Del galope al trote, y del trote al paso. Acosado por la Justicia, Omar Suárez, alias el «Caballo», empieza a perder potencia y a engrosar aún más su legajo judicial. Procesado por la «obstrucción de vías navegables» y por extorsión, e investigado por el supuesto desvío de fondos y diversas irregularidades al frente del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que ayer negó a través de un escrito frente al juez Rodolfo Canicoba Corral, el sindicalista acumula malas noticias.
Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales y del gremio, la intervención del SOMU trabaja en la presentación en los próximos días de una denuncia con la que intentará dilucidar si el gremialista lavó activos mediante varias empresas vinculadas a él y a su entorno. La interventora Gladys González y sus asesores están abocados por estas horas a la recopilación de documentación y a la redacción del texto, que podría presentarse ante la Unidad de Información Financiera (UIF) para que investigue el posible delito. Luego podría pasar a la Justicia federal.
La maniobra, según las fuentes, habría sido canalizada a través de al menos tres empresas: Patagonia Rural SRL, Elite Viajes y Mercantes SA. La hipótesis de la intervención es que el sindicalista habría blanqueado activos a través de dichas firmas. La primera, dedicada a la explotación de campos en el sur del país y vinculados al SOMU, fue gerenciada por un contador que fue empleado por San Jorge Marítima, empresa que encabezó Juan Manuel Medina, ex tesorero del gremio, y de la que el «Caballo» fue vicepresidente. En el caso de Elite Viajes, dedicada al turismo, Suárez todavía figura como director suplente. Mercantes, por su parte, propiedad del sindicato, se quedó en el 2010 con el 30% de marítima Maruba, única naviera argentina con presencia en los tráficos marítimos internacionales.
«Invertimos casi 40 millones de dólares todos los sindicatos, y necesitamos más plata para invertir en cuatro o cinco barcos, creemos que la va a poner el Banco Nación», aseguró Suárez hace justo seis años al diario La Nación, cuando el gremio que manejó hasta la intervención, en febrero, adquirió la mayoría accionaria de la compañía. Maruba también está mencionada en otro expediente: el juez Ariel Lijo la investiga entre otras firmas vinculadas al gremialista por eventual entorpecimiento judicial, tras una presentación de la interventora que además relacionó a la firma con el supuesto tráfico de drogas en Europa. La causa de Lijo ya tiene requerimiento del fiscal Guillermo Marijuán.
González, designada por el Poder Ejecutivo, también posó la lupa en los últimos días en la ruta del dinero entre el sindicato y el holding de empresas vinculadas al ex titular del gremio. Se centró en los movimientos bancarios, en especial en el Banco Nación. Quiere saber, según confiaron desde el gremio, si el banco estatal ayudó por ejemplo a Maruba a sortear la quiebra en la que estaba inmersa.
Luego de dos postergaciones, Suárez se defendió ayer por escrito ante Canicoba Corral, que ahora deberá definir su situación procesal, y apuntó contra el Estado. Negó haber formado una asociación ilícita al frente del sindicato y haber administrado el gremio y la obra social de forma fraudulenta. Adujo, por ejemplo, normalidad en los pagos por servicios de limpieza y maestranza a Malonot SA, firma en cuyo directorio aparece la hija del ex tesorero del SOMU y que facturó con sobreprecios, según la auditoría encargada por la intervención y revelada por La Nación.
En los últimos meses, Suárez se convirtió en una obsesión para Mauricio Macri, que fatiga con insistencia el teléfono de González para saber sobre los avances de la intervención. En privado, el Presidente puso énfasis en la necesidad de avanzar sobre el sindicalista, uno de los predilectos de la ex presidente Cristina Kirchner, que acumuló poder y negocios en el gremio portuario en la última década gracias a su llegada a la Casa Rosada. El rumor en los tribunales de Comodoro Py es que el gremialista además habría avanzado sobre los intereses de un empresario estrechamente vinculado con el jefe de Estado.
El avance judicial del juzgado sobre Suárez también es visto con lupa por el Gobierno. Canicoba Corral, al mando de la causa principal, es uno de los jueces indeseados por la Casa Rosada. En los últimos días circularon rumores acerca de un supuesto pedido de detención por parte del juzgado. Según fuentes cercanas al expediente, el magistrado avanza al galope y retrocede al trote. Intenta negociar su permanencia con el Ejecutivo
Fuente: Infoba
