eso, ordenó la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT) informe «si aquellos bienes, servicios, locaciones de servicio y/o locaciones de obra que fueron efectivamente contratados por la firma ‘a+A Group SRL’ para la producción de la telenovela ‘Mamá corazón’ guardan correlato con los costos de mercado a la fecha de su adquisición». Si no fueran los valores de mercado, el juez pidió saber cuál debería ser el precio adecuado, para estimar la eventual sobrevaloración de lo que se le pagó a Andrea del Boca, indicaron hoy a Infobaefuentes judiciales.
Las medidas dispuestas por Ramos son consecuencia del fallo firmado hace dos semanas por la Cámara Federal, cuando confirmaron los procesamientos de De Vido, Del Boca, de Carlos Ruta -ex rector de la UNSAM, otro de los embargados en $60 millones-, la ex directora del INCAA Liliana Mazure y el ex director general de Administración de Planificación, Luis Vitullo, entre otros. El fallo también dejó firme los embargos de $50 millones a Andrea del Boca; y de $ 60 millones al ex funcionario.
En ese marco, el juez Ramos ordenó ahora la inhibición general de bienes. Libró así oficios «al Banco Central de la República Argentina, al Registro de la Propiedad Inmueble de la CABA y de la Provincia de Buenos Aires, al Registro de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, a la Comisión Nacional de Registro Nacional de Buques de la Prefectura Naval Argentina, al Registro Nacional de Aeronaves de la Administración Nacional de Aviación Civil de Argentina, a la Bolsa de Comercio, a la Inspección General de Justicia y al Registro de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires».
Según se estableció en la causa, como gerente de la productora «A+A Group SRL»-, Del Boca recibió en una contratación directa por 36.582.468, que contemplaba la alícuota del IVA, incluido ingresos brutos y el 10% en concepto de ganancia de la producción realizada.
Los convenios con las universidades fueron una constante en la era kirchnerista para desviar fondos de los controles. De hecho De Vido está preso por una maniobra similar en la causa de Río Turbio.
«Hay razones fuertes para presumir que Julio Miguel De Vido, en abuso de sus funciones, comprometió los intereses confiados al firmar los Convenios con la UNSAM y delegando atribuciones en personas encargadas de su desarrollo y que actuaban dentro de la órbita de su dependencia, a partir de los cuales se canalizó la entrega de los fondos», había dicho el fallo de la Cámara.
