Otra vez la misma rutina y el mismo manual. José López declaró hoy ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi e intentó desligar a los funcionarios del Ministerio de Planificación del escándalo desatado con los fondos destinados al plan Sueños Compartidos, que significó una inversión de más de 1200 millones de pesos (se transfirieron 750 millones). Dijo que los funcionarios locales (intendentes y gobernadores) decidieron la metodología y el control de las obras. Y pidió su sobreseimiento.
La estrategia de López no es una novedad. Con matices, todos los funcionarios de Planificación que declararon en esta causa buscaron culpar a los funcionarios locales, aunque los fondos siempre provenían del gobierno nacional. «El pago de los certificados (de obra) fue abonado a la jurisdicción local, siendo esta última la que abonó en su totalidad los mismos a la Fundación Madres de Plaza de Mayo», dijo hoy el ex secretario de Obras Públicas en una ampliación de su indagatoria, según revelaron a Infobae fuentes judiciales.
En esa línea, aseguró que «la metodología para la construcción de las viviendas estaba a cargo de las provincias y los municipios» y que «los valores de las obras son inferiores a los valores de mercado».
Para López, no hubo delito en la causa, aunque hay decenas de pruebas sobre el desvío de fondos a las cuentas de los hermanos Schoklender y sus empresas. De hecho, la Justicia ya determinó que faltan más de200 millones de pesos. Pero no es la única irregularidad. También constató que no se realizaron licitaciones para adjudicar las obras y que se saltearon los controles estatales.
La investigación judicial ya lleva casi seis años. El año pasado, el juez Martinez de Giorgi, sucesor de Norberto Oyarbide, reactivó la causa y citó a más de 40 personas. Finalizada esa ronda, ahora ordenó la ampliación del testimonio de López y de Abel Fatala, otra pieza clave del escándalo.
El ex secretario de Obras Públicas hizo un breve descargo y luego contestó una sola pregunta sobre la elección de la Fundación como contratista en todas las jurisdicciones. «No existía inducción alguna a que se contratara a la Fundación», respondió López. No es lo que dicen los gobernadores e intendentes elegidos.
Nicolás Pizzi/Infobae
