José López, mano derecha de Julio De Vido y el funcionario que tenía la billetera de la obra pública en las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, involucró a intendentes en las coimas. Lo hizo este jueves al ampliar su declaración indagatoria. El ex secretario de Obras Públicas espera que el juez Claudio Bonadio homologue su acuerdo como arrepentido. Por eso está dispuesto a dar más datos del entramado que arrancó con los cuadernos de las coimas que registró meticulosamente Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, el otro hombre de confianza de De Vido. A esta altura, la investigación es una bola de nieve después de que algunos funcionarios y varios empresarios declararan como «arrepentidos» y aportaran información valiosa.
López dio más detalles sobre el sistema de recaudación ilegal que escondía la obra pública: aseguró que las órdenes de pedir sobornos a los empresarios las daban Néstor y Cristina. En ese esquema mencionó a varios intendentes, que ya están preocupados por la causa. También aseguró que el incidente con los bolsos con 9 millones de dólares que revoleó en un convento de General Rodríguez y que lo tiene preso desde 2016 fue orquestado para «mantenerlo de rehén». Pidió seguir en el programa de protección de testigos e imputados colaboradores.
Al ampliar su declaración, insistió en que teme por su seguridad y la de su familia y reiteró su interés en ser arrepentido. El exsecretario de Obras Públicas llegó a hacer referencia a la muerte del fiscal Alberto Nisman, que fue encontrado sin vida en su departamento de Puerto Madero en diciembre de 2015; informó la agencia Noticias Argentinas.
José López fue detenido in fraganti el 14 de junio de 2016 mientras trataba de esconder 9 millones de dólares en el monasterio de General Rodríguez. En la causa también son juzgados su esposa, María Amalia Díaz; la religiosa Celia Inés Aparicio y los empresarios Andrés Galera, Carlos Hugo Gianni y Marcos Marconi (estos dos últimos señalados como sus presuntos testaferros).
Por esa causa, López declaró por primera vez la semana pasasa en una audiencia oral y pública y dio a entender que él era un eslabón de la recaudación ilegal de la obra pública y que los 9 millones de dólares no eran suyos. «Son de varias personas de las políticas», aseguró. Pero entonces, no quiso dar nombre. «Yo no sé quién, ni quiero saber», dijo.
