El líder camionero Hugo Moyano sumó un nuevo frente judicial debido a una investigación que lleva adelante el Juzgado Federal N° 3 de Morón, a cargo del juez Néstor Barral, por presunto lavado de dinero en la compra de propiedades.
Se trata de un magistrado que tuvo varias causas destacadas en su haber, como la investigación por administración fraudulenta en el Hospital Posadas o el caso del poderoso narco colombiano que estaba detrás del Café de los Angelitos, allanado en septiembre pasado.
El expediente judicial contra Moyano se abrió debido a una denuncia vinculada a la adquisición irregular de dos viviendas en la exclusiva zona de Parque Leloir, que se habría hecho a través de empresas pertenecientes al presidente de Independiente. Barral busca determinar si el dinero utilizado para la compra provino de la sobrefacturación al sindicato de Camioneros mediante esas empresas.
Las compañías en cuestión están a nombre de los hijastros de Moyano, Juan Manuel Zulet y Valeria Salerno, y tienen como principales clientes tanto al Sindicato de Camioneros como a entidades afines, tales como la obra social del gremio.
Se trata de Aconra Construcciones SA, Iarai SA, que brinda servicios relacionados con la salud y gerencia la Obra Social de Camioneros (OSCHOCA) y Dixey SA, compañía dedicada a confeccionar ropa de trabajo y a brindar servicios de consultoría informática. Las tres firmas desempeñan actividades que permiten ser facturadas a Camioneros.
Además, Iarai SA, Dixey y Aconra Construcciones contratan la misma compañía de seguros, Caminos Protegidos Aseguradora de Riesgos de Trabajo, administrada por Pablo Moyano, hijo de Hugo y vicepresidente de Independiente.
Otro dato que surge de la investigación es que Aconra Construcciones fue la encargada de llevar a cabo la construcción de la ex clínica Antártida, donde Camioneros inauguró hace unos días su sanatorio médico, evento en el que Moyano mantuvo un cruce con varios funcionarios. El complejo hotelero que el gremio de los Moyano posee en Mar del Plata también fue levantado por Aconra Construcciones.
En cuanto a las viviendas investigadas por Barral, una de ellas es la mansión que el ex secretario general de la CGT posee en la avenida De los Baqueanos al 800, en Parque Leloir. Se trata de una residencia con un valor de mercado superior al millón de dólares. Dixey SA, una de las tres empresas del holding familiar, tiene ese domicilio y un número de teléfono asociados en sus registros.
Con estos datos, el juez investiga si la propiedad fue puesta a nombre de Dixey SA para esconder a su verdadero dueño, Hugo Moyano. A estos datos, debe sumarse que en el sitio de internet de ARBA, el terreno está registrado como baldío, con una valuación fiscal muy inferior al valor real que tiene la mansión del dirigente sindical.
La otra propiedad en la mira de la Justicia también está en Parque Leloir y es en la que registró su domicilio particular Liliana Zulet, la esposa de Moyano. Zulet es miembro del directorio de Dixey SA. En este caso se da una maniobra similar, ya que Aconra Construcciones tiene un número telefónico vinculado a la dirección de esa vivienda, por lo que el juez intenta determinar si la intención del gremialista es esconder su participación en la transacción.
En los últimos días, Moyano sumó más de un dolor de cabeza. Su gremio, junto a los que conducen Luis Barrionuevo y Carlos Acuña, quedaron complicados por una denuncia de AFIP. Pero no es todo. Hace dos semanas, Infobae dio cuenta de la megadenuncia contra el presidente de Independiente y OCA, a quienes acusan de evasión y lavado por cuatro mil millones de dólares.
Infobae
