Jorge Chueco, el abogado de Lázaro Báez detenido esta tarde en Encarnación, Paraguay, ya fue trasladado a la Argentina. Si bien las autoridades paraguayas nunca recibieron el pedido de captura internacional que había emitido el juez Sebastián Casanello, decidieron expulsarlo por violar las leyes migratorias y lo dejaron bajo custodia de la Gendarmería argentina.
Efectivos de esta fuerza habían cruzado la frontera apenas se conoció la noticia del apresamiento de Chueco. Esta noche, los gendarmes, junto a personal de la Policía Federal, trasladaron al hombre de confianza de Báez desde Encarnación a Posadas, a un escuadrón de Gendarmería. Pasará la noche allí y mañana será llevado a Buenos Aires.
Los últimos movimientos conocidos de Chueco habían sido en Puerto Iguazú, Misiones. Cámaras de seguridad de la hostería Los Helechos habían registrado su ingreso al lugar el pasado 12 de abril. Luego, durante un allanamiento en otro hotel en el que se alojó fueron encontrados más de 40 mil dólares y una carta suicida. Más tarde fue hallado su auto.
De alguna manera el abogado de Báez logró cruzar la frontera con Paraguay sin dejar rastros y se refugió en el hotel Le Club Resort de Encarnación. Allí se produjo esta tarde una confusa situación, ya que Chueco habría intentado suicidarse y eso derivó en su detención. Personal del hotel que intentó asistirlo llamó a la policía y cuando quisieron verificar su identidad, Chueco dijo llamarse «Rodríguez». Al no tener documentación que lo acredite, llamo la atención de los efectivos de la comisaría 3°.
Liliana Galeano, la fiscal paraguaya que intervino en la detención de Chueco, dijo que «no opuso resistencia» a la policía. El primero en afirmar que se trataba del abogado prófugo fue el comisario paraguayo Juan Barúa. Luego hizo lo propio el ministro del Interior «guaraní», Francisco de Vargas.
Chueco, como apoderado de la firma Helvetic y socio del contador Daniel Pérez Gadin, fue identificado en la causa como una pieza clave en las maniobras de lavado de dinero que habría encabezado Báez a través de la financiera SGI, conocida como «La Rosadita».
Por ese motivo, Chueco debe testimoniar junto a cerca de una decena de personas involucradas, «en virtud de haberse recolectado elementos probatorios que permiten sospechar fundadamente que nos encontramos ante un supuesto de lavado de activos».
